Estudio Jurídico solicitó formalmente que se cite a declarar a autoridades y funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la gestión del siniestro del 2 y 3 de febrero de 2024.
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Solicitaron a la Fiscalía que cite a declarar a autoridades como la alcaldesa Macarena Ripamonti, la exalcaldesa Valeria Melipillán, la exministra Carolina Tohá, la exdelegada Sofía González, el exdirector nacional de Senapred, Álvaro Hormazabal, y al propio Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación penal sobre el megaincendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que hoy busca esclarecer posibles responsabilidades de autoridades en el control y gestión de la emergencia que cobró la vida de 137 personas el 2 y 3 de febrero de 2024. Cabe recordar que este proceso surge en paralelo a la investigación por la responsabilidad de los autores materiales del siniestro, que mantiene actualmente a siete imputados en prisión preventiva.
Esta acción, interpuesta por un estudio jurídico, en calidad de querellante, busca que más de 40 autoridades en total, entreguen antecedentes: “Cabe recordar que el año pasado se solicitó en al menos tres oportunidades al Ministerio Público, en el marco de la investigación penal encabezada por el fiscal Osvaldo Osandón, que se citara a declarar a diversas autoridades por su presunta responsabilidad en el manejo de la emergencia. Hoy, con la apertura de una nueva investigación, ahora a cargo del fiscal Rebeco y centrada específicamente en el rol de las autoridades, reiteramos formalmente esta solicitud”, señaló el abogado Felipe Olea.
En esa línea, destacó que "es importante tener presente que, aunque haya pasado el tiempo, la gravedad de los hechos no ha cambiado. Lo único que ha ocurrido es que las autoridades han tenido más tiempo para preparar versiones, modificar antecedentes y eludir su responsabilidad penal. Sabemos que no ha habido autocrítica, sabemos que, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti se presentó a la reelección y que, en reiteradas ocasiones, ha insistido en que la responsabilidad no es suya, sino del Gobierno. Por su parte, la exministra Tohá pese a su cuestionable gestión durante el megaincendio, decidió ser ahora candidata presidencial”.
Particularmente, se solicita citar al Presidente Gabriel Boric para que entregue antecedentes sobre tres aspectos fundamentales: las competencias técnicas que consideró al nombrar al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; las razones técnicas que justificaron la destitución del exdirector nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal; y las posibles instrucciones o comunicaciones emitidas tras el incendio del 2 de febrero de 2024, en particular aquellas relacionadas con la gestión de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y si existieron criterios políticos o comunicacionales orientados a minimizar su responsabilidad o la de otras autoridades municipales en la emergencia.
“Creemos que es necesario que el Presidente declare y que se haga cargo de sus decisiones, poner a personas incapaces en cargos de Gobierno también es constitutivo de negligencia. No hay duda que Conaf falló desde su ex director nacional, Cristian Little; recuerden que fue el mismo que le dijo al director nacional de Senapred, que todo está en calma y bajo control el día de la tragedia. ¿Y quien puso a Little en ese cargo? El actual ministro de Agricultura, que lo mantuvo hasta mediados del año pasado y luego se le llevó a trabajar a otra área del Ministerio”, dijo el jurista.
En esa línea, añadió que “nos parece que el Presidente de la República nos debe explicar porque parece razonable que un profesional de un área tan distinta al Ministerio que dirige sea un buen Ministro de Agricultura, porque Valenzuela es periodista y a nuestro juicio, es responsable en gran parte de la negligencias que sucedieron en Conaf, sin perjuicio que debamos esclarecer si su responsabilidad se debe a desconocimiento o a hechos de corrupción”.
En tanto, la declaración de la alcaldesa Macarena Ripamonti fue solicitada con el objetivo de esclarecer su rol en la gestión del incendio y determinar si incurrió en omisiones o acciones negligentes. Se busca, en particular, que la jefa comunal explique las decisiones adoptadas antes, durante y después de la emergencia. Además, se espera que rinda cuenta sobre la ejecución de medidas preventivas y la coordinación con organismos como Senapred, así como por la ausencia de información oportuna a la ciudadanía en momentos críticos.
En el caso de la exministra del Interior, Carolina Tohá, la solicitud de citación apunta a esclarecer las decisiones adoptadas a nivel central durante la emergencia, especialmente en su rol como máxima autoridad política del sistema de gestión del riesgo de desastres. Con ello, se busca conocer qué información recibió en tiempo real, qué instrucciones entregó a los organismos técnicos y por qué no se adoptaron medidas más contundentes ante los primeros indicios de descontrol.
También se pidió que se entreguen documentos clave, como las actas del Cogrid nacional y regional, los registros y comunicaciones oficiales del 2 y 3 de febrero, y las bitácoras de las instituciones que participaron en la emergencia. Además, se solicitaron los planes de prevención de incendios, los contratos de las concesionarias viales en las zonas afectadas y un informe de la Contraloría sobre si los municipios cumplieron con los protocolos de prevención establecidos.
Estas solicitudes apuntan a esclarecer posibles omisiones y negligencias en la preparación, respuesta y comunicación durante la catástrofe; como posibles fallas en los planes de emergencia, falta de coordinación y respuesta oportuna de las instituciones, y eventuales omisiones en la prevención frente a siniestros.
PURANOTICIA
