Camiones y maquinarias eran trasladados hasta las parcelas de los mismos miembros de la agrupación, donde les borraban los números de chasis y motor.
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Un masivo operativo tanto en la región de Valparaíso como en otras seis, realizó la Fiscalía Occidente con un equipo conformado por 400 funcionarios de varias brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esto, en el marco de una investigación respecto de una organización criminal, con operaciones en distintos puntos de Chile, que se dedicaba al robo de camiones y maquinarias, los cuales eran trasladados hasta las parcelas de los mismos miembros de la agrupación, donde les borraban los números de chasis y motor.
Para lograr su cometido, les estampaban una nueva identidad legal (clonación o “gemeleo”) para luego arrendarlos o venderlos. Junto a ello, creaban sociedades de papel para ocultar los recursos obtenidos, utilizando como testaferros a sus familiares.
El procedimiento involucró entradas y registros en 40 domicilios, la mayor parte de ellos ubicados en la región Metropolitana (principalmente en San Bernardo), pero también en la comuna de Villa Alemana y en domicilios de las regiones de Arica, Tarapacá, Biobío, Los Lagos y la Araucanía.
Junto con ello, se diligenciaron 29 órdenes de detención, incluyendo a los cabecillas de la organización, y a sus núcleos familiares, quienes operaban como testaferros o se encargan de conformar empresas fantasmas para lavar el dinero obtenido de los ilícitos.
El operativo concluyó con la detención de 28 personas y la incautación de 98 vehículos, incluyendo camiones, maquinaría, grúas y automóviles adquiridos por la organización para ocultar los recursos provenientes de los ilícitos. Junto con ello, se incautaron nueve armas de fuego (una de ellas inscrita).
Los detenidos, correspondientes a 24 hombres y cuatro mujeres, serán formalizados el jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Asimismo, se solicitará el “congelamiento” (alzamiento) de 140 productos bancarios, incluyendo más de 50 cuentas corrientes.
La investigación, encabezada por el fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, logró acreditar que la organización criminal se dedicaba al menos desde 2020 a este tipo de ilícitos, utilizando el conocimiento que tenían en el negocio de transporte y en el uso de maquinarias para “encargar” y “ofrecer” ciertos modelos y tipos de camiones, donde tras ser sustraídos se llevaban a lugares de acopio, para desmantelarlos, modificarlos y adulterarlos. Luego de ello, establecían contacto con distintos compradores quienes adquirían estos bienes y los reinsertaban en el mercado formal.
Se logró comprobar que la agrupación está compuesta por tres clanes familiares, cuyos integrantes adquirían, a través del encargo o de ofrecimiento de terceros, vehículos, maquinarias y camiones de origen ilícito a un valor menor al comercial, manteniéndolos en su poder y custodia (“descansándolos”), para luego desmantelarlos o realizarles modificaciones y adulteraciones, dándoles la apariencia de legalidad, por medio de la creación de documentación, logrando de esta forma clonarlos o “gemelearlos”. Tras crearles la nueva identidad, los vendían o arrendaban.
La agrupación se “especializaba” en el robo de camiones con grúas hidráulicas y retroexcavadoras y se estima que el patrimonio total que logró alcanzar bordea los $10.000 millones.
Luego de “encargar” los vehículos, y tras concretarse los robos, adquirían en remates vehículos totalmente siniestrados, utilizando luego esa documentación y patentes para otorgar una nueva identidad a las máquinas sustraídas.
Según logró acreditar la indagación, la banda contaba con receptadores habituales, quienes acopiaban las especies sustraídas, para luego comercializarlas de manera personal o a través de sus propias empresas. Junto con ello, se logró establecer la realización de diversas operaciones (materiales, financieras y jurídicas), que tenían por objetivo disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos.
Entre los delitos investigados se encuentran los de asociación criminal; robo con intimidación; robo en lugar no habitado; robo en bienes nacionales de uso público; receptación de vehículo motorizado y de especies; falsificación de documentos públicos; uso malicioso de factura u otros documentos falsos; extorsión; evasión de impuestos; y lavado de activos.
Para acreditar los ilícitos, se utilizaron diferentes diversas técnicas investigativas, incluyendo interceptaciones telefónicas autorizadas por los tribunales; posicionamientos georreferenciados; seguimientos; vigilancias; captura de filmaciones e imágenes de los imputados; utilización de dispositivos GPS; y utilización de vehículos aéreos no tripulados (drones), entre otras diligencias.
La investigación fue realizada con el apoyo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI. Asimismo, fue clave en la indagación la labor del Servicio de Impuestos internos (SII), especialmente para acreditar la creación y movimientos de las empresas de fachada.
Como parte de la investigación, se pudo establecer que esta asociación criminal logró permear distintas instituciones públicas, manteniendo contacto con funcionarios públicos en distintas comunas, fundamentalmente en los departamentos de tránsito de diversas municipalidades del país, desde donde conseguían permisos de circulación para los vehículos sustraídos, a cambio del pago de $100.000 o $200.000 mil pesos por vehículo.
PURANOTICIA
