La Municipalidad informó que a través de su Unidad de Gestión Habitacional, deberá coordinar acciones con los ministerios del Interior, Vivienda y Desarrollo Social para la gestión de eventuales albergues.
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Luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso activara el fallo de junio de 2023 y diera curso a la orden de desalojo para las 4.100 familias que habitan la megatoma de San Antonio, la Municipalidad informó que a través de su Unidad de Gestión Habitacional, deberá coordinar acciones con los ministerios del Interior, Vivienda y Desarrollo Social para la gestión de eventuales albergues.
El municipio fue citado a una reunión este miércoles 8 con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a fin de definir condiciones y responsabilidades del proceso.
A través de un comunicado, la casa edilicia reiteró que "no cuenta con los recursos físicos ni financieros para albergar a la totalidad de las familias".
Finalmente, reiteró el compromiso con "una respuesta humanitaria y coordinada, que resguarde los derechos de todas las personas afectadas".
Cabe recordar que la Subsecretaría del Interior, entidad dependiente del Ministerio del Interior, recalcó que, según lo establece la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el desalojo sólo puede darse si se implementa un recinto transitorio para albergar a estas personas.
"Estas condiciones fueron reiteradas en la reciente resolución de la Corte de Valparaíso, del 1 de octubre de 2025, que reiteró que el desalojo sólo puede darse siempre que, previamente, 'el Municipio respectivo, en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, implementen de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento'", remarcó.
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