Desalojo de la megatoma de San Antonio entra en su etapa final: quedan 87 viviendas y Gobierno fija cierre para este miércoles

En su etapa final se encuentra el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, emplazada en el cerro Centinela, donde el Gobierno busca completar durante este miércoles 12 de agosto la restitución de las 40 hectáreas que permanecían ocupadas, en cumplimiento de un fallo judicial que ordenó devolver los terrenos a su propietario.

El procedimiento corresponde a la última parte de un proceso que involucra un terreno de aproximadamente 90 hectáreas y que se inició tras la ocupación registrada a fines de 2019. De acuerdo con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, actualmente permanecen 87 viviendas pendientes de desalojo, mientras distintos equipos públicos continúan desplegados para facilitar el término del operativo.

Durante los últimos días se ha mantenido una coordinación permanente con las autoridades provinciales, policiales y municipales, además de los equipos encargados de apoyar a las familias en el retiro de sus pertenencias. “Hemos conversado con la delegada provincial y también con el coronel y el prefecto de San Antonio, y nos quedan 87 viviendas a desalojar. Están los equipos de nuestro Departamento Social, de la Municipalidad de San Antonio, del Ministerio de Desarrollo Social y también Carabineros. El plazo que nos hemos dado es concluir el día miércoles”, señaló Millones.

El delegado indicó que, pese al plazo establecido para finalizar el proceso, se han considerado situaciones particulares de algunas familias que solicitaron tiempo adicional para abandonar sus viviendas. En esos casos, se dispuso apoyo para facilitar el traslado de sus pertenencias y materiales, precisando que el objetivo del Gobierno es completar igualmente el desalojo dentro del plazo definido.

MEDIDAS SANITARIAS

Paralelamente al retiro de las familias, existen una serie de labores que deberán ser ejecutadas por el propietario del terreno como parte de las condiciones asociadas a la recuperación del lugar. Entre ellas se encuentran obras destinadas a cerrar físicamente el área y medidas sanitarias debido a las condiciones que presenta el terreno.

Cabe hacer presente que, además, se debe completar la construcción de una zanja y el cierre perimetral, además de ejecutar labores de desratización, fumigación y retiro de residuos. Estas acciones ya fueron abordadas durante una coordinación realizada durante los últimos días con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso.

El delegado presidencial regional también puso especial énfasis en las condiciones sanitarias existentes en el terreno, señalando que "esas 90 hectáreas completas, de las cuales 40 nos corresponde a nosotros desalojar, están llenas de pozos negros, o sea es un foco de insalubridad. Ahí estamos colocando el acento, pero eso es una responsabilidad del propietario y a nosotros solamente nos corresponde fiscalizar”.

ACTA DE ENTREGA

Una vez completado el retiro de las familias, uno de los pasos administrativos será formalizar la entrega del terreno al propietario, proceso que deberá quedar respaldado mediante un acta elaborada por los equipos jurídicos del Gobierno.

Millones recalcó que "hemos dado cumplimiento a un mandato judicial. Nuestro equipo jurídico también se encuentra en el lugar porque tenemos que hacer un acta de entrega, porque es una instrucción que tenemos del tribunal, para así nosotros liberarnos de ese compromiso y exigencia que nos dio la Corte”.

En ese contexto, el delegado vinculó el término del desalojo con la necesidad de abordar el déficit habitacional mediante los mecanismos establecidos por el Estado, descartando la ocupación de terrenos como vía para acceder a una solución.

La evaluación de la autoridad regional también estuvo marcada por la ausencia de nuevos episodios de violencia durante esta etapa del operativo, especialmente considerando los incidentes registrados durante el inicio del proceso, ocurrido bajo la administración anterior.

Millones atribuyó este escenario a la coordinación entre las autoridades y los dirigentes de las organizaciones que representan a las familias que permanecían en la megatoma de San Antonio, destacando que se mantuvo un diálogo permanente durante el desarrollo del procedimiento iniciado en enero de este 2026.

“Yo me caracterizo por ser una persona de diálogo, por lo tanto hemos tenido una conversación permanente con los dirigentes de la megatoma, tanto los de la cooperativa como los distintos comités, y quiero reconocer que ellos, a pesar de la dificultad y la complejidad de hacer abandono de un lugar donde muchos le vendieron ese terreno, ellos han comprendido que hay un fallo de un tribunal y que, por tanto, hemos tenido la disposición y la colaboración, y se ha tenido una reunión permanente, y eso nos ha facilitado”, señaló la máxima autoridad de Gobierno en la región.

Respecto de los sectores que anteriormente habían sido identificados como más conflictivos, el delegado destacó "no hemos tenido ningún conflicto. Había un sector más duro, que era Fuerza Guerrera, donde había una estigmatización de una parte del sector por el tema del narcotráfico, pero gracias a Dios y al trabajo coordinado con los dirigentes, con la Municipalidad de San Antonio y con Carabineros de Chile, no hemos tenido ningún tipo de enfrentamiento ni conflicto”.

DÉFICIT HABITACIONAL

Millones planteó que el término del desalojo abre ahora una segunda tarea para el Estado: abordar el déficit habitacional de la provincia de San Antonio, que cifró en alrededor de 12 mil viviendas, mediante la búsqueda de terrenos y la postulación a los programas habitacionales existentes, proceso que le corresponde al Minvu.

El delegado concluyó que el desafío ahora será canalizar aquella demanda habitacional a través de las vías institucionales disponibles, reiterando que el Gobierno apunta a que las familias puedan acceder a soluciones mediante organizaciones formalmente constituidas y los programas del Ministerio de Vivienda.

PURANOTICIA