Equipos municipales, Carabineros y la Delegación Presidencial Provincial, recuperaron este bien nacional de uso público que era utilizado para el procesamiento de material pétreo.
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Equipos municipales de San Felipe, en coordinación con Carabineros de la 2ª Comisaría y la Delegación Presidencial Provincial, concretaron el desalojo de cerca de siete hectáreas de un bien nacional de uso público que fueron ocupadas ilegalmente por la empresa Áridos Córdova en la caja del Río Aconcagua.
La acción se desarrolló tras un proceso sostenido de fiscalizaciones, informes técnicos y medidas administrativas impulsadas por la casa edilicia, frente a la ocupación irregular del terreno y el funcionamiento sin permisos ni patentes comerciales.
Este procedimiento responde, además, a requerimientos de distintos servicios públicos, entre ellos la Dirección de Obras Hidráulicas y la Contraloría General de la República, que han advertido un evidente estrangulamiento del cauce, generando riesgos para la infraestructura pública, el medio ambiente y la seguridad de la comunidad.
En ese contexto, la alcaldesa Carmen Castillo destacó que "cumplimos con lo que los servicios públicos también nos mandataron para que efectuáramos esta acción. Esto tiene que ver con un tema de que esta empresa estaba utilizando un terreno que era de bien nacional de uso público. Para nosotros es muy importante que nuestra caja del río se cuide y cumpla con todo lo que significa el tema medioambiental. Así que estamos muy satisfechos por esta acción conjunta realizada”.
Tras el término de su concesión en marzo de 2021, la empresa mantuvo la ocupación ilegal de aproximadamente siete hectáreas en la caja del río Aconcagua, operando sin permisos, patentes comerciales ni el pago de tributos correspondientes.
A pesar de múltiples decretos de clausura y notificaciones de desalojo emitidas desde el año 2021, la empresa continuó desarrollando actividades de procesamiento y venta de áridos de manera irregular, lo que derivó en reiteradas fiscalizaciones por parte del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de San Felipe.
Asimismo, la Dirección General de Aguas cursó sanciones por más de $32 millones, debido a la intervención no autorizada del cauce y la reducción de su ancho, además de detectar trabajos fuera del área permitida, incluyendo el estero Pocuro.
Frente a este escenario, el Municipio de San Felipe decidió no otorgar nuevas concesiones, respaldado por informes de la Dirección de Obras Hidráulicas y antecedentes en análisis por parte de la Contraloría General de la República.
Paralelamente, se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucional lideradas junto a la Delegación Presidencial Regional, con la participación de organismos como la Bidema de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Medio Ambiente, para fortalecer las herramientas de fiscalización.
Finalmente, la casa edilicia dictó los decretos alcaldicios N° 705 y N° 1063 de 2026, solicitando el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo, lo que fue autorizado vía Resolución Exenta N° 28, de fecha 4 de marzo de 2026, por la Delegación Presidencial Provincial, culminando en el procedimiento en dicho terreno.
PURANOTICIA
