Diputada Barchiesi y el abogado Palamara, indicaron que cerca de $1.000 millones debía la Fundación Salvador Allende al Fisco tras comprarle un palacio en Santiago. Pagaron la deuda con 93 obras de arte, pero el Estado devolvió las obras a la misma fundación.
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Un palacio en el corazón del barrio universitario de Santiago, tasado en casi 1.000 millones de pesos (27.493 UF) fue vendido por el Estado a la Fundación Salvador Allende en 2004. Sin embargo, el precio nunca se pagó en su totalidad en dinero: el 90% de la deuda fue saldada más de una década después, con 93 obras de arte brasileño, cuyo destino actual sigue en duda.
La operación, autorizada por la Subsecretaría de Vivienda, mediante resolución N°122 del Serviu Metropolitano, permitió la compraventa directa del inmueble fiscal ubicado en calle República 475. La Fundación Salvador Allende sólo pagó 2.749 UF (10%) al contado. El saldo —más de 24.000 UF— fue condonado tácitamente durante años, hasta que en 2016 se aceptó una dación en pago de 93 obras, avaluadas en 806.500 dólares, equivalentes a la deuda.
Las obras fueron tasadas por el Museo Nacional de Bellas Artes, aunque ese proceso ha sido duramente cuestionado por la diputada Chiara Barchiesi, quien advierte conflictos de interés. El directorio de la Fundación Arte y Solidaridad —que recibió posteriormente las obras en depósito— incluye cargos designados por el mismo organismo que avaluó el peritaje artístico. "Es un circuito cerrado de favores y opacidad", señaló la parlamentaria.
El abogado Raimundo Palamara, presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, mediante su trabajo investigativo a propósito de la querella que mantiene por la venta de la casa de Guarda Vieja, levantó el presunto modus operandi de la Familia Allende durante décadas, descubriendo documentos oficiales, resoluciones, oficios y escrituras que dan cuenta de la instrumentalización del Estado por parte de la familia Allende para beneficio propio.
"La Fundación Salvador Allende compró lo que no iba pagar, y luego pagó con obras de arte que no iba a entregar, y el que hasta hoy mantienen. Es un mecanismo impresentable, por lo que la familia debe dar garantía de no repetición y sobre todo devolver al pueblo lo que es del pueblo”, enfatizó. Hoy, estas obras no estarían expuestas ni registradas formalmente en catálogos públicos como Surdoc.
La fórmula utilizada en esta operación es denominada «dación en pago», pero lo que agrava el caso —según los denunciantes— es que el Serviu no conservó los bienes que se le entregaron como pago. Por el contrario, emitió una resolución para que la Fundación Salvador Allende los custodiara. “Ni siquiera se aseguraron de tener el control del supuesto pago recibido. Lo que acredita el perjuicio permanente al Fisco” enfatizó Palamara.
La diputada Barchiesi ofició al Ministerio de Vivienda, al Serviu, al Museo Nacional de Bellas Artes y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En este último caso, pidió expresamente que se anule el contrato de compraventa y que el inmueble vuelva a manos del Estado, porque, además, la operación tiene vicios de forma. También solicitó que las obras sean rematadas y el dinero recuperado.
El episodio revive el fallido intento del Gobierno por adquirir la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, operación que no se concretó pero que causó indignación pública. En ese caso, el Estado desistió de pagar $1.000 millones por una propiedad sin valor patrimonial acreditado, lo que costó el cargo a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la caída política de la ex senadora Isabel Allende. “Esto parece un patrón. Usan el nombre Allende para obtener favores, recursos o bienes fiscales", dijo Barchiesi.
Hoy, mientras el Consejo de Defensa del Estado evalúa los antecedentes, la gran mansión de calle República sigue en manos de la Fundación Salvador Allende. Nadie ha visto las obras con las que se saldó la deuda. Y el Estado de Chile, una vez más, parece haber sido burlado con elegancia, arte y absoluta impunidad.
PURANOTICIA
