La entidad patrocinante Social Arquitectura recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso manifestando su oposición a la prórroga solicitada por el Minvu, argumentando que ya debían contar con los antecedentes técnicos y legales al momento de paralizar las obras.
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Un nuevo y extenso flanco judicial se abrió en el caso de las viviendas del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, luego que la entidad patrocinante Social Arquitectura Ltda. ingresara un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso oponiéndose a la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y su Secretaría Regional Ministerial (Seremi) en Valparaíso.
La presentación –firmada por la abogada Erika Maira Bravo– se enmarca en el recurso de protección interpuesto contra el Ordinario N°245, acto administrativo mediante el cual el Minvu, encabezado por Iván Poduje, dispuso la paralización de obras de viviendas sociales destinadas a damnificados del megaincendio de 2024 que afectó a la zona.
Junto con ello, la acción judicial también impugna el anuncio de demolición de dichas viviendas, el que –según se consigna en el escrito al que accedió Puranoticia.cl– ha sido difundido de manera reiterada por la autoridad como una decisión “irrevocable”.
En la práctica, la Secretaría de Estado deberá explicar ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por qué paralizó las obras, en qué se basó para hacerlo y qué antecedentes técnicos y legales respaldan esa decisión.
En su escrito, la entidad patrocinante cuestiona directamente la solicitud de ampliación de plazo por ocho días hábiles –que en la práctica podría extenderse a más de dos semanas– para que el Ministerio de Vivienda y Urbainsmo informe al tribunal de alzada porteño sobre los fundamentos de sus decisiones.
El argumento central es que el acto impugnado fue dictado el 24 de marzo, es decir, hace más de un mes, por lo que debía contar en ese momento con todos los antecedentes técnicos y jurídicos necesarios.
“Resulta inadmisible que no hayan sido proporcionados a la fecha”, sostiene la presentación, agregando que pedir más tiempo solo permitiría concluir que la decisión “carecía de sustento” al momento de su dictación.
En la misma línea, se pone en duda la coherencia entre la seguridad con que el Ministerio de Vivienda comunicó públicamente la demolición de las viviendas y la necesidad actual de contar con más plazo para fundamentarla ante la Corte.
Uno de los puntos más sensibles del escrito dice relación con los informes técnicos que habrían servido de base para las decisiones de la Secretaría de Estado.
Según se detalla, al momento de dictarse el Ordinario N°245 no existían informes técnicos que justificaran la paralización de las obras. Estos habrían sido elaborados posteriormente, lo que –a juicio de Social Arquitectura– impediría utilizarlos como fundamento válido de una decisión ya adoptada.
El documento también hace referencia a reportes de prensa que dan cuenta de eventuales irregularidades en la elaboración de informes por parte de inspectores técnicos de obra (ITO) del Serviu Valparaíso. De acuerdo a estas versiones, los profesionales habrían sido instruidos a firmar documentos con los que no concordaban, con el objetivo de respaldar las decisiones del Ministerio de Vivienda.
Incluso, se menciona que algunos de estos informes habrían sido considerados en resoluciones administrativas pese a no existir formalmente a la fecha en que dichas resoluciones fueron emitidas.
Pero el escrito va más allá, introduciendo un elemento que podría escalar el conflicto: la denuncia de presuntas presiones a vecinos beneficiarios del proyecto habitacional.
Según la presentación, autoridades del Minvu, del Serviu y la Seremi de Vivienda se habrían reunido con familias del sector en encuentros sin convocatoria formal ni tabla definida, donde –bajo el argumento de entregar información técnica– se les habría instado a firmar documentos para desvincularse de los contratos con las empresas a cargo de las obras y autorizar la demolición de sus viviendas.
La empresa sostiene que estos documentos incluso incluirían atribuciones de responsabilidad por supuestos incumplimientos contractuales, los que –según afirma– no habrían sido planteados directamente por los vecinos, sino por la autoridad.
En ese contexto, el escrito plantea que la demora en la entrega de antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso podría estar vinculada a la dificultad de obtener estas firmas, considerando que no todas las familias habrían accedido.
La presentación también contiene duras críticas al rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo desde antes incluso de la dictación del acto impugnado.
Se señala que desde febrero –antes de asumir formalmente el cargo– el ministro Poduje habría sostenido reuniones con vecinos en las que cuestionó públicamente el trabajo de las empresas, sin que estas pudieran participar o ejercer su defensa.
Asimismo, se acusa que la paralización de las obras interrumpió un proceso constructivo que aún no había concluido, por lo que las observaciones técnicas detectadas eran parte normal del desarrollo del proyecto y debían ser subsanadas conforme a los procedimientos contractuales.
En esa línea, se califica la decisión mandatada por Iván Poduje como una “trampa técnica y comunicacional”, acusando que se instaló la idea de que las viviendas de la reconstrucción en El Olivar estaban falladas pese a no estar terminadas.
Otro eje relevante del escrito es el impacto que la situación ha tenido en las familias damnificadas por el megaincendio, quienes continúan en condiciones de alta precariedad, muchas veces viviendo como allegados, separados de sus redes y enfrentando múltiples factores de vulnerabilidad.
La entidad patrocinante sostiene en el escrito que la demora en la tramitación del caso agrava la incertidumbre de estas personas, por lo que la solicitud de prórroga del Minvu debe evaluarse considerando la urgencia social del conflicto.
"Corresponde considerar el sufrimiento y la precariedad diaria de los afectados como estándar de urgencia", plantea la presentación.
Finalmente, el escrito solicita a la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazar la ampliación de plazo requerida por el Minvu y su Seremi, insistiendo en que las autoridades ya cuentan con todos los antecedentes necesarios para informar.
La resolución de este punto será clave para definir los tiempos del proceso judicial, en una causa que no solo involucra aspectos técnicos y administrativos, sino también el futuro de familias que esperan una solución habitacional tras la emergencia.
PURANOTICIA
