La víctima, Camila Ponce, falleció tras cinco días de agonía luego de ser agredida en Avenida España. El autor del crimen permanece inubicable pese a las diligencias policiales.
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El Ejecutivo formalizó su intervención judicial en el caso de Camila Ponce, la mujer que perdió la vida tras ser blanco de una brutal agresión en la Ciudad Puerto. La medida busca acelerar la captura del responsable, quien hasta el momento se mantiene prófugo de la justicia tras el ataque ocurrido en plena vía pública.
El deceso de la joven se produjo el pasado 24 de marzo en el Hospital Carlos Van Buren, recinto donde permaneció internada con un diagnóstico de muerte cerebral durante cinco jornadas. Su estado crítico fue consecuencia de las graves lesiones sufridas el 19 de marzo en Avenida España, mientras desempeñaba labores de transporte.
Respecto a la ofensiva legal, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, ratificó la presentación de una querella criminal. “Lamentamos profundamente el cobarde homicidio de Camila. No podemos tolerar este tipo de violencia en nuestra sociedad. Perseguiremos con toda la fuerza de la ley al autor de este asesinato”, enfatizó la autoridad, confirmando además que la Policía de Investigaciones (PDI) ejecuta diversas diligencias para localizar al sospechoso.
La reconstrucción de los hechos indica que la víctima se vio involucrada en una discusión con otro automovilista. En medio del altercado, Ponce fue golpeada con un objeto contundente y, posteriormente, arrastrada por varios metros cuando el victimario emprendió la huida en su vehículo, dejándola herida de gravedad en el lugar.
En forma paralela, el entorno cercano de la conductora también inició acciones legales. El abogado de la familia, Omar Valdivia, manifestó su preocupación por la falta de avances concretos en la identificación del atacante. “Solicitaremos el máximo rigor de la ley y medidas cautelares como prisión preventiva una vez que se logre identificar”, declaró el jurista.
Por su parte, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su directora de Seguridad Ciudadana, María José Brevis, informó que los registros de las cámaras de vigilancia de la zona ya están en manos del Ministerio Público. El crimen ha reactivado la preocupación por la vulnerabilidad de quienes trabajan en aplicaciones de transporte y los niveles de agresividad en el tránsito urbano.
PURANOTICIA
