Autoridad presentó una querella criminal por más de 60 amenazas registradas en la provincia y advirtió que existen patrones comunes en los mensajes, lo que podría implicar la participación de terceros, situación que tendrá que ser investigada por el Ministerio Público.
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La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables del delito de amenazas y otros ilícitos conexos, en medio de la seguidilla de advertencias de tiroteos al interior de establecimientos educacionales de la provincia, situación que ha generado alarma pública, suspensión de clases y un despliegue constante de los funcionarios policiales.
La acción judicial fue anunciada desde el frontis del Juzgado de Garantía de Quilpué por el delegado Gonzalo Azancot, quien sostuvo que los hechos registrados durante las últimas semanas no solo han sido numerosos –superando el promedio de otras provincias con alrededor de 70 casos–, sino que además presentan patrones comunes que hacen presumir algún grado de coordinación o intervención de terceros.
El escenario se tensiona aún más tras las declaraciones de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien en conversación con Puranoticia.cl planteó abiertamente la posibilidad de motivaciones políticas detrás de estas amenazas. “Aquí hay un modus operandi que partió desde este Gobierno”, afirmó Corti, añadiendo que "durante cuatro años nosotros no vivimos este mundo. Lo vivimos desde el 11 de marzo en adelante. Nosotros no vivimos este mundo en la época del Presidente Boric".
En ese contexto, el delegado Azancot evitó respaldar directamente esa tesis, aunque marcó una diferencia clave: no la descartó, dejando abierta la puerta a que la investigación determine si existen factores externos o intencionales más allá de acciones aisladas. "Desconozco cuál es la idea de la alcaldesa Corti. Prefiero que las instituciones judiciales, junto con las policiales, puedan aclarar esta situación. Yo no lo descarto. Yo personalmente no lo descarto", expresó la autoridad.
En ese sentido, explicó que uno de los elementos que más preocupa es la reiteración y similitud en los mensajes, lo que podría dar cuenta de un fenómeno más complejo que simples actos individuales. “Todos los eventos que han existido, que en nuestra provincia han sido bastantes, más allá del promedio de las otras provincias, da cuenta de que existe cierta conexión respecto al tipo de mensaje. Lo que nosotros sospechamos es que puedan haber terceros incluidos”, afirmó.
Según detalló, la querella busca precisamente ampliar el rango de acción investigativa, permitiendo que tanto las policías como el Ministerio Público puedan indagar si existe algún tipo de organización, coordinación o participación externa.
“Por eso nosotros hemos decidido que a través de esta querella tengan las policías y el Ministerio Público las posibilidades para hacer una investigación profunda respecto a lo que han significado estos eventos”, sostuvo el delegado provincial.
Azancot también hizo referencia a la magnitud del fenómeno, señalando que ya se contabilizan entre 60 y 70 amenazas en la provincia, aunque precisó que será el tribunal el encargado de establecer las cifras exactas en el marco de la investigación. En su análisis, también introdujo el concepto de “fenómeno espejo”, apuntando a que parte de estas amenazas podrían corresponder a imitaciones entre estudiantes, motivadas incluso por razones como evitar evaluaciones o suspender actividades académicas.
“El fenómeno espejo es emular una acción coercitiva por parte de individuos, sean estudiantes, por diversas razones. A mí me han comentado que también hay alumnos que han escrito en el baño amenazas para la suspensión de clases, para no rendir pruebas, etcétera. Eso yo lo encuentro que tiene una lógica respecto a lo que son los estudiantes, como casi una mala broma”, explicó la autoridad gubernamental.
No obstante, recalcó que incluso en esos casos la respuesta institucional debe ser estricta, dado el impacto que generan este tipo de advertencias en la seguridad y percepción de riesgo. “Así como una amenaza de bomba, independiente de que sea falsa, uno tiene que verificar que todo el sistema de seguridad tiene que aplicarse sí o sí. En este caso es exactamente lo mismo”, enfatizó.
En relación con la posibilidad de una coordinación más estructurada, el delegado de Marga Marga fue cauto y remarcó que será materia de los tribunales, ya que "el sospechar de una asociación ilícita o una coordinación corresponderá a los tribunales. A nosotros nos corresponde como Delegación apoyar a los tribunales y a las policías para verificar si existen responsables que estén fuera del ámbito escolar".
De esta forma, la investigación queda abierta no solo a identificar a los autores materiales de las amenazas, sino también a esclarecer si detrás de la seguidilla de mensajes existe algún tipo de coordinación externa o motivación de carácter político, en un contexto que ha tensionado la seguridad escolar en la provincia de Marga Marga.
PURANOTICIA
