A través de un reclamo administrativo presentado ante la Fiscalía, los abogados de la parlamentaria RN solicitan investigar presuntas irregularidades en el manejo de antecedentes reservados, aportando registros de seguridad del Congreso.
La defensa de la senadora Camila Flores (RN) presentó un reclamo administrativo ante el Ministerio Público para esclarecer una eventual divulgación indebida de antecedentes reservados en la investigación por presunto fraude al fisco que involucra a la parlamentaria. La acción apunta directamente a la fiscal Paola Castiglione y a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
Según la denuncia administrativa a la que accedió Radio Pauta, la defensa acusa una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de antecedentes que se encontraban bajo reserva legal. En el escrito, elaborado por los abogados de la parlamentaria, se solicita "instruir un sumario y determinar eventuales responsabilidades disciplinarias" por la presunta filtración de información que, de acuerdo con la legislación vigente, se encontraba bajo estricto secreto.
Uno de los principales antecedentes expuestos en la presentación sostiene que la defensa tomó conocimiento de la reserva legal de la investigación a través de una consulta periodística, y no mediante una comunicación formal del Ministerio Público.
Según el documento, una periodista de un medio de investigación se contactó con los abogados para formular consultas sobre la indagatoria, oportunidad en la que les informó que el caso "contemplaba un eventual delito de lavado de activos, razón por la cual se encontraba bajo reserva".
Desde la defensa aseguran que hasta ese momento no habían sido notificados oficialmente por la Fiscalía, por lo que cuestionan el origen y la circulación de la información.
Con el objetivo de respaldar la hipótesis de una filtración de antecedentes antes y durante el allanamiento a la oficina de la senadora en el Congreso, la defensa incorporó como prueba los registros de las cámaras de seguridad del edificio legislativo.
De acuerdo con la presentación, las imágenes muestran a la periodista ingresando a las dependencias minutos antes que la fiscal Paola Castiglione y permaneciendo posteriormente en un sector "cuyo acceso es restringido". El escrito agrega que, al ser consultada por personal de seguridad, la reportera respondió que "se encontraba allí para cubrir una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado".
Posteriormente, el medio publicó un reportaje en el que detalló la hora exacta del operativo y la incautación del computador y el teléfono celular de la parlamentaria. Para la defensa, tanto la coincidencia temporal como el acceso a áreas restringidas constituyen antecedentes suficientes para indagar cómo se divulgaron esos datos.
Pese a los antecedentes expuestos y al registro audiovisual acompañado, el escrito reconoce que la denuncia "no acredita de qué fuente obtuvo la periodista esa información ni permite concluir que hubiese sido proporcionada por alguna de las fiscales cuestionadas".
El caso vuelve a instalar el debate sobre la custodia de información sensible en investigaciones sujetas a reserva, en un contexto marcado por otros episodios de características similares que el fiscal nacional, Ángel Valencia, ha debido ordenar esclarecer debido a eventuales filtraciones de antecedentes a la prensa.
PURANOTICIA