Damnificados del megaincendio presentan ocho querellas contra el ministro Poduje por demolición de viviendas en El Olivar

Ocho querellas criminales en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y el director del Serviu, Rodrigo Muñoz, interpusieron familias damnificadas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, afectadas por la paralización de obras y el término de sus contratos en base a documentos que calificaron de "falsos" y sobre los cuales se fundan órdenes de demolición de las casas comprometidas en el marco del plan de reconstrucción.

Según explicó el abogado Juan Andrés Pavez, representante de las víctimas, la acción legal considera los delitos de prevaricación administrativa en carácter reiterado, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público en contra de las autoridades del Minvu, quienes buscan la demolición de 170 inmuebles sociales en el sector de El Olivar, apelando a supuestas fallas constructivas.

“Estas familias son víctimas del accionar de estas autoridades, quienes han impedido que puedan recibir sus viviendas. Entre ellos, hay adultos mayores, personas con discapacidad física o con cáncer, niños, niñas y adolescentes que requieren protección. Sus casas presentan un avance de entre el 95 y el 98%; ellos ven sus casas listas y no pueden recibirlas, están viviendo de allegados y esta situación los tiene muy afectados", comenzó indicando el jurista que los representa.

Asimiso, precisó que "las medidas adoptadas por el ministro son injustificadas, ya que diversos expertos, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura, Cristian Castillo, y los Informes del Idiem encargados por la autoridad, no recomiendan demolición. Lo que buscamos con esta acción es que la Fiscalía investigue y eventualmente acuse y condene a los responsables. Estas personas han sido doblemente victimizadas, primero por el delito de incendio en 2024 y ahora por esta acción ilegal que impide que reciban sus viviendas”.

Cabe hacer presente que esta querella se suma a la interpuesta el 5 de junio por la empresa Social Arquitectura, entidad patrocinante en el proyecto, dirigida en contra de las mismas autoridades, por los delitos de prevaricación administrativa reiterada, por dictar resoluciones que tildan de "injustas" y "fuera de sus competencias legales"; falsificación ideológica de instrumento público, al presuntamente faltar a la verdad en el contenido y presionar a funcionarios para modificar la fecha de documentos que respaldaran su resolución; y uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco, por lo que llaman "innecesaria demolición" de cuatro de las propiedades que no tenían observación alguna en los informes técnicos, causando un perjuicio al Estado.

Pero eso no es todo, pues las familias damnificadas también están a la espera de la vista de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que busca frenar la demolición de más viviendas sociales en El Olivar.

PURANOTICIA