CUT y gremios denuncian "despidos políticos" en la Delegación Presidencial de Valparaíso: presentarán acciones judiciales

Las asociaciones de funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso endurecieron sus críticas en contra de la administración encabezada por el delegado Manuel Millones Chirino, luego de denunciar públicamente que las desvinculaciones que han afectado a trabajadores del servicio en la Quinta Región responderían a criterios políticos y no a razones técnicas o administrativas.

A través de una declaración pública, las organizaciones gremiales informaron que sostuvieron dos reuniones con la máxima autoridad regional para manifestar su rechazo a los 19 despidos a nivel regional, asegurando que durante dichas instancias cuestionaron los fundamentos utilizados para justificar las medidas. Según plantearon, pese a sus argumentos, las decisiones se mantuvieron y, a su juicio, terminó primando un criterio político por sobre otros elementos de evaluación.

Las asociaciones también criticaron las explicaciones entregadas sobre una eventual sobredotación de personal, indicando que les parece "impresentable" sostener dicho argumento cuando, según afirman, próximamente se incorporarán nuevos funcionarios a la Delegación Presidencial. En ese contexto, señalaron que las desvinculaciones fueron "pensadas, tramadas y ejecutadas" desde la propia repartición pública.

Asimismo, advirtieron que no esperan una reconsideración de las medidas adoptadas y anunciaron que se encuentran en estado de alerta, adelantando que recurrirán a todas las instancias administrativas, institucionales y sindicales que correspondan con el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores afectados.

A las críticas de las asociaciones se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Provincial Valparaíso. Su secretario provincial, Alexis Antinao, señaló a Puranoticia.cl que como organización participaron apoyando a los funcionarios afectados y explicó que la situación supera los casos conocidos en la Delegación Presidencial de Valparaíso, indicando que existen 19 despidos en la región y 140 a nivel nacional.

"Hubo reuniones con las asociaciones, donde se expresó un compromiso del delegado Manuel Millones, donde él mismo había dicho que la decisión había sido tomada desde Santiago, específicamente del Ministerio del Interior. Pero eso no fue así porque tuvieron una reunión con gente del Ministerio del Interior y ellos dijeron que la decisión la adoptó el delegado Millones, así que parece que derechamente estaba mintiendo y por eso se hace este punto de prensa cuestionando la decisión", indicó.  

El dirigente también sostuvo que, al menos en el caso de las cinco personas desvinculadas de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las decisiones serían esencialmente de carácter político. "Estos despidos son esencialmente de tipo político, al menos las cinco personas que son de la Delegación de Valparaíso. Estas personas habían entrado en la Delegación anterior", expuso Antinao.

Una de las justificaciones invocadas estaría relacionada con la denominada "confianza legítima" impulsada por la contralora general Dorothy Pérez. Sobre este punto, el secretario provincial de la CUT Valparaíso sostuvo que "aquí se justifican en la "confianza legítima" de la señora Dorothy Pérez. Si uno de los temas que hicimos ver es que esto es lo que produce la doctrina de la señora Dorothy Pérez". 

Junto con ello, el dirigente sindical adelantó que los afectados presentarán un recurso de protección en contra de las desvinculaciones, insistiendo en que los despidos responderían principalmente a consideraciones políticas, debido a que entre los funcionarios afectados existirían personas vinculadas a distintos partidos políticos.

La controversia se produce a casi tres meses de la instalación de las nuevas autoridades de Gobierno en la región, abriendo consigo un importante foco de tensión entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y las organizaciones de trabajadores, las que han apuntado a su compromiso con la defensa del empleo público, la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los funcionarios del Estado.

PURANOTICIA