La revelación de un sueldo bruto de $3,9 millones mensuales otorgado a la exparlamentaria generó un duro cruce entre los ediles y la alcaldesa Dina González, quien acusó a los concejales de especular y exponer datos personales.
Un momento de máxima tensión política se vivió durante la última sesión del Concejo Municipal de Calle Larga, luego de que diversos concejales fiscalizaran la planilla de remuneraciones correspondiente a julio, publicada en el portal de Transparencia Activa de la propia municipalidad, y cuestionaran el monto asignado a la exdiputada por el Distrito 8, Claudia Mix Jiménez (FA).
De acuerdo con los antecedentes publicados, la exparlamentaria se encuentra contratada para desarrollar labores de asesoría, apoyo técnico y gestión en las áreas de salud, mujer y familia, además de programas de gobierno local. Sin embargo, durante la sesión del concejo se planteó que estaría desempeñándose como jefa de gabinete de la alcaldesa.
La remuneración bruta establecida para sus funciones asciende a $3.900.000 mensuales, lo que representa un desembolso cercano a los $46,8 millones anuales para el municipio.
Durante la sesión, los concejales señalaron que conocieron el monto de la remuneración a través de información pública disponible para cualquier ciudadano. A partir de estos antecedentes, compararon la cifra con las remuneraciones correspondientes a jefaturas de gabinete de otras comunas de la zona y con recursos destinados a organizaciones de la comuna.
“No nos han informado de manera directa, pero nosotros sabemos tras bambalinas que ella va a cumplir el rol de jefa de gabinete (...). La funcionaria o el funcionario que cumplía ese rol tenía una renta de $2.335.858, lo que no tiene relación a lo que se le está pagando. En comparación con otro jefe de gabinete de una comuna que es más grande, como San Felipe, su renta es de $1.883.000; y Panquehue, de $1.051.180. Lo que le cuesta esto al municipio anual son $46.800.000. Lo que disponemos nosotros para beneficios de agrupaciones (Fondeco) anual son $50.000.000, donde se ven beneficiadas 40 organizaciones”, rebatió uno de los concejales durante la sesión.
Los cuestionamientos apuntaron, principalmente, a la diferencia entre la remuneración asignada y los montos destinados a otras funciones municipales, así como a la necesidad de transparentar las labores efectivamente desempeñadas por la funcionaria.
Ante los cuestionamientos, la alcaldesa Dina González respondió en duros términos y defendió las atribuciones de su administración para determinar tanto la contratación de funcionarios como sus remuneraciones.
La jefa comunal sostuvo que los concejales estaban realizando “especulaciones” respecto de las funciones que desempeñaría Mix y cuestionó la exposición de antecedentes personales de la funcionaria durante la sesión.
“La definición de quién trabajaba o no trabajaba en el municipio era mía, de cuántos eran los sueldos, era una facultad exclusiva del alcalde (...). La vía que ustedes tienen para conocer las funciones de los funcionarios de este municipio es una sola, a través de un documento por escrito donde se solicitan las funciones y nosotros se las entregamos. Mientras ustedes estén haciendo lo que están haciendo en este minuto, están haciendo especulaciones. Están especulando que las funciones de Claudia son ser jefa de gabinete porque no las conocen (...). Además muestran sus datos personales... Usted los está exponiendo, concejal. El acceso público es una cosa y la exposición que usted está haciendo es otra cosa”, recriminó airadamente la alcaldesa González.
Los concejales rechazaron los argumentos planteados por la alcaldesa y señalaron que los antecedentes utilizados durante la fiscalización corresponden a información pública, disponible en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia Activa.
Asimismo, informaron que los antecedentes relacionados con la contratación y remuneración de la exdiputada ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República, con el objetivo de que el organismo determine la legalidad y eventual justificación administrativa del contrato.
El episodio abrió un nuevo foco de tensión al interior del Concejo Municipal de Calle Larga y dejó planteado el debate respecto de los criterios utilizados para establecer remuneraciones en cargos de confianza y el uso de recursos públicos destinados a dichas contrataciones.
Mientras los concejales cuestionan el monto asignado y las funciones que, según sostienen, estaría desempeñando Mix, desde la alcaldía se defiende la facultad de la administración para determinar las contrataciones y remuneraciones del municipio. La eventual revisión de Contraloría será clave para esclarecer la legalidad del contrato y las funciones asociadas al cargo.
PURANOTICIA