Crisis del transporte rural en la región de Valparaíso: Core Ahumada denuncia retrasos en convenio que beneficiaría a 19 comunas

Una grave denuncia por la paralización de un proyecto de conectividad rural realizó la consejera regional y presidenta de la Comisión de Transporte del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, Giselle Ahumada, quien responsabilizó directamente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, específicamente a la División de Transporte Público Regional (DTPR) en Santiago, por mantener estancado un convenio aprobado hace un año para implementar nuevos recorridos subsidiados en sectores rurales de la región.

La iniciativa considera una inversión de $3.000 millones aportados por el Gobierno Regional de Valparaíso, recursos destinados a financiar subsidios al transporte público durante un periodo de tres años. El objetivo es garantizar locomoción colectiva en localidades rurales vulnerables, donde actualmente el transporte privado opera sin regulación y no resulta rentable para los operadores.

Sin embargo, cambios administrativos a nivel central han impedido el inicio del proceso de licitación.

"El año pasado hubo un cambio en la forma en que se realizaban los convenios con los gobiernos regionales y el ministerio. Por lo tanto, avanzamos en un convenio que lamentablemente no tuvo ningún efecto por esta modificación de decreto, el cual no se nos avisa", explicó la consejera Ahumada.

La autoridad recordó que, tras una reunión sostenida en abril con el ministro de Transportes, se comprometió destrabar la iniciativa durante mayo, situación que finalmente no ocurrió.

"Ya estamos en julio y todavía no pasa nada", fustigó.

CRÍTICAS AL CENTRALISMO

La presidenta de la Comisión de Transporte del Core sostuvo que la demora refleja el excesivo centralismo en la toma de decisiones, situación que, a su juicio, limita la capacidad de gestión de las autoridades regionales.

"Hoy día tenemos la presión de los alcaldes y de las vecinas y los vecinos que viven en zonas rurales que están en conocimiento de este convenio (...) Hay un compromiso que hoy día está pendiente, pero no está pendiente desde el gobierno regional, sino que hoy día está a nivel central. Y eso también es un reflejo del centralismo que hoy día se vive y el poco peso que tiene la seremi en la región", denunció.

Según explicó, desde Santiago la respuesta ha sido que el convenio continúa en revisión, debido a que sería la primera vez que se implementa un mecanismo en el que un Gobierno Regional financia subsidios para rutas de transporte público.

"Están revisando el convenio porque al parecer es la primera vez que se ejecuta este tipo de convenio en donde el Comité Regional subsidia rutas".

Frente a ello, Ahumada manifestó su molestia por la falta de avances y de información.

"Ha tenido un montón de burocracia detrás de esto sin ninguna claridad" y que la información entregada ha sido "súper escasa".

Asimismo, enfatizó que la solicitud realizada al Ejecutivo no implica un aumento de recursos, sino únicamente agilizar la tramitación.

"No le estamos pidiendo recursos. Estamos pidiendo que destraben este convenio".

LAS COMUNAS QUE SIGUEN ESPERANDO

La paralización del proyecto afecta directamente a 19 comunas de la región de Valparaíso, distribuidas en distintas provincias, entre ellas:

• Provincia de San Felipe: Panquehue, Llay-Llay, Putaendo, Santa María, San Felipe y Catemu.
• Provincia de Los Andes: San Esteban y Los Andes.
• Provincia de Petorca: Cabildo
• Provincia de Quillota: Quillota, Hijuelas y La Calera
• Provincia de Marga Marga: Quilpué
• Provincia de Valparaíso: Casablanca
• Provincia de San Antonio: El Quisco, El Tabo y San Antonio

La implementación de estos recorridos busca mejorar la conectividad en sectores donde actualmente el transporte público desaparece durante la tarde, especialmente después de las 18:00 o 19:00 horas, según denunció la consejera.

Además, el convenio contempla mayores exigencias para los operadores, entre ellas vehículos con GPS, una antigüedad máxima de 15 años, gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad, además de tarifas reguladas similares a las del transporte urbano.

Para la consejera regional, la falta de transporte no solo representa un problema de conectividad, sino también una situación que impacta directamente en la calidad de vida, el acceso a servicios básicos y la salud mental de las comunidades rurales.

"La falta del servicio, del transporte, no permite garantizar el acceso a los servicios básicos: ir al consultorio, ir a estudiar, ir a trabajar (...) Creemos urgente poder generar la presión política necesaria de poder destrabar esto", concluyó Ahumada.

PURANOTICIA