La mujer acusa que el personal fiscalizador irrumpió por la fuerza en su local comercial —ubicado en la esquina de Arlegui con Crucero—, donde agredieron a sus familiares durante el procedimiento tras la persecución a un comerciante ambulante del sector.
Un tenso episodio se registró en la intersección de las calles Arlegui con Crucero, en el centro de Viña del Mar, luego de un procedimiento realizado por inspectores de la Municipalidad en el marco de las fiscalizaciones para erradicar el comercio ambulante del sector.
Lo que inicialmente correspondía a un operativo de fiscalización terminó, según el relato de los afectados y testigos, en una denuncia por presunto abuso de poder, agresiones físicas e ingreso forzado a un local comercial.
De acuerdo con estos antecedentes, el hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas del martes 25 de agosto, cuando un grupo de inspectores municipales se encontraba persiguiendo a comerciantes informales. En medio de la situación, un sujeto habría lanzado piedras contra los fiscalizadores.
Posteriormente, según la denuncia, los funcionarios ingresaron de manera intempestiva y por la fuerza a un local comercial de frutos secos, establecimiento que, de acuerdo con su propietaria, se encuentra formalmente al día con sus patentes e impuestos.
En el interior del recinto se encontraba una tostadora industrial de maní encendida a gas, junto a la cual habría quedado acorralado el individuo que era perseguido por los inspectores.
La situación generó preocupación entre los familiares de la propietaria, quienes intentaron advertir a los funcionarios sobre el riesgo de un eventual accidente debido a la manipulación brusca cerca de la tostadora a gas encendida.
Elizabeth González, comerciante y propietaria del local afectado, relató los momentos de tensión que vivió junto a sus familiares y trabajadores:
‘’Me he sentido muy invadida, muy pasa a llevar. Llegaron los inspectores municipales, donde yo soy propietaria de un local comercial, donde pago mi patente, pago mis impuestos."
La locataria aseguró que su establecimiento no tiene relación con el comercio ambulante del sector y que tampoco utiliza sus dependencias para almacenar mercadería de vendedores informales:
"Me encontraba con los chicos que trabajan conmigo, con mi hijo y mi sobrino. Llegaron los inspectores municipales e hicieron lo que hacen todos los días, quitar las cosas en la calle con los ambulantes. Quiero aclarar, yo no tengo nada que ver con los ambulantes".
Según su relato, los funcionarios ingresaron al establecimiento y se produjo un forcejeo con su hijo:
"Pues entraron a mi local aduciendo, que no entiendo a qué. Teníamos la tostadora funcionando con maní encendida, casi la dan vuelta. Cuando mi hijo les pide que se retiren del local, se abalanzan sobre él, cuatro tipos lo maniatan, lo sacan del local".
La situación habría escalado cuando González, de 62 años y recientemente operada, intentó intervenir para evitar que continuara el enfrentamiento con su hijo.
La comerciante afirmó que en ese momento fue derribada por los funcionarios:
"Yo me voy lógicamente a defender a mi hijo, me tiran al suelo".
Tras el episodio, la afectada cuestionó la actuación de los inspectores y planteó dudas respecto de las facultades que tienen para ingresar a un recinto privado y utilizar la fuerza durante este tipo de procedimientos.
"Ellos no siendo carabineros, no siendo PDI, porque entiendo que en Chile hay dos policías, ¿pueden ingresar a mi local comercial? ¿Pueden sacar a mi hijo maniatado de adentro y golpearlo? (…), lo golpearon en la cabeza. Yo soy una mujer de 62 años’’.
La comerciante también cuestionó los mecanismos de supervisión y responsabilidad de los funcionarios que participan en este tipo de operativos:
"Creo que hicieron un abuso y están acostumbrados a hacer lo mismo. Hay preguntas que tengo. ¿Dónde van a dar todas las cosas que ellos requieran? ¿A quién responden ellos? ¿Quién es su jefe? Ellos tienen más autoridad que la policía".

A raíz de lo ocurrido, González hizo un llamado a la alcaldesa de Viña del Mar para revisar los antecedentes y condiciones del personal municipal que participa en este tipo de procedimientos, además de solicitar la identificación de los funcionarios involucrados.
"Le pido a la alcaldesa que les haga un test psicológico antes de darles el trabajo. Un test de drogas, porque andaban muy duros. Entonces, quiero saber y quiero la identificación de las personas que andaban hoy día".
Asimismo, la propietaria solicitó que se conozcan los registros audiovisuales que puedan existir del procedimiento y llamó a quienes hayan registrado el episodio a compartirlos:
"Porque tengo el derecho como contribuyente a saber quién está debajo de esos pasamontañas. Tengo el derecho y lo exijo’’, finalizó.
PURANOTICIA