La decisión de tribunales se tomó pese a las advertencias del alcalde del puerto Omar Vera sobre que la situación generará un "conflicto social y de seguridad insospechado".
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La Corte de Apelaciones de Valparaíso respondió con un "no ha lugar" las peticiones planteadas por la Municipalidad de San Antonio y la Delegación Presidencial regional de Valparaíso de suspender el desalojo de la megatoma de los cerros La Virgen y Centinela, en San Antonio.
Según consigna hoy El Mercurio, la decisión de tribunales se tomó pese a las advertencias del alcalde del puerto Omar Vera sobre que la situación generará un "conflicto social y de seguridad insospechado".
"Atendido el plazo otorgado por la Excma. Corte Suprema, y la ampliación otorgada por esta Corte (que en noviembre lo extendió hasta el 31 de enero) se encuentra cumplido, no ha lugar lo solicitado", expresa la resolución dictada por los ministros Jaime Arancibia y Claudia Parra y el fiscal de la corte, Mario Fuentes.
Ese mismo día 31 de enero, las autoridades enviaron sendos oficios al Poder Judicial planteando que no están en condiciones de cumplir lo mandado por la Corte Suprema en el fallo que dictó en marzo pasado, en orden a que Gobierno y municipio coordinaran la habilitación de albergues para refugiar a las familias que ocupan ilegalmente un terreno privado, que debe ser desalojado (de acuerdo al dictamen del máximo tribunal) para reestablecer el imperio del derecho.
El fallo de primera instancia, dictado por la Corte de Valparaíso en junio de 2023, había dado un plazo de cuatro meses para concretar el desalojo, sin mencionar en forma expresa medidas en resguardo de los derechos humanos de las familias a expulsar
El abogado de los propietarios del terreno, Diego Pereira, explicó que, con esta resolución, se oficializa a las autoridades que los plazos para cumplir el fallo de la Corte Suprema están terminados y que lo que corresponde es notificar de ello a los ocupantes, y en caso de que no se retiren voluntariamente, disponer el uso de la fuerza pública.
“Eso es lo que celebramos nosotros, porque da certeza jurídica”, señaló el profesional, señalando que ello desbarata lo que calificó de “estratagema” del Gobierno de negociar una posible solución al conflicto con los ocupantes ilegales y no con la víctima de la usurpación.
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