Core Valenzuela acusa que la Delegación Presidencial incumplió los criterios acordados para los masivos despidos en Pro-Empleo

La controversia por las masivas desvinculaciones de beneficiarios del Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), conocido como Pro-Empleo, continúa escalando en la región de Valparaíso. Luego de que el delegado presidencial regional, Manuel Millones, responsabilizara al Gobierno Regional por la reducción de cupos y sostuviera que las organizaciones ejecutoras aplicaron los criterios previamente acordados para concretar el desescalamiento del programa, desde el Consejo Regional surgió una versión completamente distinta respecto de cómo se ejecutó el proceso.

En ese contexto, la consejera regional (core) Tania Valenzuela aseguró que el Gobierno Regional nunca se opuso a reducir la cantidad de cupos producto de la menor disponibilidad presupuestaria, sino que el problema radica en que la Delegación Presidencial no fiscalizó la aplicación de los criterios previamente definidos.

"Los consejeros regionales, que también son de Gobierno y donde hay una consejera que es la presidenta de la Comisión de Inversiones, que es del Partido Republicano, y que ya estando en antecedentes, ha hecho todos los esfuerzos —junto conmigo y María Elena Rubilar, que son quienes representamos al Consejo Regional en esta instancia— para poder aplicar criterios que nos permitan ordenar y, por lo tanto, desescalar de manera pausada el Pro-Empleo", comenzó explicando la core del Frente Amplio.

Junto a explicar que la meta era disminuir gradualmente el número de cupos, procurando afectar a la menor cantidad posible de familias, Valenzuela indicó que "en algún momento se estableció que de los 1.400 empleos que se habían financiado a comienzos de 2026, íbamos a tener que reducirlo a 1.000 cupos de trabajo. En primer lugar, los 1.400 cupos no se utilizaron, se utilizaron solamente 1.312 cupos".

Sin embargo, la core apuntó directamente a la forma en que se ejecutaron las desvinculaciones y cuestionó que "el mismo encargado regional –y aquí yo le quiero hacer el punto al delegado presidencial porque mi queja no es con él, sino que tiene que ver con el encargado regional de Pro-Empleo que está tutelado por la Delegación Presidencial Regional– lo que hace es delegar en las ONG's las desvinculaciones. Cuando le pregunto cuáles fueron los criterios para desescalar, me dice: 'Consejera, déjeme preguntar la nómina porque no tengo idea quiénes y por qué salieron, así que se las voy a pedir a las ONG's'. Perdóneme, pero él tiene la responsabilidad de hacerse cargo del seguimiento y fiscalización de este programa".

La consejera insistió en que "la molestia no está en los 113 cupos. La evidencia está en que se sacaron personas que no cumplen con los criterios que se establecieron para poder desescalar. Y eso es porque no hubo control de la Delegación Presidencial Regional. Eso es porque se delegó esta función de manera unilateral en las ONG's y eso es porque simplemente no hizo la pega el encargado regional de Pro-Empleo, que es hacer seguimiento. En Valparaíso sacaron personas que no cumplen con ninguno de los tres criterios. Todas ellos hoy día están en proceso de apelación".

"Mi pregunta es: si no cumplen con los criterios para desescalar, ¿por qué salen del programa? ¿Por qué, de manera discrecional, se aplican medidas que no tienen relación alguna con los acuerdos que se tomaron con la propia Delegación Presidencial?", cuestionó la consejera regional frenteamplista.

Asimismo, rechazó uno de los argumentos expuestos respecto a que las desvinculaciones obedecían a que los beneficiarios cumplían funciones administrativas en los municipios, asegurando que esa situación se repite en distintas comunas de la región sin que se hayan producido despidos de la misma magnitud. En ese sentido, manifestó que "¿sabes cuántas personas hoy día tienen funciones administrativas en los municipios? Son 400. Si el criterio hubiese sido sacar a las personas que hoy día tienen esta segunda planta, entonces ¿por qué no salen 400 personas? En la unidad de Tránsito de uno de los municipios de Marga Marga, que está compuesta por nueve personas, ocho son de Pro-Empleo y ninguno de ellos salió. En Villa Alemana, uno de sus departamentos, que son nueve personas, ocho son de Pro-Empleo".

Finalmente, Valenzuela reiteró que desde el Gobierno Regional siempre existió disposición para mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles, por lo que insistió en que la discusión nunca estuvo centrada en el número de cupos que debían reducirse, sino en la forma en que se ejecutó el proceso.

"Las 400 personas no son solo de Viña del Mar y Valparaíso, y las alcaldesas han podido transitar a poder incluirlas en sus dotaciones de trabajadores municipales. Si aquí la molestia es otra y tiene que ver con un compromiso que no se suscribe. El Gobierno Regional estableció 113 cupos, no estamos en contra de 113 cupos, estamos hablando de que ojalá hubiesen sido personas que, en el marco del diálogo y de las conversaciones que se establecieron de forma previa, se hubiesen cumplido y no fue así", complementó la autoridad del Consejo Regional de Valparaíso.

Las declaraciones de la core Valenzuela profundizan las diferencias entre el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial respecto de las responsabilidades en el desescalamiento del programa Pro-Empleo. Mientras desde la Delegación se sostiene que las desvinculaciones obedecieron a criterios consensuados tras la reducción de recursos, desde el Consejo Regional se insiste en que el problema no fue la disminución de cupos, sino que las organizaciones ejecutoras habrían aplicado criterios distintos a los acordados, sin la debida supervisión por parte de la Delegación Presidencial.

PURANOTICIA