Presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional de Valparaíso advirtió además sobre la duplicidad de funciones en seguridad pública con el nuevo Ministerio en la región.
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Tras la muerte de dos jóvenes en los accesos al estadio Monumental durante el partido entre Colo-Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, la consejera regional por Valparaíso y presidente de la Comisión de Seguridad del CORE, Paulina Yáñez, emitió un duro juicio contra el Gobierno y el plan Estadio Seguro, que fue oficialmente desmantelado por el Ministro de Seguridad, Luis Cordero.
“Estadio Seguro fue un fracaso. Lo advertimos muchas veces: las personas que lo conducían no tenían las capacidades para liderar un plan de seguridad nacional”, aseguró.
“El resultado de esa falta de preparación es lo que vimos la semana pasada: dos jóvenes muertos en la entrada de un estadio”, agregó.
Paulina Yáñez señaló que el Gobierno está reaccionando tarde y sin una estrategia clara. “Es urgente que se nos diga cómo se enfrentará la violencia en los estadios sin Estadio Seguro. Porque eliminar el plan no elimina el problema. El espectáculo del fútbol no puede seguir siendo un espacio de riesgo para las familias chilenas”, advirtió.
La Core también cuestionó la nueva estructura de seguridad que se está implementando desde el Ejecutivo, que contempla un Ministerio de Seguridad con seremis regionales, además de las Delegaciones Presidenciales, quienes ahora tendrán la responsabilidad directa de coordinar la seguridad en eventos masivos.
“Con esta nueva institucionalidad, lo que vemos es una duplicidad de funciones. ¿Quién toma realmente las decisiones en seguridad en la región de Valparaíso? ¿El Seremi del nuevo ministerio o el Delegado Presidencial? Esa indefinición no es buena en un contexto tan delicado”, expresó.
Por último, la presidente de la Comisión de Seguridad del Core, llamó a una revisión profunda de las políticas públicas en materia de seguridad deportiva: “Necesitamos que las decisiones se tomen con seriedad y conocimiento técnico. No basta con desarmar una mala política pública; hay que reemplazarla por una que funcione, con personal capacitado, coordinación real con las regiones y con voluntad política de proteger la vida de los asistentes a estos eventos”.
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