Core Ibacache desliza vínculos políticos en ONG's a cargo de Pro-Empleo: "Una supervisora era candidata a consejera regional"

La discusión sobre los Programas de Inversión en la Comunidad (PIC), más conocidos como Pro-Empleo, dejó de centrarse únicamente en el financiamiento, las desvinculaciones o las funciones que desempeñan sus beneficiarios. En medio del debate, ahora comenzaron a surgir cuestionamientos respecto de las entidades encargadas de supervisar la ejecución del programa, abriendo un nuevo flanco relacionado a los mecanismos de control y la eventual influencia política.

En conversación con Puranoticia.cl, el consejero regional (core) Juan Ibacache planteó que la labor de las ONG contratadas para supervisar el funcionamiento de los programas de Pro-Empleo debe ser revisada en profundidad e incluso reveló un antecedente que, a su juicio, refleja la necesidad urgente de transparentar el sistema.

"Por lo menos yo hablo por la provincia de Petorca, y le aseguro –y no me voy a quemar– de que en eso no hay ninguna problemática. Pero sí le puedo decir que una de las ONG que presta servicios, mandatada por el Gobierno de turno en la provincia de Petorca, una de las supervisoras era candidata a consejera regional. Imagínese usted la dependencia de esa trabajadora. Eso es inaceptable y eso ocurrió no años atrás", manifestó el core que milita en Renovación Nacional (RN).

A partir de ese antecedente, insistió en que "es necesario transparentar el tema y efectivamente hay que perfeccionarlo. Hay personas que llevan más de 15 años y que no necesariamente están cumpliendo con los requisitos de entrada al programa, que es que sean personas vulnerables, que no tengan empleo, que sean mayores de 25 años, hasta los 80 años y que les cueste insertarse en el sistema normal del trabajo".

Junto con ello, cuestionó la forma en que se controla la ejecución de los PIC, apuntando a que "ha habido poca fiscalización y esto no tiene que ver con los alcaldes, sino que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo. Particularmente esta responsabilidad fue delegada –valga la redundancia– a la Delegación Presidencial Regional, que es la que contrata a ONG's externas, que poco y nada hacen respecto a la supervisión real del programa. Más bien hacen un control administrativo, pero no adonde ustedes metieron el dedo en la llaga, que es qué están haciendo y dónde están estas personas".

El core que representa a la provincia de Petorca sostuvo que el objetivo original de estos planes también se ha ido perdiendo con el tiempo, ya que "nunca se pensó este programa para ir a aportar a trabajos administrativos, fundamentalmente estaban vinculados a servicios de mantención de la ciudad, como aseo, ornato o instituciones de beneficencia, por ejemplo. (...) Y ahí ustedes apuntan a otra cosa: la fiscalización de dónde se asigna a estas personas. Estas ONG simplemente hacen un control administrativo, pero no están considerando la buena utilización de los servicios precarios que hace esta gente donde, en cuatro horas definitivamente no es mucho lo que pueden aportar en una institución, a pesar de su buena voluntad".

Consultado por la conducción regional del programa, Ibacache también se refirió a los cambios implementados, manifestando que "el señor Millones, nuestro delegado presidencial, cambió al encargado regional, quien se fue a presentar ante el Consejo Regional con muy buenas intenciones. Dijo que venía de la Contraloría, que era auditor, pero la verdad es que hay que esperar que reaccione porque ya lleva un tiempo acá y si no fuera por su medio no se estarían discutiendo estos temas. Yo tengo que esperar que estos cambios sean operativos y no sean simplemente para reemplazar –y lo voy a decir con toda franqueza– a una persona de izquierda por una de derecha. Si estamos en esa, definitivamente este programa va de mal en peor".

Respecto de las labores que pueden desempeñar los beneficiarios, aclaró que los PIC "dicen que el trabajo administrativo no puede reemplazar funciones propias de las atribuciones que la ley le concede a la Municipalidad. Me explico: no puede haber una persona sirviendo tecito al administrador municipal o al contador municipal, porque eso no tiene ningún vínculo con la comunidad, pero sí pueden haber personas administrativas en el departamento social, que es la Dideco, y en todos los programas sociales que vinculen estos programas con la ciudadanía".

Finalmente, Ibacache sostuvo que el compromiso con el programa debe involucrar tanto al Gobierno Regional como al Consejo Regional, subrayando que "mi amigo Manuel (en referencia al delegado Millones) dijo que los consejeros regionales tenemos un compromiso con este programa, pero le faltó agregar –para buscar la unidad que todos buscamos– que es el gobernador (Rodrigo Mundaca) el que tiene la iniciativa y, por lo tanto, a él le asiste también el mismo compromiso social que tenemos los cores y en esta materia tenemos una sola voz".

De esta manera, el debate sobre los programas Pro-Empleo suma un nuevo elemento de discusión, esta vez relacionado con el rol de las ONG que supervisan su ejecución y con la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para asegurar la transparencia en la administración de un plan que sigue bajo intenso escrutinio público.

PURANOTICIA