Core Astorga acusa "maniobra comunicacional" del alcalde de Llay Llay para "confundir a los vecinos"

El consejero regional de Valparaíso, Fernando Astorga, cuestionó al alcalde de Llay Llay,  Edgardo González, por presentar como un triunfo el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que declaró ilegal la incautación del teléfono y computador del director jurídico municipal.

Según explicó, la resolución afecta únicamente los equipos de ese funcionario y no deja sin efecto las demás incautaciones realizadas en la investigación por presunto fraude al fisco.

“El alcalde ha desplegado una maniobra comunicacional para confundir a los vecinos. Aparece celebrando una decisión particular de la Corte que recae exclusivamente sobre los equipos del director jurídico, como si hubiera dejado sin efecto todo el procedimiento. Pero el celular del alcalde y los dispositivos de los otros funcionarios siguen incautados y la investigación por presunto fraude al fisco continúa. Esa es la información completa que debería entregar a la comunidad”, afirmó Astorga.

La investigación se originó en la querella presentada por Astorga y la concejala Solange Pizarro contra el alcalde y la entonces directora de Administración y Finanzas, Jasna Elkins, por presuntas irregularidades en contrataciones que habrían favorecido a la empresa IBAMAT. La presentación inicial cuestionó adjudicaciones por más de $415 millones y busca esclarecer si fueron dirigidas de antemano para beneficiar a esa empresa, vinculada familiarmente con Elkins, y si esas actuaciones constituyeron fraude al fisco u otros delitos.

En ese contexto, el Consejo de Defensa del Estado recurrió a la Corte Suprema para revertir el amparo acogido en favor del director jurídico, cuya defensa sostuvo que participaba como testigo en la causa. Los celulares del alcalde y otros colaboradores, junto con los demás computadores incautados, permanecen en poder de los investigadores.

Astorga manifestó además su preocupación por el resguardo de los datos de los dispositivos afectados por el fallo, ante el riesgo de que su eliminación impida examinar información relevante si la decisión es revertida.

“Con la concejala Solange Pizarro entregamos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que posteriormente se hizo parte como querellante. También hubo una autorización judicial para realizar diligencias en el municipio. Esos hechos dan cuenta de la seriedad de esta causa y el alcalde los omite cuando intenta instalar que todo quedó resuelto. Ahora, además, el CDE está buscando revertir el amparo que el alcalde y sus cercanos celebran”, agregó Astorga.

La concejala Solange Pizarro coincidió en que debe informarse con precisión el alcance del fallo: “No corresponde presentar esta resolución como si toda la investigación hubiese quedado sin efecto. Los funcionarios públicos debemos colaborar con las investigaciones, dentro de la ley y respetando las garantías de cada persona, porque se investigan actuaciones vinculadas a recursos que son de todos”.

Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi sostuvo: “El alcalde debe explicar las contrataciones investigadas con la misma energía que dedica a celebrar una resolución que todavía está siendo discutida en la Corte Suprema. Una campaña comunicacional no responde las preguntas de fondo de esta causa. Respaldamos el trabajo de Fernando Astorga y Solange Pizarro, y esperamos que se resguarde la evidencia y que la investigación avance hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”.

Finalmente, el abogado querellante en la causa, Henry Agüero, explicó: “Tenemos la convicción de que el trabajo de la Brigada de Delitos Económicos se realizó dentro de los márgenes legales que un Estado de Derecho protege. Confiamos en las resoluciones dictadas por un tribunal imparcial como lo es el Tribunal de Garantía de San Felipe. Nuestras instituciones funcionan amparadas por las normas constitucionales y legales vigentes”.

(Imagen: @fernandoastorga_)

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