Contraloría rechaza recurso del Servicio de Salud de Viña y mantiene investigación por eventual falta de imparcialidad tras denuncia

La Contraloría Regional de Valparaíso resolvió mantener una investigación administrativa al interior del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), luego de rechazar la solicitud de reconsideración presentada por la dirección del organismo respecto de un pronunciamiento anterior.

El caso se origina en la tramitación de una denuncia por acoso laboral presentada por el abogado Gustavo Gómez, respecto de la cual Contraloría había ordenado instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de una posible falta al deber de abstención de funcionarios.

La Dirección del Servicio de Salud había solicitado revisar dicha decisión, argumentando –entre otros puntos– que el abogado Nicolás Guzmán intervino en el procedimiento en el marco de funciones que le habían sido formalmente asignadas y que su participación habría sido de carácter técnico, sin incidencia en la resolución adoptada por la autoridad competente.

Sin embargo, el organismo de control determinó que dichos antecedentes no son suficientes para modificar su pronunciamiento anterior. En ese sentido, sostuvo que el hecho de que un funcionario tenga atribuciones formalmente establecidas no permite descartar por sí solo una eventual vulneración del deber de abstención, cuestión que precisamente deberá ser esclarecida mediante la investigación administrativa.

La Contraloría Regional de Valparaíso recordó, además, que la normativa sobre probidad e imparcialidad obliga a las autoridades y funcionarios a abstenerse de intervenir cuando existan circunstancias que puedan afectar su objetividad.

También precisó que su pronunciamiento anterior no estableció la existencia de responsabilidad administrativa ni declaró inválida la resolución adoptada en el procedimiento de denuncia, sino que se limitó a ordenar una investigación destinada a determinar si existieron infracciones y, eventualmente, responsabilidades funcionarias.

Asimismo, Contraloría descartó que la existencia de procesos judiciales relacionados con los mismos hechos impida desarrollar la investigación administrativa. Al respecto, señaló que la responsabilidad administrativa es independiente de las responsabilidades civiles y penales y que no se acreditó que los procesos judiciales pendientes tengan una incidencia directa sobre las eventuales responsabilidades que se busca esclarecer.

De esta manera, la entidad fiscalizadora del Estado concluyó que no existen antecedentes nuevos o circunstancias sobrevinientes que permitan modificar su decisión y, por ello, rechazó la solicitud de reconsideración presentada por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca.

"TRATO DESIGUAL Y REVANCHISTA"

Tras conocerse el pronunciamiento, el abogado Gustavo Gómez entregó una declaración a Puranoticia.cl, en la que vinculó la decisión de Contraloría con una denuncia que presentó anteriormente ante el organismo fiscalizador.

"Esto ocurre tras la denuncia realizada a Contraloría por el trato parcial y dirigido en mi contra. Dos abogados del departamento jurídico del SSVQP rechazaron una denuncia interpuesta contra el Sr. Leopoldo Sanhueza Tobosque, en ese momento jefe de estos funcionarios. Contraloría concluyó que estos profesionales debieron haberse abstenido de conocer dicha denuncia", afirmó el profesional.

El abogado sostuvo además que, a partir del pronunciamiento, el Servicio de Salud deberá avanzar en la investigación administrativa correspondiente.

"Con este pronunciamiento, el Servicio de Salud queda obligado a instruir el sumario administrativo e investigar las responsabilidades de los abogados involucrados. Esto da cuenta del ánimo y trato desigual y revanchista que las autoridades del Servicio de Salud han tenido de forma sistemática contra el suscrito, lo cual se ha agudizado luego de haber denunciado los escándalos de probidad cometidos por el cartel de Andrea Quiero", señaló Gómez tras el pronunciamiento de Contraloría.

Cabe precisar que el pronunciamiento de Contraloría mantiene la instrucción de investigar eventuales responsabilidades, pero no establece en esta etapa que los funcionarios involucrados hayan incurrido efectivamente en una infracción administrativa. Esa determinación deberá surgir del procedimiento disciplinario ordenado por el organismo de control al interior de la entidad de salud.

PURANOTICIA