El órgano fiscalizador abrió una revisión a raíz de una denuncia presentada contra el beneficio otorgado a la exdirectora del SSVQP, quien fue removida el 27 de mayo. De igual forma, advirtió que faltan antecedentes que acrediten que realizó el cambio de residencia.
La Contraloría Regional de Valparaíso solicitó al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP) que remita los antecedentes que permitan acreditar el efectivo cambio de residencia de la exdirectora del organismo, Andrea Quiero Gelmi, desde Viña del Mar a Concepción, luego de que el servicio autorizara en mayo el pago de una asignación asociada a dicho traslado.
El pronunciamiento se originó en una presentación realizada por el abogado Gustavo Gómez Atabales, quien cuestionó la legalidad del beneficio concedido a la exdirectora, tanto por la naturaleza de su nombramiento como por la causal mediante la cual terminó anticipadamente sus funciones, además de plantear que no estaría acreditado que efectivamente hubiera cambiado su residencia.
Según consta en el documento de Contraloría, la denuncia apunta a que los antecedentes considerados por el Servicio de Salud darían cuenta principalmente de gastos asociados al traslado de bienes muebles, sin acreditar necesariamente que la exdirectora haya fijado nuevamente su residencia en Concepción.
Frente a la presentación, el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca informó a Contraloría que el beneficio había sido concedido conforme a derecho, argumentando que los altos directivos públicos se encuentran sujetos de manera supletoria a las disposiciones de la Ley N°18.834, en aquellas materias que no estén reguladas expresamente por la normativa que rige el Sistema de Alta Dirección Pública.
Asimismo, el organismo sostuvo que la documentación que tuvo a la vista era suficiente para acreditar el traslado de bienes y que no existe una exigencia legal que establezca un medio de prueba específico para demostrar el cambio de residencia.
Sin embargo, para la Contraloría el punto que debe ser acreditado no es solamente el traslado de los enseres, sino que la exdirectora Andrea Quiero efectivamente haya retornado a la ciudad donde residía antes de asumir el cargo.
Vale recordar que precisamente Andrea Quiero fue nombrada como administradora municipal de Zapallar durante junio de este año, cargo considerado como la principal autoridad administrativa de una casa edilicia después del alcalde o alcaldesa y que contempla una remuneración bruta de $4.951.497.
El órgano contralor recordó que el artículo 98, letra d), de la Ley N°18.834 establece una asignación por cambio de residencia para el funcionario que, al asumir un cargo o una nueva destinación, deba modificar su residencia habitual, así como para quien, una vez terminadas sus funciones, vuelva al lugar donde residía antes de ser nombrado.
La normativa contempla para estos casos beneficios asociados a remuneración, pasajes y traslado de menaje y efectos personales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la propia legislación.
Además, Contraloría citó jurisprudencia administrativa previa para señalar que los directivos sujetos al Sistema de Alta Dirección Pública también pueden acceder a este beneficio cuando deben cambiar su residencia para asumir un cargo obtenido mediante concurso público.
Del mismo modo, recordó un dictamen de 2012 que estableció que la asignación también puede proceder al término de las funciones cuando el servidor retorna al lugar donde residía antes de asumir el cargo que motivó su traslado.
En cuanto a la forma de acreditar ese retorno, el órgano contralor recordó un dictamen de 2015, según el cual es necesario demostrar la efectividad del traslado al lugar de origen, lo que puede realizarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
En el caso de Andrea Quiero Gelmi, Contraloría constató que mediante la Resolución Exenta N°4.172, del 19 de mayo de 2026, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca autorizó el otorgamiento de la asignación por cambio de residencia.
Cabe hacer presente que la exdirectora se desempeñó en el cargo desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 27 de mayo de 2026.
En la resolución, según detalla Contraloría, se dejó expresamente establecido que Quiero había residido previamente en Concepción y que el beneficio se concedía para solventar los gastos de pasaje y traslado de enseres desde Viña del Mar hacia esa ciudad.
Con esos antecedentes, Contraloría plantea que, desde el punto de vista jurídico, sí sería posible que una funcionaria de Alta Dirección Pública acceda a este beneficio al regresar a su lugar de residencia anterior.
No obstante, el órgano contralor detectó una insuficiencia documental: "Sin perjuicio de lo anterior, es imperativo señalar que, en esta oportunidad, el servicio informante no ha remitido los antecedentes con base en los cuales dio por acreditado que ocurrió el traslado de la señora Quiero Gelmi desde Viña del Mar a Concepción", señala el documento.
Por esta razón, la Contraloría Regional de Valparaíso requirió al Servicio de Salud que remita la documentación utilizada para acreditar el traslado de la exdirectora, estableciendo para ello un plazo de cinco días hábiles administrativos, contados desde la recepción del oficio.
De esta manera, el pronunciamiento no establece que el pago haya sido ilegal ni determina que Andrea Quiero no tuviera derecho a la asignación. Lo que hace Contraloría es señalar que, con los antecedentes que fueron remitidos hasta ahora, no puede verificar el hecho que sustenta el otorgamiento del beneficio: que la exdirectora efectivamente haya cambiado nuevamente su residencia desde Viña del Mar a Concepción. Así, la revisión continuará una vez que el Servicio de Salud entregue los antecedentes solicitados por el órgano contralor.
PURANOTICIA