Órgano fiscalizador estableció que el rechazo y la abstención de los ediles frente a la propuesta de adjudicación presentada a fines del mes de junio por la Alcaldesa de Viña del Mar no puede basarse en motivos ajenos a los contemplados en las bases de licitación.
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Un duro revés sufrió a fines de junio la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, luego que el Concejo Municipal de Viña del Mar rechazara su propuesta en el marco de la licitación pública para la adquisición, instalación, configuración y mantención del sistema de cámaras de televigilancia para la comuna.
Tras ello, la casa edilicia se dirigió a la Contraloría Regional de Valparaíso para exponer los antecedentes del caso y solicitarle un pronunciamiento acerca de la actuación del Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, el cual se dio a conocer recientemente, estableciendo que el proceso de votación debe llevarse a cabo nuevamente.
Pero antes de detallar la resolución de la entidad fiscalizadora, vale recordar que el pasado 25 de junio, se solicitó acuerdo al Concejo Municipal para adjudicar el proyecto, contando con la votación a favor de cinco concejales –sumada la Alcaldesa–, el rechazo de un edil y la abstención otros cuatro, tres de los cuales son cercanos a la administración: Alejandro Aguilera (FA), Sandro Puebla (Ind.-PS) y Carlos Williams (Ind.).
Frente a esta situación, la Municipalidad de Viña del Mar solicitó a la Contraloría Regional de Valparaíso que determine si la actuación de los concejales que rechazaron y se abstuvieron de votar la propuesta presentada, se encuentra debidamente fundada, en base a la normativa y la jurisprudencia administrativa aplicable a la materia.
Así es como el órgano de control llevó a cabo un exhaustivo análisis de todo el proceso, desde el 6 de marzo cuando el Municipio aprobó las bases administrativas generales de la licitación pública por las cámaras de televigilancia, hasta fines de junio cuando se solicitó el acuerdo del Concejo para adjudicar el proyecto a la empresa Globallink Chile Telecomunicaciones S.A. en Unión Temporal de Proveedores (UTP) con Alguien Te Cuida SPA, por un monto de $6.194.756.374, con un plazo de vigencia de cinco años.
Para ser aprobada la propuesta, la administración municipal requería de un quórum de dos tercios, vale decir siete votos a favor, ya que el plazo de la iniciativa en cuestión excede el período alcaldicio actual. No obstante, y como ya se dijo, no se alcanzó el mínimo que exige la ley para aprobar una contratación como la que se examinó.
El análisis se centró primero en el voto de rechazo de la concejala Antonella Pecchenino (Partido Republicano), quien, en resumen, planteó que la propuesta no sería conveniente y que existirían errores y contradicciones que a su juicio invalidan la licitación. Al observar sus fundamentos, la Contraloría no advirtió reproches que formular en torno a la argumentación expresada para votar en contra de la propuesta municipal.
No obstante, respecto de los cuatro votos de abstención, vale decir, Carlos Williams, Sandro Puebla, Alejandro Aguilera y Antonia Scarella, el órgano fiscalizador del Estado recordó que el artículo 65 de la ley N° 20.742 establece que los ediles presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del Concejo, a menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir su voto.
"De este modo, corresponde que la Municipalidad de Viña del Mar someta nuevamente a consideración de la anotada entidad pluripersonal la adjudicación del contrato en examen, que sólo podrá impugnarla fundadamente, según lo previsto en las bases que rigen el certamen", sentenció la Contraloría Regional de Valparaíso.
Con lo dictaminado, en torno a que el rechazo y la abstención de concejales frente a la propuesta de adjudicación presentada por la Alcaldesa no puede basarse en motivos ajenos a los contemplados en las bases de licitación, la administración Ripamonti dispuso convocar a Concejo Extraordinario para este viernes 26 de septiembre, instancia en la que se someterá nuevamente a votación la propuesta de adjudicación.
Cabe recordar que la propuesta de cámaras de televigilancia consiste en adjudicar este servicio de última generación, basado en un modelo de inversión en infraestructura propia del Municipio de Viña del Mar, constando de un mínimo de 122 puntos de cámara Domo PTZ, hasta un total de 215, las cuales se distribuirían en 92 puntos críticos y 123 puntos con criticidad media y baja. A ello se suma un sistema de grabación con resolución mínima de 2MP a 15FPS, para 60 días de grabación continua; la provisión, instalación, configuración y mantención de red de conexión alámbrica y/o inalámbrica, que permita escalabilidad a sistemas relacionados.
PURANOTICIA
