Pronunciamiento del órgano de control da cuenta que la entidad fiscalizada no cuenta con procedimientos ni mecanismos de control para resguardar los ingresos del Fisco.
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Un pronunciamiento de la Contraloría General de la República dejó en evidencia que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) no cuenta con procedimientos ni mecanismos de control eficaces para resguardar los ingresos del Fisco, incumpliendo su deber esencial de protección de los recursos públicos del país.
Esta deficiente labor fiscalizadora permitió que el operador Casino del Mar S.A. pagara fuera de plazo, pagara un monto inferior al legalmente exigido y no fuera sancionado, generando un perjuicio directo para la Municipalidad de Viña del Mar, afectando de esta manera el resguardo de ingresos públicos a nivel nacional.
La entidad que fiscaliza a los órganos del Estado confirmó que la cuota correspondiente a agosto de 2024 fue pagada fuera de plazo, infringiendo la ley, el reglamento vigente y el propio Compendio de Normas de la SCJ.
Pese a tratarse de un incumplimiento objetivo y plenamente verificable, la Superintendencia dio por válido el pago, comunicó formalmente que se había cumplido “en tiempo y forma” y omitió iniciar cualquier procedimiento sancionatorio, configurando una falla grave en el ejercicio de su función fiscalizadora.
Para justificar esta situación, la SCJ aplicó de manera improcedente la Ley N° 19.880, extendiendo un plazo de carácter mensual por tratarse de un día inhábil. Sin embargo, la Contraloría fue categórica al señalar que los plazos mensuales vencidos no pueden prorrogarse, concluyendo que la Superintendencia de Casinos de Juego actuó sin facultades legales, encubriendo el incumplimiento del operador.
El organismo contralor acreditó, además, que Casino del Mar S.A. pagó $12.156.559 menos de lo que correspondía, producto del uso de un valor incorrecto de la Unidad de Fomento (UF). Lo más grave es que la Superintendencia revisó el pago, concluyó erróneamente que el monto era íntegro y oficializó dicha conclusión mediante un oficio, provocando un perjuicio económico directo a las arcas municipales.
Hasta la intervención de la Contraloría, la SCJ no exigió el pago de la diferencia adeudada, no emitió observaciones ni instrucciones de regularización, ni dejó registros que acreditaran una revisión efectiva. Fue la Contraloría la que ordenó expresamente exigir la regularización del monto, dejando en evidencia que la entidad fiscalizadora no cumplió su deber mínimo de resguardar los recursos públicos.
La investigación reveló también graves debilidades estructurales en los sistemas de control interno de la SCJ, tales como la inexistencia de manuales formalizados para la revisión de pagos de ofertas económicas, la utilización de controles informales y errores reiterados en la verificación de plazos y montos, detectados incluso en otros períodos.
Asimismo, la SCJ certificó reiteradamente en documentos oficiales que el pago era correcto, informó lo mismo al operador y a la Municipalidad y mantuvo esta posición incluso ante la Contraloría, pese a que los antecedentes demostraban errores manifiestos, lo que compromete seriamente la confiabilidad institucional del organismo.
Finalmente, la Contraloría concluyó que la SCJ incumplió su deber legal de fiscalización, infringiendo lo dispuesto en la Ley N° 19.995 y en la Ley N° 18.575, que consagran los principios de eficiencia, control y responsabilidad administrativa. Como consecuencia de estas omisiones, el organismo permitió que un operador pagara fuera de plazo, pagara menos de lo debido y no fuera sancionado ni obligado a corregir oportunamente el incumplimiento, afectando directamente a la ciudad de Viña del Mar y al resguardo de recursos públicos del país.
PURANOTICIA
