
Dorothy Pérez dio cuenta de "diversos incumplimientos" que motivaron a la entidad que lidera a iniciar una fiscalización específica y en terreno sobre el proceso tras el megaincendio.
La lentitud del proceso de reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana ha generado una serie de críticas y cuestionamientos al rol que cumplen diversas entidades públicas del país.
Muchas de estas han sido abordadas justamente por la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción, instancia a la que han asistido autoridades que van desde el Ministro de Vivienda, las Alcaldesas de Viña del Mar y Quilpué, la Cámara Chilena de la Construcción y hasta la Contralora General de la República.
Precisamente la contralora Dorothy Pérez fue la última en exponer ante los diputados que componen la CEI de la reconstrucción, instancia donde dio a conocer el inicio de una fiscalización al proceso que se lleva a cabo en los diferentes barrios siniestrados.
"El Ministerio de Desarrollo Social le solicitó a la Contraloría un mayor plazo de respuesta y esa cuestión se está analizando para ver cuál es el plazo adicional que se les podría otorgar para ello. Por esa razón, es que nosotros no tenemos el levantamiento de la información al 2025, sino que a diciembre del 2024", señaló la autoridad.
Asimismo, la titular de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado planteó que "atendidos diversos incumplimientos que nosotros hemos visto, se ha dispuesto a iniciar una fiscalización específica y en terreno sobre esta materia".
Además, Pérez se refirió a las descoordinaciones detectadas previamente en la labor entre el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso y los equipos encargados de este proceso de reconstrucción en sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
"Nosotros advertimos una ausencia de coordinación entre la gerencia técnica de la reconstrucción con el Gore de Valparaíso, puesto que cinco de las 34 medidas que estaban señaladas como irresponsabilidad del Gobierno Regional de Valparaíso estaban informadas en el catastro que nosotros levantamos como que no tenían un plan de implementación", sentenció la Contralora General de la República.
El tema fue abordado por el diputado Andrés Celis, quien además preside la CEI de la reconstrucción, quien señaló que "hay preocupación, fundamentalmente porque hay unas auditorias que se ordenaron al Municipio de Quilpué y al Municipio de Viña del Mar, porque hay presunciones fundadas, hay indicios, sobre ingresos que recibieron ambos municipios, el de Quilpué y Viña del Mar, tanto en dinero, en donaciones, en objeto".
Ante lo cual, comentó que "estas auditorias lo que buscan es determinar el destino de estos recursos. Reitero, tanto en dinero como en donaciones que fueron en distinto tipo de objeto, para ver si fueron realmente destinados para para su fin".
"Yo tengo antecedentes de que, en el caso de Viña del Mar, el informe de la Contraloría no sería positivo. Estoy a la espera de éste y, de ser así, por cierto, que en forma personal y como Diputado voy a tomar las acciones pertinentes del caso, ya que me parecería gravísimo que no se hubieran destinado en los casos y los recursos, los dineros, como las duraciones para el fin pertinente", agregó el parlamentario RN.
Cabe hacer presente que el jueves 14 de agosto está citada la directora de Senapred, además de la Seremi de Desarrollo Social y, una vez que ésta instancia termine, se estará en condiciones de elaborar las conclusiones, la propuesta y poder votar el informe final para tener tanto las conclusiones como las propuestas de la comisión.
En la misma instancia estaba citado a participar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lisa y llanamente no asistió, cuestión que fue reprochada transversalmente. De hecho, se acordó remitir a la Contraloría General de la República los antecedentes relacionados con la inasistencia del secretario de Estado a la instancia legislativa, pero también debido a su falta de respuesta frente a los requerimientos realizados.
El diputado Andrés Celis indicó que "como presidente de esta comisión, no voy a permitir que ningún Ministro ignore las citaciones o deje sin responder los oficios acordados. La transparencia y rendición de cuentas son obligaciones básicas y, si no se cumplen, corresponde remitir los antecedentes a la Contraloría para que se investigue".
El parlamentario de Renovación Nacional (RN) también insistió en que la actitud del Ministro de Hacienda "no solo constituye una falta de respeto hacia la comisión, sino también hacia las comunidades afectadas por la tragedia, que esperan respuestas y acciones concretas para acelerar los procesos de reconstrucción".
Además, la secretaria abogada de la comisión respaldó los dichos asegurando que, al tratarse de una Comisión Especial Investigadora, los ministros están obligados a asistir.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) recordó que "una comisión investigadora es un espacio para que obligatoriamente todos los ministros y los subsecretarios tengan que asistir a rendir cuentas de su trabajo. Y hemos recibido la información de que el ministro Mario Marcel no ha respondido los correos ni las solicitudes que se le ha enviado reiteradamente por parte del presidente de la comisión".
"Es una información que dio a conocer el presidente de la comisión y, por lo mismo, la comisión de forma unánime ha tomado la decisión de enviar estos antecedentes a Contraloría, que es a lo que se nos obliga a nosotros como órgano fiscalizador cuando hay algún Ministro o Ministra, o algún Subsecretario que no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, que son justamente concurrir", agregó el legislador.
Finalmente, sostuvo que "me extraña porque hemos dado cuenta del fondo transitorio. Hay informaciones bastante claras, pero necesitamos que el Ministro también asista para que dé cuenta de todo lo que se ha desarrollado en materia de inversión pública, también con los organismos privados. Creemos que como comisión investigadora estamos obligados a generar esta solicitud a la Contraloría".
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