El hallazgo motivó la revisión de eventuales inhabilidades legales y posibles conflictos de interés en los procesos de contratación.
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La Contraloría General de la República encendió las alertas en la Municipalidad de El Tabo tras una fiscalización que reveló la presencia de 56 funcionarios con vínculos familiares o personales con el alcalde Alfonso Muñoz y con otras autoridades del municipio. El hallazgo motivó la revisión de eventuales inhabilidades legales y posibles conflictos de interés en los procesos de contratación.
Según el informe al que tuvo acceso radio Bio Bio, 24 de estos funcionarios mantienen relación directa con el jefe comunal, entre ellos dos de sus hermanas, su pareja y otros parientes cercanos que se desempeñan principalmente en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). El documento también describe redes ampliadas, donde se identifican primos y sobrinos que ejercen distintas funciones en áreas operativas y administrativas.
Uno de los casos más llamativos es el de Karla Muñoz, sobrina del alcalde, cuyo contrato a honorarios en la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) fue calificado como nulo por inhabilidad legal. La Contraloría observó además que no existían informes, registros ni documentación formal que acreditara su desempeño, lo que profundizó las dudas sobre la legalidad de su incorporación.
El organismo fiscalizador también detectó vínculos familiares en la cúpula municipal. Entre los directivos con parientes contratados figuran Patricio Lagos, director jurídico; Carolina Acevedo, directora de Control; y Vicente Catalán, director de Administración y Finanzas. En los tres casos, la revisión evidenció la existencia de múltiples familiares desempeñándose en diversas unidades del municipio, llegando en el caso de Catalán a más de una docena de parientes.
Si bien la Contraloría no logró establecer la existencia de irregularidades adicionales más allá de la contratación nula ya mencionada, el informe deja en evidencia una extensa red de parentescos y vínculos laborales que podría derivar en nuevas revisiones internas o administrativas. El organismo advirtió que este tipo de relaciones deben ser analizadas bajo los principios de probidad, transparencia y prevención de conflictos de interés.
La Municipalidad de El Tabo deberá ahora responder las observaciones y acreditar la legalidad de las contrataciones cuestionadas, mientras el caso continúa bajo seguimiento del ente fiscalizador.
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