Contraloría detecta posible uso de recursos municipales en favor de particulares y ordena una investigación en Viña del Mar

La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios municipales, luego de detectar antecedentes que podrían constituir una vulneración al principio de probidad administrativa en el marco de una causa urbanística que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

La decisión quedó plasmada en el oficio N° OF129249/2026, firmado por el contralor regional (s), Jaime Guarello Mundt, tras una denuncia presentada por el abogado Jaime Esteban Piña, en representación de la empresa Makroceano S.A..

Según expone el organismo fiscalizador, la denuncia apunta a que la funcionaria de la Municipalidad de Viña del Mar María José Corvalán Kameid, quien además es cónyuge del director jurídico del municipio, Felipe Cornejo González, habría intervenido en la elaboración de un escrito presentado por tres organizaciones sin fines de lucro en contra de una resolución de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, relacionada con un reclamo urbanístico interpuesto por Makroceano S.A.

La entidad que fiscaliza a los órganos del Estado explica que, al revisar el documento judicial, constató que en las propiedades del archivo figura como autora "María José Corvalán – SECPLA", mientras que el documento aparece registrado como creado el 20 de marzo de 2026 a las 12:08 horas, es decir, durante la jornada laboral.

Asimismo, en esa misma causa judicial el informe de la Municipalidad de Viña del Mar fue evacuado por el director jurídico del municipio, Felipe Cornejo González, quien asumió personalmente el patrocinio y poder de la casa edilicia.

En su análisis, Contraloría aclara que no puede pronunciarse sobre el fondo del litigio que actualmente conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de la legalidad de la resolución de la Seremi de Vivienda. Sin embargo, precisa que ello no impide ejercer sus facultades fiscalizadoras respecto de los hechos denunciados.

En ese sentido, la entidad de control sostiene que corresponde investigar la eventual elaboración o modificación del escrito "en horario laboral y utilizando un equipo o una cuenta institucional, en favor de particulares y respecto de un acto administrativo acerca del cual ese Municipio tendría la condición de interesado y acerca de una causa en la que potencialmente debía intervenir".

El oficio también aborda la respuesta entregada por la Municipalidad de Viña del Mar, la que descartó la intervención de la funcionaria. No obstante, la Contraloría advierte que el propio Municipio de la Ciudad Jardín reconoció el uso de una cuenta de usuario asociada a María José Corvalán, antecedente que, a juicio del ente fiscalizador del Estado, justifica la apertura de una investigación administrativa.

Por ello, instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría copia del acto que disponga la investigación dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos desde la recepción del oficio.

La Contraloría fundamenta su decisión en las normas sobre probidad administrativa, recordando que constituye una infracción utilizar tiempo de la jornada laboral o recursos institucionales para fines ajenos al servicio, así como intervenir en asuntos donde existan intereses personales o de familiares cercanos, o participar en decisiones que puedan afectar la imparcialidad del funcionario.

De esta manera, será ahora la propia Municipalidad de Viña del Mar la encargada de desarrollar el procedimiento disciplinario ordenado por Contraloría para establecer si existieron o no responsabilidades administrativas derivadas de los hechos denunciados.

PURANOTICIA