Oficio instruye a ambas entidades pronunciarse tras una denuncia por el uso de recursos, inconsistencias en rendiciones y posibles conflictos de interés en la corporación.
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Un oficio de la Contraloría Regional de Valparaíso encendió nuevas alertas sobre el funcionamiento de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, luego de derivar antecedentes respecto a eventuales irregularidades detectadas a partir de una denuncia presentada por una persona bajo reserva de identidad.
El documento –al que tuvo acceso Puranoticia.cl– no ordena de inmediato una auditoría, pero sí establece que los antecedentes encontrados “podrán ser considerados como insumo en el proceso de planificación de futuras fiscalizaciones”, al tiempo que instruye la remisión de la presentación tanto al Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso como a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con el fin de que ambas entidades informen acerca de las materias expuestas por el órgano contralor.
La denuncia apunta a una serie de situaciones que, en su conjunto, configuran un escenario de potenciales problemas de probidad, gestión y control interno en la corporación, entidad que, pese a su naturaleza jurídica privada, cumple funciones públicas vinculadas al desarrollo regional y administra recursos sujetos a fiscalización.
Uno de los puntos más sensibles abordados en el oficio dice relación con la situación de Gianni Rivera Foo, quien se desempeñaba como director y primer vicepresidente de la corporación. Según se consigna, el directivo fue formalizado por la emisión de boletas ideológicamente falsas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y, aunque públicamente se ha informado su renuncia, "aún aparece como 1° vicepresidente" en los registros oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya última actualización corresponde a un proceso eleccionario anterior.
La Contraloría Regional de Valparaíso no pasa por alto esta inconsistencia y, considerando que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, en su calidad de presidente del directorio tiene la representación de la corporación, resolvió remitir estos antecedentes directamente a dicha autoridad para que adopte las medidas correspondientes. En el mismo acto, le ordena informar a la sede regional del ente que fiscaliza al Estado en un plazo de 10 días hábiles respecto de las acciones adoptadas.
El oficio también recoge cuestionamientos a la gestión administrativa de la Corporación Regional de Turismo, particularmente en lo relativo a la rendición de cuentas. Se indica que el gerente de la entidad presentó informes al Gore de Valparaíso que fueron objetados en dos oportunidades por inconsistencias, las cuales debieron ser corregidas posteriormente por el contador, tras su reincorporación luego de cumplir una licencia médica. Este antecedente, aunque expuesto como parte de la denuncia, da cuenta de debilidades en los procesos de control financiero interno.
Otro eje relevante del documento es la eventual existencia de conflictos de interés. En ese contexto, se detalla la situación del abogado José Luis Varas Muñoz, quien habría representado judicialmente a Gianni Rivera y actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Corporación Regional de Turismo. Paralelamente, según consigna la Contraloría, figura como abogado regional de Corfo bajo contrato indefinido y aparece vinculado a un convenio suscrito entre esa institución y la propia corporación para la ejecución de un programa financiado con recursos públicos.
Para la entidad fiscalizadora de los órganos estatales, esta superposición de funciones “podría configurar una posible incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses”, por lo que resolvió remitir los antecedentes a Corfo, instruyéndoles investigar la situación y, en caso de corresponder, adoptar medidas para evitar que las prerrogativas o influencias del funcionario se proyecten en su actividad privada.
En esa línea, el oficio es explícito al advertir que incluso un conflicto potencial puede afectar los intereses del Estado, recordando el principio de probidad administrativa que rige a los funcionarios públicos, el cual exige prevenir cualquier situación que pueda comprometer la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Más allá de los casos específicos, la Contraloría realiza un desarrollo jurídico que refuerza su competencia para intervenir en este tipo de entidades. Si bien la Corporación Regional de Turismo es una persona jurídica de derecho privado, el organismo subraya que está sujeta a fiscalización en cuanto al uso y destino de sus recursos, conforme a la normativa vigente, especialmente cuando estos provienen de aportes públicos o están vinculados al cumplimiento de fines de interés general.
En ese sentido, recuerda que este tipo de corporaciones –creadas al alero de los gobiernos regionales de nuestro país– cumplen un rol asesor en la planificación y ejecución de políticas públicas, lo que implica la obligación de rendir cuentas documentadas sobre sus actividades y el uso de los recursos, además de someterse a los controles establecidos por la institucionalidad respectiva.
Pese a la gravedad de los antecedentes, la Contraloría aclara que la decisión de no instruir una auditoría inmediata responde a criterios de planificación interna, señalando que sus funciones se desarrollan conforme a programas previamente definidos que priorizan materias según su relevancia y disponibilidad de recursos. No obstante a aquello, deja abierta la posibilidad de que estos hechos sean considerados en futuras fiscalizaciones, lo que mantiene el caso bajo observación.
De esta forma, sin emitir aún un pronunciamiento de fondo, la Contraloría Regional de Valparaíso deja planteado un escenario de alerta que pone bajo escrutinio el funcionamiento de una entidad clave en la promoción turística de la región, abriendo un nuevo frente de análisis sobre el uso de recursos públicos, la transparencia y los estándares de probidad en organismos vinculados al desarrollo regional.
PURANOTICIA
