Empresas con acceso directo a firma electrónica de la tesorera municipal, contratación de personas que resultaron ser socios mayoritarios de empresas posteriormente vinculadas al Municipio, tratos directos sin fundamentos, y varias otras anomalías detectó la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado en el organismo comunal.
visitas
Una serie de irregularidades detectó la Contraloría Regional de Valparaíso luego de llevar a cabo una auditoría y examen de cuentas a los ingresos percibidos por la Municipalidad de Calle Larga por concepto de permisos de circulación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, bajo la primera administración de Dina González.
De igual manera, se efectuó una revisión de los pagos realizados por el Municipio de esta comuna ubicada en la provincia de Los Andes, al interior de la región de Valparaíso, a proveedores contratados con el objeto de emitir permisos de circulación para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, es decir incluyendo los últimos meses de Nelson Venegas (hoy Diputado) en la Alcaldía.
La auditoría se planificó tomando en cuenta los riesgos identificados en la casa edilicia, los cuales dicen relación, por una parte, con el aumento de ingresos por la emisión de permisos de circulación en Calle Larga y, por otra, la suscripción de convenios con empresas automotoras y la contratación de servicios anexos para el otorgamiento y recaudación de ingresos por concepto de permisos de circulación.
Entre los objetivos de la fiscalización estaba el verificar que el otorgamiento de los permisos de circulación de vehículos se haya ajustado a la normativa vigente; comprobar que los convenios suscritos por la Municipalidad de Calle Larga para gestionar el cobro de los permisos de circulación se hayan ajustado al principio de legalidad; y constatar que los ingresos percibidos por este se hayan registrado, calculado y contabilizado, según la normativa que regula la materia.
Uno de los aspectos que resulta clave para entender el origen del conflicto es que el Municipio de Calle Larga contrató a los proveedores Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda. y Go Solutions Chile Ltda. para efectuar la emisión de permisos de circulación durante el periodo señalado previamente, lo cual se revisó en su totalidad. Este es el detalle del «Informe final N° 35 / 2024», al cual accedió Puranoticia.cl.
Entre los resultados del trabajo fiscalizador de la Contraloría, se comprobó que la empresa Go Solutions Chile tenía acceso directo a la firma electrónica avanzada de la Tesorera Municipal para suscribir el pago de los boletines de permiso de circulación. Esto significó una externalización o traspaso a un particular del otorgamiento y renovación de los permisos de circulación, situación que resulta improcedente.
Cabe recordar que tal labor es propia de la función pública municipal, por lo que debe ser desarrollada única y exclusivamente por funcionarios de los municipios. Por ello, se le instruyó a la entidad edilicia que adopte las medidas de control necesarias para que los próximos permisos de circulación sean suscritos por un funcionario municipal, lo cual será acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo.
Luego, se advirtió que previo a la contratación de las empresas Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda., y Go Solutions Chile Ltda. por parte del Municipio, la entidad contrató a Denise Sánchez Durán y Ayax Rebolledo Araya, socios mayoritarios de las firmas que mantuvieron una larga relación comercial con la casa edilicia. Según Contraloría, esto no resulta procedente, pues "atenta con el principio de libre concurrencia de los oferentes que debe imperar en los contratos administrativos".
También se constató que la mencionada Denise Sánchez Durán efectuó durante el año 2022, el retiro de 2 mil sellos verdes en la Casa de Moneda, con autorización del encargado de permisos de circulación de la época. No obstante, en ese momento la mujer ya no cumplía labores en el Municipio de Calle Larga, por lo que se les ordenó ajustar su actuar a lo dispuesto en el Reglamento de Funciones de la Municipalidad.
La indagatoria permitió comprobar que desde enero de 2023, el Municipio de la alcaldesa Dina González comenzó a pagar a la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda. un monto mensual de $29.500.000, sin que existan respaldos que acrediten el cambio en la modalidad de pago establecida en el convenio, que era solo de $4,4 millones, además de un porcentaje del 5% de los ingresos que se logren mantener.
De igual forma, el Municipio de Calle Larga pagó $3.698.952 a Denise Sánchez Durán por los servicios honorarios de diciembre de 2020, sin que se hayan acreditado las labores convenidas en el informe de actividades presentado por la propia involucrada.
El estudio de Contraloría también permitió detectar que las funciones contratadas con la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda., relacionadas con “estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales”, no son una mera acción de apoyo a la gestión, sino que dicen relación con el ejercicio de una función de tipo administrativa, que afecta el ejercicio de competencias que fueron entregadas por el legislador a la Dirección de Administración y Finanzas.
En cuanto a la contratación por la vía del trato directo con la empresa Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda., se comprobó que no estaba suficientemente fundada. También se verificó que dicha prestación de servicios superó el límite de las 1.000 UTM.
Además, una cláusula del convenio con Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda. estableció una duración de los servicios de 3 meses, sin embargo, se detectó un contrato que menciona una duración de 6 meses, además de verificarse que la Municipalidad de Calle Larga pagó más de 131 millones de pesos ($131.367.919) a dicha firma por 5 meses, superando la duración de los 3 meses convenida.
Los programas informáticos proporcionados por Asesorías e Inversiones Don Gaspar Ltda., los cuales serían de alta utilidad para la Unidad de Tránsito y Transporte Público, denominados «Reportes_BCL» Y «PDF a_Texto», contenían errores de cálculo, por lo que la administración de la alcaldesa Dina González dejó de utilizarlos.
Contraloría comprobó que la contratación con la empresa Go Solutions Chile Ltda., mediante trato directo, no fue acreditada a través de una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia. Además, dicha adquisición no fue aprobada por el Concejo Municipal de Calle Larga.
En relación a la misma empresa, también se constató que la entidad comunal le pagó prestaciones de servicios por enero y febrero de 2022, por $7.140.000, cuando la duración del convenio era hasta el 31 de diciembre del año 2021.
En ese mismo sentido, se advirtió que la contratación directa con Go Solutions Chile Ltda., por $55.530.000, por servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, los pagos superaron dicho monto. Además, se verificó que la duración de la contratación alcanzó los 11 meses, cuando el periodo era de 10 meses. Tampoco se suscribió un contrato de prestación de servicios, según lo indicado en los términos de referencia.
De igual manera, Contraloría verificó que los informes mensuales preparados por la empresa Go Solutions Chile, adjuntos a los decretos de pago, no señalan la cantidad de vehículos que obtuvieron el permiso de circulación, según lo establece los términos de referencia. Por ello, se ordenó al Municipio que exija a los proveedores el cumplimiento de las condiciones dispuestas para su contratación.
En otras irregularidades detectadas en la auditoría de la Contraloría, se advirtió que el Municipio de Calle Larga no cauteló en los convenios de colaboración suscritos con las empresas ICAR S.A. Americar y Legaltec respecto a acreditar la aquiescencia del contribuyente de obtener su permiso de circulación en dicho órgano comunal, por lo que se le ordenó tener presente lo dispuesto en la jurisprudencia.
Se comprobó además que la casa edilicia suscribió un convenio de colaboración con la empresa Legaltec, la cual no posee giro de venta de vehículos, acorde con lo verificado en la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII). Por ello, se les ordenó realizar un sumario y adoptar las medidas de control pertinentes para verificar estas situaciones.
La auditoría detectó que dos cláusulas de los convenios de colaboración con ICAR S.A. y Legaltec establecieron un sistema de pago donde debían depositar de forma anticipada en la cuenta corriente del Municipio, de cuyos montos se descontarían los permisos de circulación nuevos que las empresas vayan solicitando. Además, se determinó que el convenio con la automotora Cordillera S.A., estipuló que la empresa podrá depositar periódicamente las cantidades de dinero que estime suficientes para enterar el pago de los permisos de circulación, modalidades que no establecen la percepción inmediata de los recursos en razón de los permisos emitidos, afectando la información del sistema contable y el principio de devengado de los ingresos.
El Municipio tampoco exigió a ICAR S.A., Legaltec y Cordillera S.A, la entrega de los informes mensuales que indicaban los saldos que mantenían en la respectiva cuenta corriente municipal, además se identificaron deudas por dichos convenios ante la falta de control por parte del Municipio al no emitir dichos informes.
Atendido todos estos puntos expuestos, además de las medidas que en cada caso la Contraloría ordena realizar, la Municipalidad de Calle Larga deberá instruir un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados en tales hechos, cuyo acto administrativo deberá ser remitido a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General.
PURANOTICIA
