El órgano contralor detectó que el Municipio no evacuó respuesta al preinforme dentro del plazo, pese a haber recibido el documento. Gestión Nieto asegura que los hallazgos coincidían con su diagnóstico interno y que optaron por no formular observaciones.
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Un complejo escenario administrativo se ha abierto para la gestión de la Municipalidad de Valparaíso, encabezada por la alcaldesa Camila Nieto, luego que la Contraloría confirmara que su administración no respondió dentro de plazo al preinforme de auditoría que contenía severas observaciones respecto del manejo de recursos públicos en la comuna porteña durante la gestión del exalcalde Jorge Sharp.
El antecedente quedó consignado en un oficio emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, en el marco del seguimiento del Informe Final N°151 de 2025, documento que sistematizó los resultados de una auditoría a los gastos municipales ejecutados entre enero y septiembre de 2024, en la denominada «Alcaldía Ciudadana».
Si bien, ese periodo corresponde a la administración municipal anterior –liderada por Jorge Sharp–, el foco actual se traslada a lo ocurrido meses después –ya bajo la gestión de Camila Nieto–, particularmente en lo relativo al cumplimiento de los procedimientos de fiscalización que tiene la entidad que fiscaliza al Estado.
El contenido del preinforme –y posteriormente del Informe Final N°151– no es menor. Entre los principales hallazgos detectados por la Contraloría se encuentran modificaciones en los registros del sistema de reloj control respecto de los marcajes de asistencia de funcionarios, sin que se advirtiera justificación para dichos cambios.
De igual forma, se reportó la existencia de una cuenta contable denominada «Deudores por rendición de cuentas», con un saldo cercano a los $17.965 millones, sin que el Municipio de Valparaíso acreditara acciones efectivas para exigir la rendición de esos recursos o realizar los ajustes contables correspondientes.
También hubo observaciones vinculadas al cumplimiento de instrucciones emitidas en el contexto de procesos electorales, lo que añade una dimensión adicional al análisis del uso de fondos públicos durante la administración Sharp en Valparaíso.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría Regional ordenó a la Municipalidad porteña instruir un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos observados.
De acuerdo con el oficio, el Preinforme de Observaciones N°151 fue remitido el 14 de julio de 2025 a las casillas electrónicas institucionales de la alcaldesa Camila Nieto y del director de control municipal de ese entonces en la casa edilicia porteña.
El documento –que contenía los hallazgos preliminares de la auditoría– debía ser respondido dentro de un plazo inicial de 10 días hábiles. Posteriormente, la Municipalidad solicitó y obtuvo una prórroga de cinco días adicionales, lo que extendía el periodo para presentar descargos, aclaraciones o antecedentes que permitieran desvirtuar o complementar las observaciones formuladas.
Sin embargo, según constató la Contraloría, la casa edilicia porteña no evacuó respuesta alguna dentro de dicho plazo ampliado, pese a que existe registro de que el preinforme fue efectivamente recibido por la administración de Nieto.
Este punto es particularmente relevante, ya que el proceso de auditoría contempla precisamente esa instancia como una etapa clave para que el organismo auditado pueda ejercer su derecho a defensa administrativa antes de la emisión del informe final.
A raíz de esta omisión, la Contraloría instruyó que la Municipalidad de Valparaíso deberá ahora informar de manera fundada y documentada cuáles fueron las actuaciones adoptadas tras la recepción del preinforme, debiendo explicar expresamente los motivos que justifican la falta de respuesta dentro del plazo establecido.
Este requerimiento abre un nuevo frente administrativo para la actual gestión comunal, en la medida en que la omisión de responder a un preinforme de auditoría puede ser interpretada como una debilidad en los mecanismos de control interno o en la coordinación institucional frente a procesos de fiscalización.
Puranoticia.cl se comunicó con el equipo de prensa de la casa edilicia porteña, que respondió a través de una declaración institucional en la que exponen que "como Municipalidad de Valparaíso informamos que en enero de este año presentamos ante el Concejo Municipal todos los antecedentes y fundamentos vinculados al informe de Contraloría, en el marco de un proceso de transparencia y revisión institucional".
También señalaron que "considerando que los hallazgos identificados por el organismo fiscalizador eran coherentes con nuestra evaluación interna, no se estimó necesario formular observaciones al preinforme. Sin perjuicio de ello, elaboramos un plan de acción con medidas específicas para abordar cada una de las situaciones detectadas".
"Este plan fue oportunamente informado a la Contraloría General de la República en una reunión sostenida con la entidad, instancia en la que se expuso en detalle las acciones comprometidas. Actualmente, como Municipio, nos encontramos en pleno proceso de implementación de estas medidas, con el objetivo de fortalecer nuestros procesos internos y dar cumplimiento a los requerimientos del órgano contralor", sentenciaron.
En paralelo, el caso sumó un nuevo capítulo luego que exautoridades y exfuncionarios municipales –entre ellos Jorge Sharp– presentaran antecedentes ante Contraloría con el objetivo de cuestionar o complementar las conclusiones del informe.
Entre sus planteamientos, sostienen que el monto observado por concepto de rendiciones pendientes podría ser inferior al señalado en la auditoría; que la Municipalidad sí habría realizado gestiones para exigir dichas rendiciones; que existían antecedentes disponibles que no habrían sido considerados por el organismo fiscalizador, debido a que no fueron remitidos oportunamente.
Asimismo, los recurrentes plantean ante Contraloría que la omisión en la entrega de información al momento del preinforme podría constituir una irregularidad que amerita la determinación de responsabilidades administrativas.
Frente a estas presentaciones, la Contraloría Regional de Valparaíso fue categórica en señalar que no corresponde pronunciarse sobre esos argumentos en esta etapa del proceso, precisando que la determinación de responsabilidades individuales debe realizarse en el marco del procedimiento disciplinario instruido.
Y agregó que los exfuncionarios deberán hacer valer sus descargos y antecedentes dentro del sumario administrativo, instancia que tiene precisamente por objeto establecer los hechos, la participación de los involucrados y las eventuales sanciones.
Lo revelado por Contraloría fue analizado por el concejal Leonardo Contreras, quien señaló a Puranoticia.cl que "la verdad es que sorprende la disputa entre Jorge Sharp y el Frente Amplio, toda vez que siguen en la lógica de buscar responsables, en vez de hacerse responsables de sus propias responsabilidades y conductas. Llama la atención que en esta discusión los únicos que han perdido son los porteños, puesto que las arcas municipales han sido afectadas gravemente por la falta de capacidad para una buena administración".
De igual forma, sostuvo que "sin embargo, este último informe de la Contraloría llama la atención, puesto que pone en evidencia la impericia de la actual administración municipal para hacerse cargo de procesos que son totalmente comunes y habituales. Por lo tanto, lo que vamos a solicitar es que se inicien los procedimientos administrativos internos que busquen la responsabilidades de quienes tuvieron que haber contestado".
"Acá estamos ante una situación muy similar a la que ocurrió con el juicio a propósito del Parque Pümpín, donde no se rindió oportunamente la prueba, donde la Municipalidad quedó en indefensión. Hoy día ante la Contraloría quedamos de la misma manera porque estamos frente a una falla institucional y que creo personalmente que se radica en la Dirección de Asistencia Jurídica, que una y otra vez ha cometido errores que perjudican los procesos administrativos internos, demoran los contratos, demoran los sumarios y demoran la respuesta, tanto a los tribunales como a la Contraloría General de la República", complementó el edil porteño.
Como telón de fondo, la resolución de este caso quedará sujeta tanto a las explicaciones que entregue la administración de Camila Nieto como al desarrollo del sumario instruido, proceso que será clave para esclarecer si las observaciones detectadas por la Contraloría derivan en responsabilidades concretas y qué impacto tendrán en la gestión de la Municipalidad de Valparaíso en materia de control y uso de recursos públicos.
PURANOTICIA
