Contraloría abre sumario contra alcalde de Quintero tras denuncia por presunto abuso sexual: proceso judicial sigue en curso

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abrir un procedimiento disciplinario en contra del alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, a raíz de una denuncia ingresada ante el ente fiscalizador. Tras la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre, el caso comenzó su trámite en el ámbito administrativo con el objetivo de determinar si existió o no una infracción al principio de probidad administrativa por parte de la autoridad comunal.

En paralelo, la vía judicial se encuentra en fase de investigación por parte del Ministerio Público tras la presentación de una querella. Hasta la fecha, el proceso judicial está en curso y no existe una sentencia ejecutoriada ni condena que establezca judicialmente la responsabilidad sobre las imputaciones. Asimismo, el jefe comunal no ha sido formalizado ni acusado ante la justicia, por lo que no enfrenta consecuencias electorales inmediatas.

Al respecto, la abogada de la denunciante, Cynthia Pérez, detalló en conversación con Informe Especial: "Si posteriormente fuera acusado por un delito que merezca pena aflictiva, se suspendería su derecho a sufragio y quedaría temporalmente impedido de ejercer como alcalde".

RELATO DE LA ACUSACIÓN

El caso involucra a Jocelin de la Fuente (42), trabajadora que en abril pasado entregó su testimonio en 24 Horas Reportajes. En dicha oportunidad, la denunciante expresó sobre el motivo de hacer pública su acción legal: "Quiero que se sepa, quiero que no quede ahí, quiero defenderme".

Según expuso en la entrevista con 24 Horas Reportajes, las presuntas acciones habrían acontecido la noche del 8 de marzo, posterior a una actividad del Día Internacional de la Mujer, en un local nocturno de la zona donde trabajaba. Al desempeñarse también como conductora de aplicaciones, se le solicitó trasladar al alcalde y a su cónyuge hasta su domicilio.

En ese contexto, la denunciante acusó una eventual tocación indebida antes de retirarse del recinto. Posterior a ello, tras solicitar el acompañamiento de su superiora, manifestó que el jefe comunal habría abordado el vehículo en el asiento del copiloto, lugar desde donde se habría repetido la conducta durante el trayecto, en presencia de la esposa de la autoridad en el asiento posterior.

De la Fuente sostuvo que, tras recibir un apoyo inicial por parte de sus empleadoras, posteriormente le fue notificado un finiquito de mutuo acuerdo. Al no aceptarlo, fue desvinculada de sus labores, tras lo cual resolvió interponer la denuncia ante las autoridades y formalizar la querella correspondiente.

POSIBLES ESCENARIOS

En el frente penal, la acción interpuesta por la representación de la denunciante busca que se decrete una sanción que va de tres a cinco años de presidio en caso de acreditarse el delito de abuso sexual, junto con eventuales penas accesorias como la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por su parte, en el área administrativa, si la Contraloría comprueba una falta a la probidad, los escenarios podrían incluir la eventual destitución o la prohibición de postular a cargos de elección popular.

Cabe señalar que, dentro de sus antecedentes judiciales previos, Silva registra una condena por conducción en estado de ebriedad acaecida hace unos años. En el caso actual, no existe resolución definitiva ni fallo condenatorio firme, manteniéndose las indagatorias abiertas tanto en sede administrativa como judicial.

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