Desde la colectividad indicaron que el Municipio que administra Camila Nieto "adoptó un rol pasivo, complaciente y cómplice" en el remate de los terrenos de la Inmobiliaria Curauma, donde la casa edilicia porteña es acreedora por más de 2 mil millones de pesos.
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Desde el Partido Republicano adelantaron que la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, podría enfrentar una acusación por notable abandono de deberes, situación que incluso podría derivar en su destitución por haber descuidado de manera flagrante el patrimonio municipal, según dieron a conocer a Puranoticia.cl.
El hecho dice relación con la participación de la Municipalidad de Valparaíso en el proceso de liquidación concursal de la sociedad Inmobiliaria Curauma S.A., declarada en quiebra en el año 2013, a pesar de que en ese momento mantenía activos urbanos oficialmente tasados en más de 11.000.000 de UF, incluyendo más de 3.000 hectáreas urbanizables, infraestructura instalada, contratos vigentes y un plan de desarrollo en curso. A pesar de ese patrimonio, fue liquidada judicialmente por una deuda de ínfimo monto, y desde entonces sus activos han sido objeto de remates con valores muy por debajo del mercado, en evidente perjuicio para los acreedores públicos.
En un documento enviado a la contralora Dorothy Pérez, se expone que actualmente, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso mantiene créditos reconocidos por más de $2.000 millones, según consta en la Junta de Acreedores celebrada el 29 de mayo del presente año, dentro de un pasivo total que supera las 1.576.000 UF. En este contexto, el síndico designado ha convocado el Remate Judicial N°22, programado para el 21 de agosto de 2025, correspondiente a un lote de 535 hectáreas, fijando como precio base 100.000 UF en total, lo que equivale a apenas 0,0187 UF por m2. Este valor es notoriamente inferior al valor comercial real para terrenos urbanizables en la zona de Alto Valparaíso, donde estudios técnicos y transacciones comparables sitúan el valor entre 1,5 y 5 UF/m².
Desde la colectividad señalaron que "estamos a la espera del informe de la Contraloría General de la República para concurrir al Tribunal Electoral Regional. Allí debe sancionarse la negligencia de la autoridad comunal, porque en el remate de los terrenos de la Inmobiliaria Curauma S.A. –donde la Municipalidad es acreedora por más de $2 mil millones– el Municipio adoptó un rol pasivo, complaciente y cómplice. No se hizo la pega y se permitió que se pusiera en riesgo dinero de todos los vecinos”.
Este comportamiento –advirtieron– encaja en la causal de notable abandono de deberes, prevista en el art. 60 letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695), que obliga a los alcaldes a defender el patrimonio de la comuna. Así, afirman que la omisión de la jefa comunal no es un error administrativo menor, sino que una infracción directa a su deber constitucional y legal.
"Estamos ante una negligencia evidente y reiterada, que no solo afecta el patrimonio municipal, sino que vulnera la probidad administrativa exigida por el artículo 8 de la Constitución y por la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública. Nuestra labor fiscalizadora, amparada en el artículo 79 de la Ley de Municipalidades, nos obliga a actuar con firmeza. No se trata de una opción política: es una obligación legal”, agregaron dirigentes de la tienda de derecha.
A esto se sumaría una segunda omisión: afirman que la Unidad Jurídica del Municipio guardó silencio, pese a que la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo (Ley 18.834) exige a los funcionarios públicos velar por los intereses de la institución y cumplir con su deber de diligencia. Según quedó registrado en actas, en sesión del Concejo Municipal, la funcionaria encargada comprometió una respuesta formal sobre el tema, pero jamás la entregó. Se habría incumplido, además, con la obligación de control y responsabilidad que establece la Ley 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
También señalaron que no se trataría de un simple descuido: "Estamos frente a una conducta reiterada, complaciente y lesiva, que puede costarle al municipio más de $2 mil millones. Una Alcaldesa que no actúa para defender los bienes comunales infringe la ley, atenta contra la fe pública y traiciona la confianza ciudadana".
De igual forma, aportaron antecedentes que dan cuenta que entre el 2 de abril de 2014 y el 27 de marzo de 2025, se celebraron al menos 51 Juntas Ordinarias de Acreedores en el proceso concursal de Curauma S.A. La Municipalidad de Valparaíso, en su calidad de acreedora, ha tenido una participación intermitente en estas instancias, con asistencia registrada en 18 ocasiones y ausencia en 33. Esto representa una tasa de asistencia del 35,3% y una inasistencia del 64,7% durante el período analizado.
Entre 2014 y 2016 se observa una participación mayormente regular. A partir de 2017 y hasta 2021, la asistencia fue esporádica. Desde 2022 hasta 2025, se registran presencias en las juntas N°29 (31.05.2018), N°35 (25.11.2021), N°39 (26.05.2022), N°40 (27.10.2022), N°43 (29.05.2023), N°44 (31.08.2023), N°49 (26.09.2023), N°50 (28.11.2024) y N°51 (27.03.2025), pero también inasistencia a múltiples sesiones clave, incluyendo las N°30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47 y 48.
Por último, aseguraron que en ninguna de las sesiones en que la Municipalidad concurrió se solicitó al síndico la realización de una nueva tasación de los activos del proceso, incluyendo el Lote CSM1-A de 535 hectáreas, programado para remate judicial el 21 de agosto de 2025 con un valor base de 100.000 UF o 90.000 UF. Tampoco consta en actas la presentación de observaciones, reparos o solicitudes vinculadas a la valorización o al procedimiento de remate.
PURANOTICIA
