La alcaldesa de Viña del Mar subraya que su municipio fue el único sin reparos ni juicios de cuenta y lanza una dura señal a autoridades del mismo conglomerado: “No porque esté en un conglomerado político uno tiene que aceptar cualquier cosa”.
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En medio de la controversia generada por los informes de la Contraloría General de la República tras la emergencia que afectó a la zona, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, conversó con Puranoticia Matinal, y no solo defendió la gestión municipal, sino que apuntó con fuerza a la responsabilidad política de su propio sector.
La jefa comunal partió marcando una diferencia categórica respecto de otros organismos observados. “Agradezco la distinción porque es efectivamente un océano de diferencia. Aquí, para ser precisos, hay cinco informes y como muy bien dice usted, hay cuatro organismos que son los que son siempre investigados, producto de que son organismos que manejan dinero: Municipio Viña, Quilpué, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior a través de la delegación presidencial”, señaló.
Ripamonti enfatizó que el municipio fue el único que no terminó con acciones mayores: “Solo hay uno que no tiene observaciones que no terminan con eventuales juicios de cuenta. No hay ninguna observación de manejo ilegal o de falta de respaldo económico de nada que vaya a terminar en un juicio de cuentas. Tampoco en el Ministerio Público ni en el Consejo de Defensa del Estado. El único organismo que sale libre de cualquier observación de esa índole es el municipio de Viña del Mar”.
En ese contexto, explicó la diferencia técnica entre reparos y observaciones: “Los titulares en el lenguaje común suenan súper mal, pero una distinción entre un reparo y un juicio de cuentas y una observación por el problema de foliación de un documento es algo muy distinto”. Y añadió: “Un reparo termina virtualmente en juicio de cuenta. Una observación es no cumplir un manual de procedimiento, una ausencia de ficha, un problema de inventario, pero que no guarda relación con dinero”.
La alcaldesa defendió además las decisiones adoptadas en las primeras horas de la catástrofe, apelando a la figura jurídica de la “inexigibilidad”: “En las primeras seis horas la tarea fue adquirir alimentos y montar seis albergues para 1.200 familias. Es una locura. Las fichas se terminaron de aplicar en 16 días. ¿Te imaginas 16 días sin entregar ayudas?”.
Pero el tono cambió cuando fue consultada por las observaciones que sí afectan a la delegación presidencial, encabezada por autoridades del mismo conglomerado político. Lejos de cerrar filas, Ripamonti fue enfática: “Es importante que ellos se preocupen de aclarar esta situación, que recopilen toda la información y que se preocupen por esclarecerla con los organismos correspondientes porque aquí el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y el Consejo de Defensa del Estado. La situación es inexplicable”.
Ante la pregunta de si podría existir fraude al fisco, evitó adelantar juicios judiciales, pero endureció el estándar político: “Yo creo que eso lo termina un juez. Me parece demasiado apresurado, pero te puedo decir algo como persona y líder de una ciudad: uno no porque esté en un conglomerado político o tenga alianzas tiene que aceptar cualquier cosa”.
La alcaldesa fue más allá y apuntó directamente a la coherencia del proyecto político que representa: “Con las personas más cercanas es con quienes más debemos exigirnos. Cuando existen este tipo de circunstancias, la actitud nunca debe ser ocultarlo o hacer defensas a cualquier evento, sino ser prudentes, entregar los antecedentes y que operen los organismos del Estado”.
En una de sus declaraciones más críticas, sostuvo: “Nuestra fuerza política nace a partir de una crítica muy dolorosa de cómo se hacían las cosas. Se espera de nosotros que lo hagamos mejor y me parece que eso es de sentido común. De lo contrario estamos destinados a la mediocridad”.
Ripamonti también recalcó que las explicaciones no son un favor personal, sino una obligación con la ciudadanía: “Los vecinos de Viña del Mar están esperando saber qué es lo que ha ocurrido y creo que se lo merecen. El Estado debería funcionar para ellos. No para que alguien se beneficiara de una catástrofe, eso es muy táctil”.
Finalmente, aseguró que, pese a haber sido el único organismo sin juicios de cuenta, su administración ya trabaja en mejoras: “Reconozco las observaciones que nos hacen. Ya tenemos manuales de procedimiento y seguimos entrenándonos. Eso es lo que hace un líder: sortear desafíos, aprender de ellos, no rehuirlos”.
Así, la alcaldesa no solo defendió su gestión ante la Contraloría, sino que instaló un mensaje interno en su sector: el estándar ético y administrativo —afirma— debe ser más alto precisamente porque el proyecto político que representan se fundó en la promesa de hacer las cosas mejor.
PURANOTICIA
