Desazón hubo en diputados de oposición que solicitaron derechamente que se destituyera del cargo al Ministro de Vivienda por su responsabilidad en el proceso. También se rechazó la imputación de "indolencia" del secretario de Estado con los damnificados.
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La noche de este jueves 21 de agosto se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la sesión final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Alta expectación existía en el seno de esta instancia legislativa, pues la mayor parte de los parlamentarios de oposición buscaban determinar responsabilidades políticas frente a este lento proceso que tiene como objetivo recuperar casas y barrios perdidos en aquellos fatídicos 2 y 3 de febrero en vastos sectores de estas tres comunas.
No obstante, tras una tensa sesión, finalmente la comisión –creada para indagar el rol de las autoridades en la reconstrucción– cerró sin consensos sobre las eventuales responsabilidades políticas, pese a los cuestionamientos de la oposición hacia el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
El preinforme –elaborado por los diputados Andrés Celis, Andrés Longton y Luis Fernando Sánchez- indicaba en uno de sus numerales que "la Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República que destituya de su cargo al Ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes Cisternas, por ser el responsable directo en las labores de reconstrucción que le fueron encomendadas".
De igual forma, se acusaba que "la actitud adoptada por el ministro Montes para con las víctimas ha sido indolente, carente de espacios para escuchar adecuadamente a quienes han sufrido las consecuencias más devastadoras del incendio". No obstante, todas estas imputaciones fueron rechazadas luego que los diputados oficialistas votaran alineados; esto –según dicen– por gestiones de la Secretaría General de la Presidencia.
Con la votación tampoco prosperó el intento de la derecha de buscar las responsabilidades políticas de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, quien –recordemos– es la encargada de la reconstrucción a nivel central.
Tras la votación, el diputado Celis (RN) señaló que "quedé con un sabor amargo porque no se reconoció que, al menos, hay una responsabilidad, una negligencia, una culpa de muchos actores y autoridades políticas, y que ni siquiera hayamos sido capaces de que el Presidente de la República pueda estudiar la continuidad de la Ministra de Desarrollo Social, que ni siquiera se haya reconocido algún tipo de negligencia del Ministro de Vivienda y otras autoridades del Minvu y del Serviu Regional. Creo que ese es el punto más débil con el que me voy, en cuanto a que no se aprobó".
Por su parte, el diputado Longton (RN) planteó que "la responsabilidad política, que es bastante evidente de quienes han encabezado este proceso, no se aprobó por la complicidad que del oficialismo y la carencia de objetividad e imparcialidad, y la falta de empatía de ponerse en los zapatos de los damnificados, y no en los de su militancia. Primero está la ciudadanía y el sufrimiento y, obviamente, la falta de capacidad que ha tenido este Gobierno para acelerar este proceso de reconstrucción y eso, lamentablemente, no contó con los votos de los parlamentarios de Gobierno".
En tanto, el diputado Luis Sánchez (Republicanos) dijo que "lamento profundamente que al informe aprobado se le haya quitado toda la carne, toda la sustancia, toda la asignación de responsabilidades directamente al ministro Montes, que es quien ha fallado en conducir el proceso de reconstrucción de manera rápida, de manera eficaz y con claridad hacia las víctimas, y que también se haya rehuido de cualquier palabra que pueda interpretarse como una condena categórica a este retraso como responsabilidades claras en las autoridades de gobierno que no se han hecho cargo".
Por el lado del oficialismo, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) llamó a "no caer en la pelea chica" y optó por destacar el respaldo transversal a la propuesta para generar una institucionalidad encargada de los procesos de reconstrucción tras emergencias. "Serviu hace la tarea de cuatro instituciones: la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit), la ex Corporación de Vivienda (Corvi) y la Corporación de Obras Públicas (COU). Hoy veo que la oposición ha entrado a una reflexión y que está abierta a discutir esta institucionalidad", sostuvo.
Otro de los puntos aprobados en el informe final tienen que ver con la modificación de los criticados conceptos de "hábil" e "inhábil" al momento de calificar a los damnificados; a lo que se suma la prórroga del Fondo de Emergencia Transitorio más allá de 2026, fecha en la que vencía; además de modificaciones a normas legales, reglamentos e instructivos para hacer más eficiente el proceso de reconstrucción.
PURANOTICIA
