Diputado Teao advirtió que "desde el bolsillo de todos los chilenos se pagan cerca de $7 millones mensuales a un director suspendido desde 2022, particularmente en el SLEP Valparaíso, situación que se repite en O’Higgins, Atacama, Magallanes y Aconcagua".
visitas
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó –de manera unánime– citar al ministro Nicolás Cataldo y a cinco directores de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que, pese a encontrarse suspendidos de sus funciones, continuaban recibiendo sueldos con cargo a recursos del Estado.
La citación se funda en antecedentes expuestos por el diputado Hotuiti Teao, quien advirtió que “desde el bolsillo de todos los chilenos se pagan cerca de $7 millones mensuales a un director suspendido desde el año 2022, particularmente en el SLEP Valparaíso, situación que se repite en O’Higgins, Atacama, Magallanes y Aconcagua. Estamos hablando de recursos de la educación pública que siguen financiando direcciones que no están ejerciendo funciones. Esto es grave, alarmante e inaceptable”.
“Son millones de pesos al mes que salen del Estado y no llegan a las salas de clases, afectando directamente a estudiantes y comunidades educativas. En ese contexto, valoro que esta instancia fiscalizadora haya apoyado -de forma unánime- mi solicitud, logrando así que, en una próxima sesión, se revise qué decisión administrativa y qué respaldo legal permiten mantener estos pagos mientras existe una suspensión vigente. Necesitamos que dicha explicación se entregue con el ministro presente y con los directores involucrados dando la cara”, indicó el legislador.
Asimismo, enfatizó que “la educación pública no puede seguir pagando los costos de la mala gestión. La ciudadanía espera respuestas inmediatas, responsabilidades claras y correcciones urgentes. Cada peso que se destina a sueldos injustificados es un peso menos para fortalecer la educación, apoyar a la infancia y mejorar las condiciones reales de aprendizaje”.
Finalmente, Teao concluyó diciendo que “este tipo de situaciones no son hechos aislados, sino parte de un problema estructural que exige control y fiscalización efectiva del uso de los recursos públicos. El Ministerio de Educación concentra la mayor asignación del Presupuesto Nacional, con cerca de una quinta parte del gasto público anual, lo que refuerza la obligación del Estado de resguardar cada peso destinado al sistema educativo”.
PURANOTICIA
