La Subsecretaría de Prevención del Delito explicó los alcances de esta normativa que, entre otras medidas, modernizará los requisitos y prohibiciones para que personas naturales y jurídicas puedan desempeñar funciones de seguridad privada.
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Con la participación de equipos de seguridad de las municipalidades y delegaciones presidenciales de la región de Valparaíso, además de representantes del retail, Carabineros del OS10 y funcionarios de Directemar, se realizó este viernes la primera jornada de capacitación sobre la nueva Ley Nº 21.659 de Seguridad Privada.
La seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, destacó la actividad como “un hito de inicio del trabajo regional en la implementación de la nueva ley, que requiere dar a conocer tanto al mundo público como privado, cómo será esta nueva etapa en el manejo de la seguridad privada en el país".
"Desde el Ministerio de Seguridad Pública hemos reforzado la articulación público-privada. De hecho, en el marco legal que nos da vida como ministerio, se reconoce y se formaliza la contribución de los distintos estamentos -incluyendo el ámbito privado- en temas de seguridad pública y ahí el eje estructurante es la nueva ley de seguridad privada”, complementó.
Con su implementación, a contar de este mes, se busca consagrar el rol preventivo, complementario y coadyuvante que posee la seguridad privada, respecto de la seguridad pública.
En ese sentido permite regular una industria que involucra un gran volumen de personal, modernizando los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, estableciendo algunas prohibiciones específicas y actualizando los procesos de certificación de guardias de seguridad y vigilantes privados, lo que estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito que administrará una plataforma informática interconectada con las autoridades fiscalizadoras correspondientes.
Para las entidades obligadas, la ley conlleva una serie de nuevos desafíos y obligaciones a las empresas de transporte de valores, instituciones bancarias y financieras, y empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dinero en sus operaciones. Finalmente, exige estudios de seguridad para evaluar riesgos y acciones para su correcto funcionamiento.
Cabe hacer presente que se mantendrán las jornadas de difusión y capacitación para que los interesados cuenten con toda la información. La seremi Romero cerró señalando que “esta ley viene a robustecer la institucionalidad para la seguridad pública y lograr una coproducción de la seguridad de los distintos actores involucrados, tanto públicos como privados. Antes de esta normativa no existía una regulación legal integral de la seguridad privada, sino que se encontraba dispersa en numerosas normativas, tales como leyes, decretos, reglamentos y manuales, por lo que esto es sin duda un gran avance en la gestión de seguridad que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.
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