El diputado de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, se refiere a la desmunicipalización de la educación pública en Chile, la que califica como "una de las reformas estructurales más relevantes que ha emprendido el Estado en las últimas décadas".
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El proceso de desmunicipalización de la educación pública en Chile es, sin duda, una de las reformas estructurales más relevantes que ha emprendido el Estado en las últimas décadas. Su objetivo es claro y compartido: reconstruir un sistema de educación pública que garantice el derecho a la educación con equidad, calidad y sentido territorial, superando las profundas desigualdades que dejó la municipalización.
Sin embargo, también es evidente que una reforma de esta magnitud no se implementa sin tensiones, dificultades ni aprendizajes. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), creados para asumir esta tarea, han debido instalarse en contextos complejos, heredando deudas, déficits de infraestructura, problemas de gestión y expectativas legítimas de comunidades educativas que por años se sintieron abandonadas por el Estado.
A más de ocho años del inicio de este proceso, existe un diagnóstico ampliamente compartido: la desmunicipalización es necesaria, pero requiere ajustes urgentes para funcionar bien en régimen. Persistir en los errores sería irresponsable; retroceder, aún más.
Las mejoras que hoy se discuten en el Congreso no buscan desmantelar la reforma, sino hacerla viable, sostenible y efectiva. Fortalecer los planes de transición, ordenar los plazos de traspaso, reducir burocracias innecesarias, mejorar la gestión financiera, crear un fondo específico de infraestructura y acercar los SLEP a los territorios mediante oficinas locales no son concesiones políticas, sino respuestas concretas a problemas reales.
Quienes mejor han expresado estas urgencias han sido las propias comunidades educativas. Profesores y profesoras, asistentes de la educación, equipos directivos y trabajadores de los Servicios Locales han señalado reiteradamente que el problema no es la existencia del sistema, sino cómo se ha implementado. Han pedido mayor acompañamiento, claridad en las responsabilidades, estabilidad en la conducción y condiciones laborales que reconozcan la diversidad territorial del país.
Escuchar al profesorado no es una debilidad del Estado, es una fortaleza democrática. Las mejoras en bonificación de zona, movilidad docente, reconocimiento de la educación parvularia y revisión de las condiciones laborales de quienes se traspasan desde los municipios son pasos necesarios para reconstruir confianzas y dignificar el trabajo educativo.
Todo esto ocurre, además, en un contexto político particular: el proceso de desmunicipalización continúa mientras el país enfrenta un cambio de gobierno. Este escenario plantea un desafío mayor. La educación pública no puede quedar atrapada en la lógica del péndulo político ni convertirse en un botín de disputas ideológicas. Requiere continuidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.
Por eso es fundamental reafirmar que el Sistema de Educación Pública es -y debe seguir siendo- una política de Estado. Los ajustes que hoy se introducen buscan precisamente fortalecer esa condición, dotando al sistema de una gobernanza más clara, coordinación intersectorial y capacidad de anticipar crisis, más allá de quién ocupe circunstancialmente La Moneda.
En regiones como Valparaíso, donde los Servicios Locales enfrentan realidades territoriales diversas, con comunas extensas, zonas rurales, brechas históricas en infraestructura y alta demanda social, estas mejoras no son abstractas. Son condiciones mínimas para que la educación pública funcione y recupere legitimidad frente a las familias.
La desmunicipalización no es un camino fácil, pero es un camino necesario. Corregir, fortalecer y mejorar el sistema en plena marcha es una señal de madurez institucional. El verdadero fracaso sería no aprender de la experiencia.
Hoy tenemos la oportunidad -y la obligación- de hacer que la educación pública funcione bien, con estabilidad, sentido territorial y foco en las comunidades educativas. Esa responsabilidad trasciende a este gobierno y al que viene. Es una responsabilidad con el presente y el futuro de Chile.
