Parlamentario RN recordó que ha enviado una serie de oficios al Gobierno Regional, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, y al Serviu de Valparaíso, apuntando a irregularidades.
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El diputado Andrés Celis valoró la nueva acción judicial presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del «Caso Convenios», dirigida contra la Fundacion Procultura, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Serviu de Valparaíso y funcionarios públicos involucrados en convenios por 248 millones de pesos para el programa de asentamientos precarios en la comuna de Villa Alemana.
A juicio del parlamentario de Renovación Nacional, esta decisión “confirma una vez más que en Valparaíso hubo un nivel de descontrol que hoy nadie puede negar”.
Celis recalcó que esta querella no es un hecho aislado, sino que se suma a las acciones que ha impulsado el propio CDE en Chillán, Concepción y Santiago. Sin embargo, enfatizó que la región de Valparaíso –donde él mismo ha concentrado sus denuncias desde 2023– sigue siendo la más golpeada por irregularidades en traspasos a fundaciones. “No es casualidad que las querellas más complejas terminen apuntando acá”, señaló el legislador que logró la reelección el 16 de noviembre.
Además planteó que “no deja de ser curioso” que el CDE haya decidido hacerse parte con esta fuerza justo al término del ciclo electoral presidencial y parlamentario, un hecho que calificó como “políticamente significativo”. Según explicó, “cuando hablamos de delitos que atentan contra la probidad, que defraudan al fisco y que involucran a funcionarios y a personas muy cercanas al Gobierno y al propio Presidente de la República, el momento en que el Estado decide actuar no es un detalle menor”.
También recordó que ya en diciembre de 2023 presentó denuncias ante la Fiscalía por millonarios traspasos del Gobierno Regional a Procultura sin licitación ni controles, lo que dio origen a varias de las líneas investigativas que hoy mantiene activas el Ministerio Público. Asimismo, subrayó que fue uno de los primeros en judicializar estos hechos mediante una querella por malversación y cohecho dirigida contra los responsables, incluido el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín.
En esa misma línea, el diputado Celis reafirmó que detrás de estos hechos “no solo hubo negligencia, sino una red de corrupción instalada para generar una suerte de asociación ilícita vinculada a amistades muy cercanas al Presidente de la República, quienes incluso colaboraron –con pruebas en mano– en su campaña presidencial. Todo esto buscó generar un financiamiento de la política 2.0, completamente ajeno a los estándares de transparencia que el país exige”.
Ante nuevos antecedentes que apuntaban a un posible uso político de recursos públicos, amplió su querella este año, incorporando al Presidente de la República como presunto responsable por delitos de corrupción, citando como testigo al diputado Diego Ibáñez. “Lo dijimos en su minuto, y algunos se escandalizaron: aquí había indicios graves que no podían seguir escondiéndose bajo la alfombra”, afirmó.
Durante estos dos años, Celis ha enviado una serie de oficios al Gobierno Regional, a la Seremi de Vivienda y al Serviu, apuntando a irregularidades que hoy están siendo ratificadas por los propios organismos del Estado. “Cuando pedimos transparencia y auditorías internas, las dilataron y cuando advertimos que Procultura debía ser investigada a fondo, nos acusaron de exagerar”, sostuvo.
En este contexto, también valoró que el CDE respaldara la solicitud de disolución de Procultura presentada por el Ministerio de Justicia en julio de 2025 debido a la falta de respuestas claras por parte de la fundación. Para Celis, este hecho demuestra que “las irregularidades no eran supuestos, eran una realidad tan evidente que hoy incluso el propio Estado está pidiendo cerrar definitivamente la fundación”.
Por otra parte, el congresista valoró la decisión de la institución, señalando que "el CDE se haga parte es, por sí solo, un hecho que habla de una gravedad que el Estado ya no puede relativizar y de irregularidades que no son debatibles. Esta querella confirma que existen antecedentes suficientes para una investigación penal profunda y sin matices. El Ministerio Público ya está sobre este caso hace tiempo, y justamente por eso ahora corresponde que ese trabajo se intensifique con el máximo rigor, porque aquí estamos frente a recursos malversados que jamás cumplieron el propósito para el cual fueron asignados y eso debe esclarecerse por completo”.
Por último, sostuvo que la región de Valparaíso “merece respuestas claras” y que esta nueva acción del CDE es una señal de que las cosas están cambiando. "Aquí nadie puede seguir haciéndose el desentendido. Lo dijimos desde el primer día y con esto se confirma: la región sufrió el peor desorden institucional del país. Que esto se investigue sin presiones políticas y hasta el final es lo mínimo que se le debe a las familias de Valparaíso”, finalizó.
PURANOTICIA
