Querella por fraude al Fisco sostiene que luego que la fundación recibiera dineros de un convenio gestionado por el propio Ochoa, meses más tarde ésta traspasó recursos y encargó tareas técnicas a la firma creada por el militante UDI pocos meses después de dejar el Serviu.
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El abogado procurador fiscal de Valparaíso, Michael Wilkendorf, en representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), interpuso ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una querella criminal en contra de Tomás Ochoa, María Constanza Gómez, Alberto Larraín y Gonzalo Chacón, a quienes acusa como autores del delito de fraude al Fisco, en el marco de la arista vinculada a la Fundación Procultura dentro del denominado «Caso Convenios». La acción ya fue declarada admisible.
El origen del caso se remonta al año 2021 y está relacionado con un proyecto del Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de familias que residen en campamentos. En ese contexto, se propuso un convenio entre el Minvu, a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, para financiar el diseño de loteo, especialidades, obras y expediente de expropiación para los campamentos Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, en Villa Alemana.
Para avanzar en la gestación del convenio, en noviembre y diciembre de 2021 se realizaron reuniones entre representantes de organismos públicos y dirigentes de los campamentos de Villa Alemana. En ellas participaron Tomás Ochoa (UDI), en su calidad de director del Serviu de Valparaíso; el entonces director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín; y el ex consejero regional (core) Sebastián Balbontín, quien además era pareja de Larraín. También estuvieron las familias.
Posteriormente, el querellado Gonzalo Chacón asumió como director general del proyecto por parte de Procultura, interviniendo en las interacciones donde se definieron la propuesta de trabajo, los presupuestos y otros aspectos del proyecto a desarrollar. De esta manera, el 21 de febrero de 2022, el entonces director del Serviu de Valparaíso, Tomás Ochoa, solicitó la transferencia de fondos a Procultura para intervenir el campamento Lomas de Bellavista por $93.979.116; el campamento Manzana 33 por $82.791.126; y el campamento Las Viñas de Irene Frei por $71.603.136. Dichos montos solicitados por el militante de la UDI fueron autorizados el 6 de junio de 2022.
Tras el cambio de Gobierno —con el término de la administración de Sebastián Piñera y el inicio de la gestión de Gabriel Boric— el convenio fue suscrito el 16 de noviembre de 2022. En esta ocasión, participaron la seremi de Vivienda de Valparaíso, representada por Belén Paredes; el Serviu de Valparaíso, representado por su directora (s) María Paz Cueto; y la Fundación Procultura, ahora representada por la querellada María Constanza Gómez. La aprobación del convenio ocurrió el 14 de diciembre de 2022.
Cabe hacer presete que dicha resolución debió ser modificada el 20 de febrero de 2023 para imputar los fondos al presupuesto de aquel año, debido a que, por la fecha de suscripción, no fue posible concretar las transferencias durante el año 2022. Conforme al convenio, el monto total debía entregarse en dos cuotas, efectuándose la primera de ellas a la Fundación Procultura por un total de $124.186.689.
La querella también detalla los antecedentes institucionales de la Fundación Procultura, entidad que fue constituida el 23 de noviembre de 2009, cuyo objeto es la promoción del desarrollo, práctica, difusión y fomento de iniciativas de carácter cultural, social, artístico, educacional, valórico, científico y tecnológico, con especial énfasis en personas, familias y comunidades que viven en condiciones de pobreza o marginalidad.
Pese a esa definición, el análisis de sus actividades económicas registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) evidenció que, al momento de la suscripción del convenio de transferencia investigado, no contaban con el giro necesario para ejecutar los proyectos que le habían sido encomendados. Aun así, durante las reuniones entre Tomás Ochoa y Gonzalo Chacón se permitió la contratación de terceros para realizar labores que la propia fundación no estaba en condiciones de asumir.
En paralelo, se expone que Tomás Ochoa –militante de la UDI– dejó la Dirección Regional del Serviu el 19 de abril de 2022 y que posteriormente, el 14 de diciembre de 2022, constituyó la Sociedad de Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada, empresa en la que mantiene el 90% de participación y que inició actividades ante el SII tres días más tarde, el 17 de diciembre de 2022.
Cinco meses después de su constitución, el 15 de mayo de 2023, se suscribió un contrato de prestación de servicios entre la nueva empresa de Tomás Ochoa y la Fundación Procultura. El objetivo era ejecutar un proyecto de topografía, anteproyecto de urbanización y especialidades en Villa Alemana, específicamente en los sectores Irene Freire, Bellavista y Manzana 33, por 1.230 Unidades de Fomento. En esta contratación se observó la falta de garantías en el contrato de prestación de servicios. No obstante, en mayo de 2023 la fundación rindió gastos por $17.704.217, por pagos realizados a la empresa creada solo algunos meses atrás por el ex Director Regional del Serviu.
El 25 de octubre de 2023, el entonces director regional del Serviu, Rodrigo Uribe, remitió a la Seremi de Vivienda de Valparaíso un informe elaborado por María Constanza González, encargada regional del Programa de Asentamientos Precarios, en el que se concluía que los trabajos ejecutados se encontraban incompletos. El documento señalaba que solo se habían entregado productos correspondientes a levantamientos topográficos y estudios de título, incumpliendo las fechas comprometidas en la carta Gantt y sin subsanar la ausencia de garantías en los trabajos tercerizados.
Asimismo, aunque se constató la entrega del estudio de títulos del campamento Lomas de Bellavista y de los levantamientos topográficos de los tres campamentos incluidos en el convenio para Villa Alemana, dichos insumos no alcanzaban el nivel requerido en los términos de referencia. Por ejemplo, los estudios de título no contenían una propuesta jurídica para la expropiación ni incluían escrituras y planos inscritos.
Finalmente, el 24 de noviembre de 2023 se puso término anticipado al convenio, debido a que la entidad no cumplió con los términos de referencia de los levantamientos topográficos ni con el estudio de títulos del campamento Lomas de Bellavista. También se consideró un informe técnico del Serviu que daba cuenta de retrasos en la entrega de los productos comprometidos. De esta manera, el 14 de diciembre de 2023 se dictó la resolución de liquidación, que determinó que la Fundación Procultura debía restituir $108.919.144, monto que hasta ahora no ha sido devuelto.
Según consta en la querella –documento al que accedió Puranoticia.cl– los hechos descritos son constitutivos del delito de fraude al Fisco. "El delito de fraude requiere la existencia de un menoscabo patrimonial al Estado, el que se genera con la participación de un funcionario público, quien mediante engaño o el incumplimiento doloso de ciertos deberes, habilita la pérdida o la privación de un lucro legítimo".
Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado plantea en su querella que fue la participación de Tomás Ochoa, como Director de Serviu Valparaíso, en las distintas instancias de gestación del convenio (participando en reuniones preparatorias, como solicitando la destinación de recursos), la que habilitó la suscripción de éste con la Fundación Procultura, la cual nunca tuvo la capacidad técnica para llevar a cabo el convenio suscrito, lo cual sabia o debía haber sabido el mencionado querellado.
"Todas estas acciones fueron ejecutadas por el querellado Ochoa Capelli en contra de los deberes propios de todo funcionario público, principalmente, en contra de los principios de eficiencia y eficacia, así como del principio de probidad", reza la querella acogida, que agrega que estos deberes "fueron dolosamente desatendidos por el querellado, quien al momento de gestionar y solicitar los fondos para la celebración del convenio, no podía menos que conocer que la Fundación Procultura no contaba con las capacidades técnicas para la ejecución del proyecto solicitado".
En cuanto a los querellados María Constanza Gómez, Alberto Larraín, y Gonzalo Chacón ̧ quienes participaron en representación de Procultura, "corresponde imputarles el delito de fraude al Fisco". Y aunque no detentaran la calidad de funcionarios públicos, sí participaron activa y conjuntamente con Tomás Ochoa en la gestación del Convenio de Transferencia, "con el objeto de defraudar al Estado", mediante la asignación de recursos para ejecución de proyectos que su fundación no podía ejecutar.
La querella criminal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se presentó el 24 de noviembre ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, cuyo juez Camilo Obrador la declaró admisible tan sólo dos días después, el 26 de noviembre.
"Téngase por interpuesta querella, reuniendo los requisitos del artículo 113 del Código Procesal Penal, se declara admisible. Remítase al Ministerio Público para su tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del ya citado Código", se indica en el documento firmado por el juez de garantía de Valparaíso.
Consultado el Ministerio Público, indicaron a Puranoticia.cl que la causa fue ingresada y asignada a fiscal, se encuentra en etapa investigativa y con diligencias en curso.
El persecutor a cargo de las indagatorias es nada más ni nada menos que el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, quien tendrá la responsabilidad de conducir las diligencias que lleven a determinar si efectivamente se configura el delito de fraude al Fisco en este caso que, al parecer, deja aún más entre las cuerdas a los representantes de la Fundación Procultura, especialmente a su ex director ejecutivo, Alberto Larraín, pero también al cuestionado ex director regional del Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa.
PURANOTICIA
