Acción penal es por los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco en contra del director ejecutivo de la entidad y su pareja, el ex Consejero Regional de Valparaíso y ex candidato del Frente Amplio a la Alcaldía de Limache.
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La entrega de millonarios recursos por parte de distintos organismos públicos a la Fundación Procultura tienen a dicha entidad en el centro de los cuestionamientos a nivel nacional, y más aún luego que este viernes 16 de mayo el diputado Andrés Celis Montt materializara la presentación de una querella criminal por los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
La acción presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso va dirigida en contra de Alberto Larraín Salas, médico psiquiatra, creador y director ejecutivo de la entidad cuestionada; y contra Sebastián Balbontín Bustamante, sociólogo, ex consejero regional de Valparaíso y pareja del mandamás de Procultura, además contra todos quienes resulten responsables de los delitos señalados en el curso de la investigación.
En la querella –a la cual accedió Puranoticia.cl– se explica que se presentó "con ocasión de haber ideado un mecanismo defraudatorio para obtener recursos públicos y destinarlos a fines diferentes a los establecidos en los contratos adjudicados con diversos órganos de la Administración del Estado, respecto de propósitos no previstos en el giro de la persona sin fines de lucro, Fundación Procultura".
La Fundación Procultura nace el año 2009, pero su personalidad jurídica se obtuvo recién en mayo del 2010, teniendo como misión promover el desarrollo comunitario a través de iniciativas culturales y patrimoniales. En ese contexto, comenzó de inmediato a preparar los antecedentes para conseguir recursos públicos, provenientes principalmente de municipalidades y de gobiernos regionales.
El reproche expresado en la querella dice relación con el desvío de fondos públicos que administró y gestionó Alberto Larraín, vale decir, haberle dado a esos fondos una aplicación diferente a las originales. Esta "mecánica defraudadora" se habría replicado en diversas regiones, incluyendo la de Valparaíso, donde se aplicó un modus operandi similar para "conseguir fondos, actuando como intermediario y solicitando apoyo a terceros para cumplir con el encargo una vez obtenidos los recursos públicos".
En la acción judicial dan cuenta que el año 2022, Procultura comenzó a aumentar exponencialmente sus ingresos provenientes de las arcas fiscales, recibiendo más de $3.282 millones, cifra muy superior al ingreso más alto que había recibido en los años anteriores, cuando bordearon los $685 millones ($684.975.184) el año 2012.
Con estos antecedentes, la ONG de Larraín desembarca en la región de Valparaíso, donde obtiene recursos a través de tres órganos públicos: el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, la Municipalidad de La Calera y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Los dos primeros aportan en conjunto $30 millones para un programa de pintura de murales; mientras que el último aportó más de $248 millones ($248.373.378) para programas relativos a asentamientos precarios.
Si bien, estas relaciones revestían un halo de legalidad, en la querella se expone que "se escondía un entramado de vinculaciones reprochables, que tenían como principal involucrado al querellado Alberto Larraín", al que se apunta como uno de los líderes que aglutinaba confianzas políticas para conseguir fondos públicos directamente, es decir, utilizando la excepción normativa en materia de compras públicas, evitando así participar en licitaciones que permitieran contar con otros oferentes.
Aquí es donde se menciona al segundo involucrado en la querella: Sebastián Balbontín, ex consejero regional (core) de Valparaíso y ex candidato a Alcalde de Limache los años 2021 y 2024. Es justamente durante este periodo de tres años en el que la Fiscalía ha puesto la lupa en la ex autoridad que representaba a la provincia de Marga Marga ante el Core de Valparaíso, quien recibió de parte de su pareja, Alberto Larraín, la suma de $53 millones ($53.442.000) entre los meses de julio de 2021 y enero de 2024.
Sobre el vínculo de pareja que ambos tienen, se indica que "la situación anterior se ve agravada por un vínculo personal entre los señores Larraín y Balbontín, aspecto que no puede desconocerse para una correcta compresión de los hechos, los cuales se encuentran enmarcados en delitos contra la probidad donde ha existido, a partir de una creación institucionalizada de confianzas personales, la gestión para obtener recursos públicos en beneficio personal de los querellados o de terceros cercanos a ellos, elementos indispensable para generar la conducta típica de los delitos que se imputan".
El diputado Andrés Celis afirma en la querella que la vinculación entre el ex core Sebastián Balbontín y la Fundación Procultura no termina en la relación de pareja que tiene con Alberto Larraín, sino que también "se ha acreditado que adicionalmente percibió la suma de $3.399.872 de parte de Francisco Fuentes", quien cumplía labores en la Fundación Procultura como encargado de proyectos de la entidad.
Asimismo, se da cuenta de la cercanía entre Sebastián Balbontín y el Presidente Gabriel Boric, con quien no sólo comparten partido político (Frente Amplio), sino que también se revela que durante su campaña a La Moneda lo acompañó en una serie de actividades relacionadas a la promoción y difusión de murales de artistas urbanos.
En el primer otrosí de la querella, el diputado Celis solicita una serie de diligencias de investigación, comenzando por citar a declarar a diversos testigos.
El primero es el Presidente Gabriel Boric, en su calidad de amigo del querellado Alberto Larraín. También al diputado Diego Ibáñez, en su calidad de amigo íntimo del mismo; al alcalde Johnny Pirano, de La Calera; a Josefina Hunneus ex esposa de Larraín; a Allan Mix, ex presidente del directorio de la Fundación Procultura; a María Eugenia Sabbagh, ex secretaria; a Ingrid Koch, ex tesorera, a María Constanza Gómez, ex representante legal; a Catalina Rengifo, ex jefa territorial e integrante de la campaña al Core de Balbontín; a María Teresa Asbusleme, ex directora de estudios; y a Francisco Fuentes, encargado de proyectos de la ONG cuestionada.
También se pidió citar en calidad de imputados a los dos querellados identificados: Alberto Andrés Larraín Salas y Sebastián Enrique Balbontín Bustamente.
De igual forma, pide oficiar al Gobierno Regional de Valparaíso para que proporcione los contratos o convenios suscritos con la Procultura durante los años 2021 a 2024; a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaiso y al Serviu para que remitan los contratos o convenios suscritos; y al Municipio de La Calera, para que remita cualquier antecedente que disponga acerca de subsidios u otros instrumentos de apoyo.
Tras presentar la querella por apropiación indebida, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco contra Alberto Larraín y Sebastián Balbontín, el diputado Andrés Celis recordó un dato expuesto en la acción: "El 2012, la cantidad que recibía Procultura era de $200 millones; y ya el 2022 esto ascendía a más de 6 mil millones, para que vean la magnitud de la cantidad de dinero que recibían. Procultura se fundó con la finalidad de proteger el patrimonio y la cultura, pero el 2022 cambió y era para proteger a gente vulnerable, de campamentos y a quienes necesitaban protección del Estado".
Por esto mismo, señaló que "hemos citado a declarar en calidad de testigos a dos personas que son vitales y escenciales: el diputado Diego Ibáñez y al Presidente Gabriel Boric. Si yo tuviera las pruebas para querellarme contra ambos, no tendría ninguna duda en poder hacerlo, pero cuando uno interpone una querella tiene que ser serio y tener elementos y antecedentes de derecho para poder hacerlo".
También comentó que "estamos estudiando otras querellas en otras regiones para ver si tenemos la legitimación activa para poder hacernos parte. Creemos que es una buena idea que el fiscal Cooper tome todas las causas de Procultura porque estamos ante un grupo de amigos que se reunieron, tuvieron la idea de crear un partido político y terminó convirtiéndose casi en la «Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones», que más que 40 deben ser cientos de personas que han interiorizado el concepto de corrupción de una forma vergonzosa, personas que están en el Gobierno y que están tratando de tapar, tratando de desviar la atención de esto a través del famoso pinchazo, lo cual es lo más absurdo que he escuchado en mi vida política".
En tanto, el abogado Eduaro Cantellano manifestó que "la querella apunta a la responsabilidad de estas dos personas en el manejo de plata a partir del desembarco de la Fundación Procultura en la región de Valparaíso y el haberse financiado con fondos públicos del Gobierno Regional y de la Seremi de Vivienda. A partir de eso, estas platas fueron destinadas a situaciones distintas a las establecidas en los convenios, y la gran mayoría no se encuentran respaldadas de acuerdo a informes solicitados por el diputado Andrés Celis a la Contraloría General de la República".
Asimismo, planteó que "esas situaciones las observó Contraloría como irregularidades graves, tanto de los órganos de la Administración al no tener capacidad de fiscalización, como también de parte de la misma Procultura al no haber dado ejecución de la manera en que se establecían estos convenios. Este es un modus operandi que se viene repitiendo en las regiones del país donde ha operado Procultura. En base a eso se han terminado distintos contratos donde estas personas tercerizaban servicios. En La Calera es un programa de murales, los cuales no se llevaron a cabo en su totalidad y se destinaron fondos de $30 millones del Municipio y el Gore".
PURANOTICIA
