Carolina Corti denunció que el Ministerio de Vivienda y el Serviu están "eludiendo sus responsabilidades" en el caso Correa, por lo que exigió al Estado asumir sus obligaciones.
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En el marco del caso Correa, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, emplazó duramente al Ministerio de Vivienda y al Serviu por intentar trasladar al Municipio una responsabilidad que no le corresponde: el levantamiento del catastro actualizado de personas que actualmente habitan la toma.
“Esa es una tarea que debe asumir el Ministerio de Vivienda, no la Municipalidad”, enfatizó. Además, sostuvo que mientras el Estado elude su rol legal, el municipio debe responder socialmente por las familias que allí residen, sin contar con las herramientas básicas para avanzar en soluciones concretas. “Necesitamos la información oficial para poder hacernos cargo de las personas, pero eso no puede ocurrir si el propio Gobierno no entrega los antecedentes”, señaló.
En este contexto, Corti explicó que el Municipio ha debido recurrir nuevamente a la Contraloría Regional, debido a que tanto la Seremi de Vivienda como el Serviu son los responsables de contar con el catastroactualizado.“Resulta inaceptable que pretendan que la Municipalidad asuma una tarea que corresponde al Ministerio de Vivienda. Es inadmisible que, a más de un año de una sentencia firme de la Corte de Apelaciones, el Estado persista en eludir su obligación de ejecutar una demolición ordenada legalmente”, indicó.
Finalmente, la jefa comunal denunció que el Gobierno está debilitando las instituciones al desentenderse de sus funciones legales. “Un Estado que, en año electoral, se rehúsa a acatar fallos judiciales y a desalojar ocupaciones ilegales transmite la peligrosa señal de que la ley es optativa. Como alcaldesa de Quilpué, exijo al Gobierno que cumpla con su deber: aquí está en juego la seguridad de las familias y la vigencia del Estado de Derecho”, sentenció.
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