El operativo «Apocalipsis» dejó 66 detenidos, incluidos 44 gendarmes, y reveló un sistema de sobornos millonarios para el ingreso de productos ilegales a recintos penales.
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Tras una jornada marcada por allanamientos simultáneos y un despliegue policial inaudito, el interior de las cárceles de siete regiones del país quedó al descubierto como escenario de una compleja red de corrupción. Y es que lo que debía ser un sistema cerrado y bajo control estatal, terminó revelándose como una puerta de entrada para el crimen organizado, con 66 personas detenidas –entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería– acusadas de facilitar el ingreso de productos ilegales a recintos penales.
El operativo, denominado «Apocalipsis», movilizó a cerca de 500 efectivos policiales y permitió desarticular una red de corrupción que utilizaba el sistema de encomiendas para introducir artículos prohibidos a las cárceles, a cambio de sobornos que superarían los $6.300 millones. Se trata de uno de los golpes más duros propinados en los últimos años a las estructuras ilegales que operan al interior del sistema penitenciario chileno.
El alcance del caso fue analizado por Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la U. San Sebastián (USS), quien en conversación con Puranoticia.cl advirtió que el fenómeno del crimen organizado ya no se limita al exterior de los recintos penales y que –según explicó– uno de sus objetivos es cooptar instituciones estratégicas para transformarlas en centros de operación.
"Esto ocurrió en Ecuador, que sirve como clave de advertencia. Puede que esté pasando en Perú. Estamos hablando de que las organizaciones criminales, lo que buscan es cooptar funcionarios públicos en los lugares donde están custodiados. Es decir, la cárcel pasó de ser un lugar donde se acababa el delito, a un lugar donde puede comenzar si es que no existe gobernanza estatal", sostuvo el experto.
En ese contexto, Toledo –exfiscal y exdirector de la Unidad Antidrogas– fue crítico respecto del manejo del problema a nivel país, apuntando a falencias en el discurso y la acción institucional. Junto con cuestionar las "comunicaciones ambiguas" existentes en esta materia, sostuvo que la corrupción al interior de las cárceles no solo genera cuantiosas ganancias ilícitas, sino que además permite extender la cooptación de funcionarios públicos más allá de los muros penitenciarios.
"Esto puede pasar en Gendarmería, puede pasar en Aduanas, puede pasar en zonas territoriales como en Carabineros, podría pasar en la Fiscalía, también en tribunales. Si el país no toma la corrupción como un tema de lo más relevante (...) me parece que nuestro país puede quedar siempre atrás", analizó.
Consultado por posibles caminos para enfrentar este escenario, el académico planteó una serie de medidas estructurales. En primer lugar, apuntó a la necesidad de segmentar de manera efectiva a la población penal, diferenciando perfiles y niveles de riesgo. "No es posible que usted mantenga todavía estas segmentaciones infructuosas en torno a que se juntan los primerizos con las personas imputadas sin pasado delictual, o muchas veces que no sabemos quiénes son mientras están en su prisión preventiva, con las personas que ya sabemos que son líderes de células de organizaciones criminales", advirtió el académico de la Universidad San Sebastián.
En segundo término, propuso avanzar hacia la especialización de los recintos penitenciarios, destinando algunos de ellos a internos vinculados a la criminalidad organizada bajo regímenes de mayor control. A ello sumó el uso de tecnología, aunque con mecanismos de fiscalización efectivos, considerando que incluso estos sistemas habrían sido vulnerados por la red desbaratada. "Ok, tecnología, pero que tenga algún grado de manejo en torno a verificación de sus resultados. Por ejemplo, los gendarmes que conversen con organizaciones criminales pueden perfectamente tener cámaras corporales para poder grabar y que sepan que están siendo vigilados".
Finalmente, el director del Cescro planteó la necesidad de una redefinición profunda del rol de Gendarmería y de las funciones al interior del sistema penitenciario. "Creo que habría que avanzar también a una función pública, y no sé si de policía penitenciaria, pero para ciertos segmentos claramente distinguir la función de custodia de la de reinserción. Creo que Gendarmería cumple dos funciones, y esa función de reinserción tiene que estar completamente separada porque se rige por principios distintos. Lo que es seguridad y control, tiene que estar regido por principios distintos, dentro del Ministerio de Seguridad en sí", concluyó el abogado de profesión.
De esta manera, el masivo operativo «Apocalipsis» en siete regiones no sólo dejó al descubierto una red de corrupción de alto impacto, sino que también reabrió el debate sobre el control del Estado al interior de las cárceles de nuestro país y el riesgo de que el crimen organizado siga consolidando espacios clave desde donde operar.
PURANOTICIA
