En menos de cuatro años, la cartera ha vivido cinco cambios de mando, con cuatro seremis distintos –uno de ellos liberado para asumir una candidatura municipal– en una gestión marcada por escándalos, improvisaciones y una profunda crisis que afecta a miles de usuarios.
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Entre renuncias, asados en horario laboral, vacaciones en plena crisis y un largo silencio, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso se ha transformado en una verdadera fuente de errores durante la actual administración Gobierno, sumando cinco cambios de mando, con cuatro seremis distintos, en menos de cuatro años.
Mientras las denuncias por cohecho y auditorías por irregularidades internas han sacudido a las oficinas regionales de la cartera, la gestión parece haber perdido el rumbo, dejando a la deriva a miles de vecinos de Quilpué y Villa Alemana que enfrentan la incertidumbre del inminente fin del contrato con una empresa que abastece tres servicios esenciales para la provincia de Marga Marga: el C01, el C02 y el C03.
A ello se suma la severa crisis de movilidad, falta de fiscalizaciones, fatales accidentes de tránsito por conductores que trabajan bajo los efectos de las drogas, ausencia de recorridos nocturnos, dos grandes licitaciones en marcha y un largo etcétera. Todo esto mientras la autoridad brilla por su ausencia y con un inalterable silencio.
La primera gran polémica que enfrentó el Gobierno la región de Valparaíso fue el protagonizado por Enrique Vinet, el primer Seremi de Transportes designado en la actual gestión. A poco más de un mes de asumir –y según cuenta la versión oficial del Ministerio– su renuncia fue solicitada por "motivos estrictamente profesionales".
No obstante, Vinet aseguró ante los medios de comunicación que su salida fue una especie de represalia por intentar "limpiar" la institución. Esto, tras detectar presuntas anomalías administrativas al interior de la cartera regional, las que derivaron en la solicitud de una auditoría para investigar posibles irregularidades. Esta situación no sólo fue rechazada, sino que además –según el exSeremi– le costó el cargo.
Durante la gestión de Edgardo Piquet (noviembre 2023 - enero 2025) se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló graves deficiencias en la Seremi de Transportes de Valparaíso, incluyendo la omisión de control sobre 1.448 buses que incumplieron frecuencias y disminuciones de flota arbitrarias. Asimismo, se detectó disminución de flotas, pues las empresas operaron con menos unidades de las autorizadas, promediando inactividad entre los años 2021 y 2022.
La autoridad regional –ahora bajo el mando de Benigno Retamal– fue instruida por el órgano fiscalizador a sancionar estos incumplimientos, reportar excesos de velocidad y exigir la implementación de cobro electrónico en un plazo de 60 días.
Tras la salida de Enrique Vinet, la autoridad escogida para asumir la Seremi de Transportes fue Benigno Retamal, quien se hizo cargo de la cartera regional en mayo de 2022. Su primer periodo estuvo marcado por el descontento de gremios y usuarios ante la falta de sanciones a los operadores que abandonaban sus recorridos al caer la tarde, dejando desconectados sectores como Forestal o Playa Ancha.
Pero la crítica más fuerte de su periodo fue el uso de la Seremi como plataforma política. Esto, debido a que Retamal renunció en octubre de 2023 para ser candidato a Alcalde en Los Andes, lo que fue interpretado como una señal de despriorización de los problemas de transporte regional frente a ambiciones electorales personales.
Más grande fue el escándalo cuando, después de perder la Elección Municipal de 2024, Benigno Retamal fue nuevamente convocado para asumir la Seremi de Transportes en enero de 2025, lo que fue interpretado como un premio de consuelo o incluso que le guardaron el puesto mientras hacía campaña en Los Andes.
Nueve meses después de asumir su segundo periodo, se conoció la realización de un asado en pleno horario laboral. En septiembre de 2025, se citó a los funcionarios a una "jornada de planificación y trabajo en equipo" en un día de semana. Sin embargo, se filtró posteriormente a la prensa que en realidad la actividad consistió en un asado, con consumo de alcohol, en pleno horario de atención al público.
La filtración del correo electrónico con la invitación fue la prueba irrefutable que obligó al Gobierno a pedirle la renuncia inmediata a Benigno Retamal, para evitar que el escándalo empañara aún más a la cartera regional. Tras su salida, se instruyeron sumarios para determinar si se utilizaron recursos públicos en el polémico asado.
En diciembre de 2025 se confirmó la instrucción de un sumario administrativo y una auditoría integral debido a una denuncia formal por presunto cohecho que involucraba a una funcionaria de la Seremi, la cual luego fue apartada de sus funciones. La acusación indicaba que habría recibido pagos por parte de una empresa de transporte a cambio de supuestas prestaciones de servicios a la firma en cuestión.
En el marco de esta misma denuncia, ya había sido desvinculado el coordinador regional de la División de Transporte Público Regional –pareja de la funcionaria acusada– por presuntas irregularidades en el marco del proceso de licitación del transporte.
Junto al sumario y a la auditoría, los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Este sábado 31 de enero, a las 23:59:59, vence el contrato estatal firmado el año pasado con la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada. Esto significa que el domingo 1 de febrero ya no podrán operar los servicios C01, C02 y C03, dejando a cerca de 5 mil personas de Quilpué y Villa Alemana sin locomoción. A poco más de 48 horas del vencimiento del plazo, la Seremi de Transportes no ha dicho absolutamente nada.
La polémica escaló en magnitud luego que se conociera que el seremi Jean Pierre Ugarte, quien asumió funciones en octubre del año pasado, estaba de vacaciones. Todo esto mientras las propietarias de la empresa, los trabajadores de la misma y los vecinos de Quilpué y Villa Alemana, además de sus alcaldes, siguen en incertidumbre.
Tras detectar poca transparencia y otras irregularidades, la Contraloría no dio curso al trato directo de agosto del año pasado, donde la Seremi de Transportes adjudicó servicios de microbuses en Quilpué y Villa Alemana, motivo por el que se le ordenó a la cartera regional que abra un nuevo proceso de licitación en la materia.
En agosto de 2025, la Seremi invitó a 19 empresas a presentar sus cotizaciones. Sin embargo, se desestimó el proceso de selección y se cursó una nueva invitación, pero esta vez a sólo 6 de las 19 compañías, sin que se advirtiera el motivo de esta decisión.
Además, la investigación de la Contraloría determinó que la Seremi de Transportes no optó por la cotización más económica, ya que todas se declararon inadmisibles.
De esta manera, entre improvisaciones, escándalos administrativos, silencios inexplicables y una gestión marcada por la inestabilidad, la Seremi de Transportes de Valparaíso se ha convertido en un símbolo de desorden institucional, donde las consecuencias ya no son sólo políticas o administrativas, sino que golpean directamente a miles de personas que dependen a diario del transporte público en la región.
PURANOTICIA
