Cuatro imputados —incluyendo sujetos con instrucción militar y una ciudadana con orden de expulsión vigente— ingresaron a prisión preventiva luego de 11 meses de diligencias, las cuales revelaron una elaborada estrategia de atraco a administradores orientales.
En noviembre de 2025, un violento robo con intimidación conmocionó al centro de Los Andes, luego de que una agrupación criminal irrumpiera en un local de máquinas tragamonedas y amenazara con armas de fuego a sus administradores, una pareja de ciudadanos chinos. Tras sustraer cerca de 10 millones de pesos en efectivo, los asaltantes huyeron rápidamente hacia la región Metropolitana. La investigación, denominada Operación «Última apuesta», se extendió por casi un año y contempló un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Sobre el desarrollo de las indagatorias, el Prefecto Mauricio Villanueva Flores, jefe de la Prefectura Provincial Los Andes de la PDI, destacó que "claramente es relevante la indagatoria, por cuanto estamos hablando prácticamente 11 meses de investigación, y destacar también la coordinación previa que hubo con el Ministerio Público y funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos de Los Andes, ya que aquello nos permitió justamente agilizar mucha inteligencia investigativa, particularmente con el fiscal Rodolfo Robles Mora".
Respecto a la dinámica del delito, la banda mantenía una estrategia previamente planificada para ingresar a los locales comerciales y facilitar su posterior escape. Según detalló el Fiscal Rodolfo Robles Mora, de la Fiscalía Local de Los Andes, los imputados "mantenían una metodología de ingresar a los locales de casino, dado que estos tienen cierres desde el interior, las aperturas, ellos ocupan un señuelo, un sujeto que ingresa, luego de ello estas personas solicitan el acceso, o sea, apertura y en ese momento es que ingresa el resto del grupo". El persecutor añadió que la organización se coordinaba principalmente desde la región Metropolitana, desde donde sus integrantes se trasladaban hasta la región de Valparaíso para cometer los robos y regresar inmediatamente a Santiago.
Tras un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, los detectives lograron identificar los roles de los integrantes de la organización y concretaron órdenes judicialmente autorizadas de entrada y registro en cuatro inmuebles ubicados en Los Andes y Santiago. El procedimiento permitió la detención de cuatro ciudadanos extranjeros: dos ecuatorianos, una colombiana y un venezolano. Sobre los antecedentes de los aprehendidos, el Prefecto Mauricio Villanueva detalló que "tenemos un ciudadano venezolano que tendría residencia en esta comuna de Los Andes, que tendría algún tipo de preparación y formación de tipo militar, y dos ciudadanos ecuatorianos que también tendrían un tipo de preparación similar".
Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público formalizó a los cuatro imputados por los delitos de robo con intimidación y asociación criminal, solicitando y obteniendo la medida cautelar de prisión preventiva. El Fiscal Rodolfo Robles confirmó las resoluciones del tribunal, señalando que "se realizaron las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones, en particular por la Brigada de Robos de Los Andes. En donde se realizaron distintas diligencias de carácter técnico (...) Pasaron a control de detención estos sujetos. Todos de nacionalidad extranjera. Ojo, todos extranjeros. Y fueron formalizados por el delito de robo con intimidación y asociación criminal. Se fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Y se encuentran actualmente en centro de detención preventiva".
En cuanto a la situación migratoria de los cuatro detenidos, las autoridades confirmaron que una de las imputadas mantenía una orden de expulsión vigente. Al respecto, el Prefecto Mauricio Villanueva precisó que "tenemos la ciudadana colombiana que mantiene una expulsión vigente, no obstante, al quedar en prisión preventiva, por supuesto que prevalece la causa de sede penal, y los otros extranjeros estaban en situación migratoria regular en el país".
Finalmente, los cuatro acusados permanecerán en prisión preventiva durante los cuatro meses establecidos para el desarrollo de la investigación. En paralelo, la Policía de Investigaciones continúa con el peritaje de los teléfonos móviles incautados, con el objetivo de establecer si la agrupación habría participado en otros robos de similares características registrados en distintas provincias de la zona.
PURANOTICIA