Una trabajadora del recinto dependiente del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia terminó con fractura nasal y lesiones graves tras un nuevo episodio de violencia que –según dicen– fue advertido a autoridades, aunque sin obtener respuestas.
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La brutalidad de las agresiones registradas en la residencia familiar de Quillota, dependiente del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, desató indignación y repudio entre los trabajadores del recinto, quienes denuncian una escalada de violencia que –aseguran– ha sido advertida reiteradamente a distintas autoridades, aunque sin obtener ningún tipo de soluciones concretas.
La alerta fue levantada por la Asociación Nacional de Trabajadores (Antrap), que dio a conocer el caso tras un nuevo y grave episodio que dejó a una funcionaria con fractura nasal y lesiones de carácter grave, tras ser agredida por una adolescente residente.
Según detalló María de los Ángeles Salazar, presidenta regional de Antrap en Valparaíso, los funcionarios enfrentan hechos de extrema violencia, por lo que "pedimos que haya un resguardo a la integridad física y psicológica de los compañeros, porque esto repercute en su entorno familiar, en su salud familiar. Tenemos un alto porcentaje en la región –dictaminado por la ACHS– de enfermedades profesionales. Eso quiere decir que esta labor que ellos desarrollan les ha provocado enfermedades de salud mental. Tenemos 12 horas de turno diario, a veces de 24 o 36 horas, por falta de personal".
En la residencia –que alberga a adolescentes entre 14 y 18 años bajo medidas de protección decretadas por el Tribunal de Familia– las agresiones no son aisladas, según indicaron los trabajadores, que precisan que "han sido con armas blancas, con extintores, con palos. Tú no puedes revisar a las niñas, entonces ellas entran con cuchillos. De hecho, Carabineros encontró armas blancas dentro de las piezas, también cuchillos carniceros. A una compañera la apuñalaron en la mano y a otra le llegó un palo en la cara y le deformaron la cara. Tiene una fractura frontal y nasal".
Este último episodio dejó en evidencia la gravedad del escenario. Una funcionaria relató que "una joven pide dinero para salir. Debido a su conducta de la noche, la directora se lo niega. La joven comienza a gritar, patear puertas y muebles. Yo salgo al patio delantero para apoyar a la directora. En ese instante sale con un palo de escoba con el que intenta agredir a la directora, que se corre atrás. La joven toma el palo, se gira de forma muy rápida, me golpea en la frente con intención de clavarmelo en el ojo. Yo me desvanezco y una tens me agarra y me encierra en el baño de funcionarios”.
La situación escaló aún más, ya que "al encontrarse malo el marco de la puerta por una situación ocurrida en el turno anterior, nos tenemos que poner en la puerta, haciendo presión con el cuerpo para evitar que la joven ingresara, ya que se encontraba con un cuchillo en la mano y señalaba no quedar tranquila hasta matarme. La situacion se mantiene por 20 minutos. Llega otra tens desde su casa, interviene con la joven y logra persuadirla para que entregue el cuchillo y salga del lugar. Ahí me llevan a la oficina y Carabineros llega a los minutos".
De acuerdo a los trabajadores, el temor se ha instalado entre los 25 funcionarios de la residencia, quienes denuncian contusiones costales, lesiones musculares graves, cortes en las manos y fracturas producto de ataques anteriores, entre otras.
"Se supone que cada funcionario tiene el derecho de realizar una denuncia porque son jóvenes mayores de 14, que tienen que responder frente a la ley, pero esto por lo general queda archivado porque como son jóvenes bajo la protección del Estado, están agrediendo bajo su casa", cuestionó María de los Ángeles Salazar.
Por medio de un comunicado, la Antrap planteó que "si existe una Ley de Garantías de la Niñez, es para cumplirla. Pero también nos preguntamos, ¿quién cuida al trabajador que día a día cumple una función que no es precisamente ser objeto de agresiones por parte de los jóvenes, sino que es ayudar a su proceso de habilitación? A nadie parece importarle que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Creemos que es necesario abrir este debate al público".
Asimismo, agregaron que "es imperativo que estas situaciones sean conocidas por la comunidad para que el día de mañana, cuando se hable de situaciones de vulneración a los derechos humanos, también se considere que el trabajador y trabajadora, al cumplir su función pública, también está siendo expuesto a vulneraciones en su indemnidad física, en su indemnidad como persona y en su indemnidad emocional".
Los trabajadores aseguran que la crisis no se limita a Quillota, sino que afecta a las cinco residencias de la región de Valparaíso. Sin embargo, recalcan que el caso de esta comuna del interior representa hoy el punto más crítico en la entidad.
"Lo ocurrido en Quillota no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis sistémica que se extiende por todo el territorio nacional. Cada semana, en cada región, somos testigos de nuevos y dramáticos episodios de violencia que confirman el abandono que sufren los trabajadores de la protección a la niñez. Es hora de que las autoridades de Gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta la Presidencia de la República, asuman su responsabilidad política y dejen de ser espectadores pasivos de esta inaceptable realidad. Exigimos acciones concretas y urgentes, no más excusas ni promesas vacías", manifestaron los trabajadores a través del comunicado.
Mientras tanto, en la residencia familiar de Quillota, el miedo y la preocupación marcan el día a día de los funcionarios, quienes aseguran sentirse expuestos y desprotegidos frente a hechos que califican derechamente como brutales.
PURANOTICIA
