A pesar de que el Congreso, el Presidente y la Contraloría ya dieron luz verde a la reforma que moderniza la publicación de listados de vocales de mesa, la medida aún no entra en vigor, manteniendo en vilo la ejecución de esta importante cantidad de recursos.
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La billetera fiscal de nuestro país está en jaque. A pesar de que todas las instituciones involucradas cumplieron con su parte, una modificación legal que permitiría al Estado de Chile ahorrar $6.000 millones aún no entra en vigencia. Se trata del cambio a la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, aprobada por el Congreso Nacional el pasado 17 de octubre, que elimina la obligación del Servicio Electoral (Servel) de publicar en diarios de circulación local o regional los listados de vocales de mesa para las elecciones, una práctica considerada obsoleta, costosa y hasta absurda.
La modificación, que acompaña a la ley que restablece las multas a quienes no concurran a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre –dado el carácter obligatorio del sufragio–, avanzó con inusual rapidez en el trámite legislativo. El Congreso Nacional aprobó y despachó la norma, el Presidente Gabriel Boric firmó el decreto el 20 de octubre y la Contraloría General de la República otorgó su toma de razón este martes 21.
Con todos esos pasos cumplidos, sólo restaba que el Ministerio del Interior lo enviara al Diario Oficial para que se publicara durante este miércoles 22 de octubre la modificación, con el objetivo de que la medida quedara oficialmente promulgada y el ahorro se concretara en esta misma elección. Sin embargo, esta importante publicación aún no se materializa, manteniendo en suspenso un gasto millonario que el Estado, a través del compromiso de los legisladores con las arcas fiscales del país, esperaba evitar.
El retraso tiene implicancias directas, pues según el calendario electoral, el Servel debe publicar el sábado 25 la nómina de vocales de mesa en los denominados diarios de papel, tal como lo exige la normativa aún vigente. Si la reforma no aparece antes en el Diario Oficial, el fisco deberá desembolsar nuevamente los 6.000 millones de pesos que buscaba ahorrar, golpeando una vez más la ya alicaída billetera fiscal.
Cabe recordar que ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, el ex director nacional del Servel, Andrés Tagle, planteó sobre la publicación de los facsímiles en diarios de papel que "tienen un costo alto y en un ciclo electoral completo alcanzan los 5.900 millones de pesos ($5.900.000.000), en circunstancias que la página web del Servel, que entrega al elector datos sobre su mesa y local de votación, así como le informa si es miembro o no del Colegio Escrutador en los días previos a la elección, recibe un altísimo número de consultas”.
Tiene mucho sentido lo que advirtió en su momento la ex autoridad del Servicio Electoral durante la tramitación de la norma. Sus palabras cobran aún más fuerza si se considera que, cada vez que se publican los listados de vocales de mesa, la página web del Servel registra millones de visitas de ciudadanos que consultan su local y mesa de votación, mientras que la circulación de los diarios de papel –donde por ley debía difundirse esa información– es cada vez más baja. Por ello, mantener una obligación tan costosa como anacrónica parecía, desde todo punto de vista, un despropósito fiscal.
De esta manera, el sentido común de los parlamentarios permitirá poner fin a una obligación que resultaba costosa y obsoleta, ya que la nueva normativa instruye al Servicio Electoral a publicar los listados de vocales de mesa únicamente en su sistema digital y aplicaciones, cumpliendo de manera eficiente con el objetivo de informar a la ciudadanía, algo que no se logra a cabalidad en los diarios impresos, más aún luego que incluso uno de ellos reconociera abiertamente estar agonizando.
Además, la medida no solo moderniza el proceso electoral, sino que también protege las arcas fiscales, algo especialmente relevante en plena discusión del Presupuesto 2026. Sin embargo, su pronta aplicación para esta elección aún corre riesgo de verse retrasada por la burocracia, poniendo en suspenso el ahorro proyectado. La última palabra la tiene el Ministerio del Interior. De lo contrario, el Estado de Chile, a través del Servicio Electoral, tendrá que volver a aplicar este verdadero subsidio invisible de 6 mil millones de pesos para los diarios que cada vez menos gente lee en nuestro país.
PURANOTICIA
