Presidente de Republicanos y candidato al Senado por Valparaíso abordó con Puranoticia.cl la grave crisis habitacional de la región, poniendo el acento también en la "actitud pasiva" de los dueños de terreno que muchas veces apuestan a que el Estado pague por ellos.
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La región de Valparaíso atraviesa una de las crisis habitacionales más graves de los últimos años, marcada por la creciente proliferación de tomas y asentamientos irregulares, donde miles de familias viven en terrenos ocupados, escenario que ha derivado en una serie de órdenes judiciales de desalojo en distintos puntos del territorio.
Entre los casos más emblemáticos están la megatoma de San Antonio y la toma Yevide de San Felipe, donde la justicia ha instruido procedimientos para recuperar los terrenos. Esta situación ha encendido la alarma de autoridades y dirigentes políticos que ven en este fenómeno no solo un problema de vivienda, sino también un riesgo de que organizaciones criminales lucren con la necesidad de las personas.
En conversación con Puranoticia.cl, el presidente nacional del Partido Republicano y candidato al Senado por Valparaíso, Arturo Squella, advirtió que la respuesta del Estado debe concentrarse en la persecución de las bandas y organizaciones criminales que se benefician económicamente de estas tomas ilegales de terreno.
El dirigente también sostuvo que no se debe renunciar al uso de la fuerza pública en los desalojos, con el fin de reforzar que la ocupación de terrenos es un acto ilegal, y rechazó tajantemente la posibilidad de expropiar para solucionar estas situaciones, al considerar que ello solo fomentaría nuevas ocupaciones de espacios con dueño.
"Para nadie que ha tenido la oportunidad de meterse en el tema es desconocido que existen ciertas mafias que están operando al interior de estas tomas, de estos campamentos. Y lo que hemos visto funciona, y en otras partes del mundo así se recomienda también, es que exista una persecución de aquellos líderes de estas organizaciones que están insertas dentro de los campamentos. Todos saben, cuando uno tiene la oportunidad de conversar con los pobladores y muchos de ellos familias que están en una situación muy precaria del punto de vista social y que nada tienen que ver con la organización criminal que hay detrás, pero saben perfectamente quiénes son estas personas. Ahí es donde el Estado tiene que mostrar mucha fuerza", expresó.
Y es que a juicio del entrevistado, "no puede ser que, de la noche a la mañana, cuando se crea un nuevo campamento, con una toma de un lugar específico, lleguen simultáneamente maquinarias y personas que empiezan a disponer de los paños, vendiéndolos de manera irregular, cobrando una suerte de arriendo por instalarse en esos lugares, hasta que ya se arma un minipueblo o una miniciudad".
En ese sentido, Squella planteó que existen dos figuras en el conflicto: la primera, las organizaciones criminales que llegan con maquinarias a instalarse; y, la segunda, la actitud de los dueños de los terrenos tomados. Frente a ello, criticó "la actitud pasiva de los propietarios que, muchas veces, incluso facilitan para que se generen estas tomas, apostando a que el único gran comprador –si es que hay presión social– precisamente sea el Estado. Ahí es fundamental tener una sola mirada de Estado".
De igual forma, el presidente del Partido Republicano hizo un llamado a no quedarse sólo con la mirada social del conflicto, sino que también debe prevalecer el orden público y el respeto al Estado de Derecho. "Es importante no abandonar nunca el rol del desalojo por parte de la fuerza pública. Hay quienes te dicen que es absurdo tratar de desalojar a 4 mil familias y que es muy difícil. Ok, pero no puedes darles –del punto de vista del Estado– la sensación a las personas que se instalan ahí –y más aún a las mafias que operan detrás– de que esto les va a salir gratis. Una persona que piensa que puede instalarse a vivir de por vida en un lugar que no le es propio, tiene que saber que es irregular y que la fuerza del Estado de Derecho se va a hacer valer".
Finalmente, acerca de la posibilidad de expropiar terrenos, el candidato al Senado por Valparaíso subrayó que no es una buena opción "porque tú estarías incentivando a que esto se multiplique (...). La expropiación es una medida que se establece en la Constitución Política y en nuestras leyes de manera muy excepcional. Es una excepción al derecho de propiedad, que es un derecho fundamental de todas las personas, que obviamente se tiene como herramienta y se utiliza cuando lo que tú estás buscando como país es lo suficientemente coherente con el bien común y con lo que se busca como sociedad. En este caso concreto, que uno podría decir, bueno, si tienen que vivir en alguna parte; claro, pero ¿cuál sería la señal que estás dando?".
Con estas definiciones, Arturo Squella dejó en claro que –a su juicio– la solución a la crisis habitacional que vive la región de Valparaíso no pasa por flexibilizar la normativa ni por abrir la puerta a expropiaciones, sino por fortalecer la acción del Estado en la persecución de las mafias y en el uso de las herramientas legales para resguardar el orden público. Una estrategia que –enfatizó– debe equilibrar la urgencia social de las familias con la obligación de hacer cumplir el Estado de Derecho.
PURANOTICIA
