La bajada regional del gremio advirtió –a través de una declaración pública– que las decisiones adoptadas por el Ministro de Vivienda no pueden basarse en criterios “políticos o comunicacionales”, por lo que pidió respetar los procedimientos establecidos por la ley.
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La discusión sobre la reconstrucción del sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo luego que el Colegio de Arquitectos - Delegación Zonal de Valparaíso, emitiera una declaración pública manifestando su preocupación por la forma en que se ha abordado el debate respecto a eventuales fallas estructurales y posibles demoliciones de viviendas en los proyectos habitacionales.
En el documento, el gremio planteó que “la reconstrucción de las ciudades no puede transformarse en un espacio de decisiones discrecionales ni de acciones impulsadas únicamente por criterios políticos o comunicacionales”, advirtiendo que en un Estado de Derecho “toda intervención sobre obras, viviendas y proyectos debe realizarse conforme a los procedimientos establecidos por la ley, sustentada en informes técnicos verificables, actos administrativos fundados y el debido respeto a las competencias profesionales y normativas vigentes”.
El caso de El Olivar –aseguran– “ha generado una profunda preocupación en el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción”, no sólo por “la gravedad de las eventuales fallas denunciadas”, sino también por “las señales institucionales que se entregan cuando decisiones de enorme impacto social y patrimonial parecen adelantarse a los procesos técnicos y jurídicos que el propio sistema exige”.
En esa línea, la entidad con sede en la región de Valparaíso recordó que la arquitectura y la construcción en Chile se desarrollan bajo un marco normativo definido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General, las normas sísmicas, los permisos municipales, las revisiones estructurales, las inspecciones técnicas y los procesos de recepción de obras, explicando que dicho entramado existe “precisamente para evitar arbitrariedades y garantizar que las decisiones se adopten sobre bases objetivas, trazables y técnicamente fundamentadas”.
Aunque sin apuntar con nombre y apellido al ministro Iván Poduje, subrayaron que “cuando se instala la idea de que una autoridad puede determinar la demolición de viviendas porque, al parecer, no presentan soluciones técnicas adecuadas, sin que medien los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes, se genera una señal de enorme vulnerabilidad para el ejercicio profesional de arquitectos, ingenieros, revisores independientes y direcciones de obras municipales”.
En ese sentido, añadieron que esto “no sólo pone en tensión la certeza jurídica de los proyectos, sino también la confianza pública en las instituciones encargadas de regular y fiscalizar la ciudad”.
Los arquitectos de Valparaíso también enfatizaron que defender el rol de los profesionales “no significa defender errores constructivos ni relativizar la seguridad de las personas”, sino que implica “exigir que toda responsabilidad técnica sea investigada con rigurosidad, transparencia y apego irrestricto a la normativa”.
Además, señalaron que, si existen fallas estructurales en las viviendas de El Olivar, éstas deben establecerse “mediante peritajes independientes, informes técnicos especializados y procedimientos claros que permitan determinar responsabilidades y definir las medidas correctivas correspondientes”.
De igual forma, el gremio sostuvo que dentro de la práctica habitual de la ingeniería y la construcción “resulta completamente normal que durante la vida de una obra puedan detectarse aspectos susceptibles de modificación, ajuste o refuerzo estructural”, precisando que para ello existen metodologías de “recalculo, reforzamiento y adecuación técnica”, ampliamente reconocidas en la disciplina y respaldadas por la normativa vigente.
Por lo mismo, afirmaron que, una vez aclaradas técnicamente las eventuales deficiencias mediante informes expertos independientes, “lo razonable y técnicamente esperable es evaluar primero las alternativas de modificación y reforzamiento antes de adoptar medidas extremas e irreversibles como la demolición”.
Finalmente, el Colegio de Arquitectos - Delegación Zonal de Valparaíso, concluyó que “la reconstrucción de una ciudad requiere liderazgo, pero también prudencia institucional”, agregando que “las políticas públicas no pueden depender de interpretaciones apresuradas ni de decisiones adoptadas sin el debido respaldo técnico”, sino que deben sostenerse “sobre criterios profesionales, participación de especialistas competentes y respeto por los procedimientos que el propio Estado ha definido”.
El documento de los profesionales del rubro cierra advirtiendo que “cuando se debilitan las normas, los protocolos y el valor del criterio técnico, no sólo se pone en riesgo una obra: se pone en riesgo la confianza en la institucionalidad urbana y en el ejercicio profesional que construye nuestras ciudades”.
PURANOTICIA
