Decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la U. del Desarrollo señaló que en el contexto actual de Chile, "es inviable un desalojo por la fuerza, pero sí es posible hacer gestión".
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Mientras el Gobierno y los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio anunciaron un protocolo de acuerdo para evitar el desalojo del predio, expertos siguen analizando las consecuencias de lo que podría significar este procedimiento fijado para la mañana de este jueves 27 de febrero.
Tal es el caso del decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo (UDD), Pablo Allard, quien analizó en detalle el complejo escenario habitacional que representa este gran espacio tomado desde fines del año 2019.
En diálogo con Radio Infinita, el especialista expresó que “no se ve ninguna solución, ni fácil, ni buena, ni permanente. Le tengo fe a que no se va a producir un desalojo violento, pero no desde el punto de vista de una solución definitiva”.
“En el contexto de Chile, es inviable un desalojo por la fuerza, pero sí es posible hacer gestión y lo que le ha faltado a este Gobierno es hacer buena gestión”, continuó expresando el académico de la Universidad del Desarrollo.
“Este es un tema muy complejo. Estamos hablando de 10 mil personas, estamos hablando de un terreno de más de 250 hectáreas, donde hay distintos tipos de tomas, distintos tipos de necesidades, distintos tipos de familias y no se puede encontrar una solución única para todas”, explicó Allard.
También dijo que "deconstruyendo el problema, algunos de esos problemas no van a tener solución, porque aquí hay que entender que muchas de estas familias requieren de una vivienda con urgencia. Hay adultos mayores, hay menores, pero también hay personas que se han aprovechado del sistema”.
“Hay evidencia de que aquí hay narcolotificadores, empresas ilegales que entraron con buldozer, que hicieron subdivisiones, que vendieron a estas familias estos terrenos, aprovechándose de la desesperación, y hay muchas personas que tienen su vivienda y que ven aquí una oportunidad de negocio, entonces hay que hacer un plan y hasta ahora no hemos visto ningún plan. Lo único que hemos visto es que se van a sentar a conversar y están pidiendo a las familias que armen cooperativas para que compren el terreno”, complementó
Respecto al problema que significa para este Gobierno, que trabaja contra el tiempo para encontrar una solución y cumplir con la orden de la Corte Suprema, Allard afirmó que “es completa responsabilidad de esta administración. Se trata de un problema político e ideológico, y de gestión”.
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