La decisión del Juzgado de Garantía de Valparaíso fue recibida como un alivio para las familias de las víctimas que, a casi un año de ocurrida la tragedia, esperan que se haga justicia y que haya más detenidos que los siete que actualmente se encuentran formalizados y tras las rejas.
visitas
El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió la solicitud planteada por el Ministerio Público para extender en 90 días el plazo para continuar investigando el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; seguir con diligencias pendientes y realizar pericias técnicas en el lago Peñuelas. Este margen de tiempo –de acuerdo con lo que ha expresado la Fiscalía– permitirá eventualmente determinar nuevos responsables o encontrar nuevos delitos.
12 familiares de víctimas de la catástrofe en la región de Valparaíso que, en algunos casos no sólo perdieron sus inmuebles, sino también a sus padres, hermanos y mascotas, llegaron antes de las 09:00 horas de este miércoles hasta las dependencias del tribunal porteño y asistieron a la audiencia. En absoluto silencio, esperaron la resolución que les da un respiro, porque el caso no se cierra y seguirán los procedimientos para esclarecer todo lo ocurrido.
En la instancia, el fiscal del caso y experto en incendios, Osvaldo Ossandón, indicó que “los primeros formalizados, en mayo de 2024, fueron Francisco Mondaca (voluntario en la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso) y Franco Pinto (ex brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Reserva Lago Peñuelas). Se dio un plazo de investigación de seis meses. Con la ampliación de ese plazo surgió en la investigación el nombre de Elías Salazar (voluntario en la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso), quien fue formalizado en septiembre de 2024 y se fijó un plazo común para los tres que vencía los primeros días de diciembre del año pasado".
De igual forma, precisó que "estos tres sujetos son los autores materiales del incendio. Así están formalizados, pero durante la investigación hay dos que están absolutamente confesos (Salazar y Mondaca), y Pinto, que no está confeso, involucra a los otros dos y, además, de su teléfono celular surge la indicación de los otros cuatro imputados que fueron formalizados el 29 de noviembre de 2024”.
El persecutor explicó en forma detallada que de los procedimientos de análisis del teléfono del sujeto (Franco Pinto), los datos encontrados “involucran la formalización de todos, de los siete (hasta ahora) por pertenecer a una organización criminal que se dedica o dedicaba desde 2021 en adelante a realizar incendios en el sector cercano al Lago Peñuelas, Casablanca hasta Quintay, por ejemplo, con el objeto de que sus servicios fueran requeridos y, de esa manera, obtener un beneficio económico. El último de los siniestros es el del megaincendio de febrero de 2024, de cuatro focos y materializado por tres personas de esta célula incendiaria que se comunican hasta Viña del Mar y Quilpué, matando a 136 personas y destruyendo gran parte de la Reserva Peñuelas y el Jardín Botánico”.
El fiscal Ossandón aseguró que los hechos ocurridos, como consecuencia de los incendios no es menor, todo lo contrario: “La investigación tiene una primera fase, que era dar con él o los autores materiales; otra fase es lo que surge de esa primera etapa y aparece la organización criminal; y la tercera fase tiene que ver con las vidas (que se perdieron) y los daños. Son 136 personas fallecidas, donde hay familias completas desaparecidas de sus casas quemadas, hay una madre que murió con su hijo en brazos y su ADN lo confirmó, hay vecinos carbonizados cuando trataron de abrir las rejas, y personas que se bajaron de una micro y las llamaradas los calcinó”.
El abogado Felipe Olea, que representa a los familiares de más de 50 víctimas, indicó a Puranoticia.cl respecto de los 90 días en que se extendió el plazo de la investigación, que “es una ampliación necesaria, aún quedan muchas diligencias por realizar en esta investigación. Hasta el día de hoy, sólo tenemos responsables por el inicio del fuego y la propagación del mismo, pero todavía no tenemos responsables de por qué este incendio forestal se transformó en un incendio urbano, que haya viajado por más de 30 kilómetros, por más de seis horas y que, habiéndose iniciado a las 12 del día, recién a las 18:00 horas haya azotado el radio urbano, provocando el fallecimiento de 136 personas y la destrucción de más de 3.500 casas”.
Agregó que “todavía las diligencias en orden a encontrar a los responsables que permitieron la propagación del fuego a un radio urbano, no está zanjado. Esperamos que haya más detenidos. Todos están imputados por el inicio del fuego, lo que pasa es que algunos lanzaron los artefactos y otros, efectivamente, ayudaron a que esto se generara. Creemos que todavía faltan muchos imputados, no hemos finalizado el proceso y, por lo mismo, tenemos que avanzar en estos 90 días a realizar nuevas diligencias para dar con los responsables de la propagación del fuego".
Sobre ello, sentenció diciendo que en este grupo "principalmente se encuentran las autoridades, no sólo –en este caso– municipales, en especial la alcaldesa (Macarena Ripamonti), sino también el gobernador regional Rodrigo Mundaca, la delegada presidencial Sofía González (en ese entonces), la alcaldesa de Quilpué Valeria Melipillán (edil en la fecha de los incendios) y todas las personas que permitieron, de algún modo, en sus grados directivos, tanto de Conaf, Senapred y de la misma Subtel, no se dieran las alertas en forma oportuna para que las personas pudieran evacuar”.
PURANOTICIA
